Derecho y subversión: doble rasero en el derecho penal internacional. ¿Y un fin?

Berlín, tarde de un martes: concedo entrevistas. Wall Street Journal, The Independent, Al Jazeera, todos quieren una valoración del ECCHR sobre la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya de reabrir el examen de las investigaciones relativas a los militares británicos. La decisión de la CPI supone un hito, tanto para las víctimas de tortura y abusos como para la justicia penal internacional. También para nosotros constituye un éxito importante.

Hace apenas una semana estábamos en La Haya, la lluviosa “ciudad de la paz y de la justicia”, para debatir acerca de nuestra denuncia contra altos cargos militares británicos y antiguos ministros por las torturas sistemáticas llevadas a cabo en Irak. Los representantes de la fiscalía de la CPI nos recibieron amigablemente. Los fiscales son casi siempre amables y están dispuestos a dialogar. Las conferencias y las reuniones de trabajo no carecen de patetismo ni de declaraciones de intenciones de llevar ante los tribunales a los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad.

La realidad de los 12 primeros años de la CPI no es tan de color de rosa, algo que es solo en parte culpa de la comprometida Corte de La Haya. Hoy como ayer, muchos de los estados más poderosos del mundo no han ratificado el estatuto que podría convertir a la Corte Penal Internacional de La Haya en un verdadero tribunal penal internacional: ni EEUU, ni China, ni Rusia ni la India. Y quien no se somete voluntariamente a la jurisdicción de la CPI no puede ser investigado por ella a menos que así lo decida el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hasta ahora eso ha ocurrido dos veces: solo en los casos de Sudán y de Libia fue tal el consenso en el Consejo de Seguridad que ninguno de los estados miembros llegó a hacer uso del derecho de veto.

Los fiscales reciben muchísimas peticiones, al parecer hasta ahora llevan 10.000, algunas cortas, otras extensas. La Haya no puede ocuparse de muchos de los hechos denunciados por razones jurídicas obvias. Además, algunos jefes de estado africanos han reprochado a la CPI que hasta ahora solo se hayan iniciado investigaciones formales en causas africanas. Esta acusación no tiene mucho sentido, ya que en cuatro de las ocasiones han sido los mismos estados quienes se han dirigido a la CPI y en dos ocasiones lo ha decidido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El antiguo Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, sólo ha incoado dos procesos.

La Corte no quiere perder el favor de Occidente

La acusación de que el Tribunal solo se encarga de los casos africanos no está fundamentada porque allí se han cometido crímenes en masa y todos merecen ser esclarecidos. Más justo sería, sin embargo, que el Tribunal tratara los indicios existentes contra todas las partes del conflicto de forma igualitaria, ya que a menudo también hay carencias en eso. No obstante, lo que realmente resulta crítico es que la Fiscalía no investigue también formalmente los casos de Colombia o de Gaza. Esto no ocurre en gran medida por razones políticas: los países occidentales son los grandes promotores del Tribunal, también desde el punto de vista financiero. El Tribunal no quiere perder su favor. Más bien se resigna a la acusación de parcialidad por parte de la Unión Africana.

Pero, una vez más, los jueces y los fiscales de La Haya no son en absoluto los únicos que se encargan de que la justicia penal internacional se ocupe casi exclusivamente de los vencidos y de los débiles. También los organismos nacionales responsables de la aplicación de la ley, entre ellos los europeos, evitan pagar los altos precios políticos. Por tanto, los sospechosos de los países importantes pueden seguir viajando por el mundo sin obstáculos.

No es probable que la decisión actual de la CPI dé una nueva orientación a la justicia penal internacional, pero es relevante. También lo son otras denuncias contra altos cargos políticos occidentales: los colaboradores del programa de rendición de la CIA para el secuestro de sospechosos de terrorismo e incluso el antiguo presidente estadounidense George W. Bush y su ministro de Defensa, Rumsfeld, evitan viajar a Europa desde que el ECCHR, así como otros abogados y organizaciones pro derechos humanos, presentaran denuncias contra ellos en Alemania, Francia, Suiza y España.

Eso por lo menos sí lo hemos conseguido. Pero, ¿cuántos procesos más serían posibles si la opinión pública se interesara más y actuara para que los derechos humanos no se vean condicionados por la supuesta necesidad política y los intereses económicos?