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¿Más beneficios fiscales a las pensiones privadas mientras se recortan las públicas?

Se ha introducido el factor de revalorización de las pensiones con el supuesto fin de hacer sostenible el sistema público de pensiones, pero la supuesta carestía financiera que inspira la medida no impide que el Estado deje de percibir cuantiosos ingresos por los beneficios fiscales que concede a los planes privados.

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Con la entrada en vigor de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, se ha desvinculado la actualización de las pensiones del IPC, pasando a depender del llamado Factor de Revalorización Anual. Este año suben sólo un 0,25%, lo que supone ya una pérdida de poder adquisitivo real para los pensionistas.

Lo paradójico de esta situación es que, mientras este nuevo recorte estructural prevé ahorrar 809 millones € en 2014, según se indica en la propia memoria económica de la reforma, en el mismo ejercicio el Estado dejará de ingresar más del doble de la mencionada cifra (1.657,43 millones) como consecuencia de los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados. Algo parecido ocurrió en 2010, cuando se congelaron las pensiones para ahorrar 1.300 millones € y los citados beneficios superaron los 2.000 millones €.

Debe recordarse que el actual régimen tributario favorece las aportaciones de las rentas más altas, que pueden invertir más dinero y aplicar una reducción a la base imponible general del IPRF muy superior, como consecuencia de los tipos marginales más elevados. Por poner un ejemplo, por cada 1.000 € invertidos en estos planes, una persona que gane 300.000 € deja de pagar a Hacienda unos 500 €, mientras que otra que cobre 17.000 €, se ahorra aproximadamente 250 €.

No contentos con esta situación, desde el sector de los Fondos de Pensiones y los Seguros Privados se reclama al Gobierno que dote de mayor atractivo fiscal a estos instrumentos. Entre otras cuestiones, se propone que su rentabilidad tribute como renta del ahorro a un tipo proporcional en lugar de como lo hacen las pensiones públicas al tipo progresivo, que se revisen los límites de aportación existentes o que se establezca un nuevo beneficio para la denominada “cuenta jubilación”. De aceptarse estas sugerencias, la disminución de la recaudación pública podría superar los 3.000 millones € anuales, mientras a los pensionistas se les reduciría su poder adquisitivo real en unos 400 € de media al año tras la actual reforma, según diversas estimaciones.

Cuando uno observa estos datos, se pregunta: ¿por qué no se recortan tales beneficios fiscales y se destinan los ingresos adicionales al sistema público de pensiones? Ningún precepto constitucional prohíbe esta opción. De hecho, el propio Informe del Comité de Expertos que ha servido de base a la última reforma advierte que el factor de sostenibilidad ni compromete ni impide cualquier medida destinada a proveer de nuevas fuentes de financiación a las pensiones públicas para conservar su poder adquisitivo. Además, tal opción podría realizarse sin vulnerar el mandato de estabilidad presupuestaria.

Recuérdese que unas 300.000 familias completas viven en España de la pensión de los abuelos

Me atrevo a decir que la mayoría de los contribuyentes preferiría que con sus impuestos se aumentaran las transferencias al sistema público de pensiones, en lugar de aprobarse créditos extraordinarios para gastos militares, como se hizo a finales del julio pasado, o de incrementarse las millonarias ayudas a la banca. Entre otras razones, porque cuando llega la hora del paro y los desahucios, la única fuente de subsistencia son las pensiones de los padres. Recuérdese que unas 300.000 familias completas viven en España de la pensión de los abuelos.

Las decisiones contrarias a los intereses de la mayoría reflejan una clara opción de política legislativa que beneficia a unos grupos financieros muy concretos. En realidad, se pretende acabar con el modelo público de pensiones construido durante tantos años, basado en la solidaridad, la suficiencia y la actualización periódica, como exige el artículo 50 de la Constitución. Ahora se intenta implementar un sistema dual, en el que las pensiones públicas sufraguen unos mínimos de subsistencia, complementándose el resto mediante planes privados incentivados fiscalmente. Se trata de abrir definitivamente el abanico del negocio de las pensiones, que mueve unos 120.000 millones de euros al año, a bancos y aseguradoras.

En este contexto es fácil entender la presión de los lobbies corporativos y la práctica de las puertas giratorias finanzas/política - política/finanzas. Casualmente la Directora General de Seguros y Fondos de Pensiones y el Ministro de Economía y Competitividad provienen de Mutua Madrileña y Lehman Brothers, respectivamente, por citar sólo dos ejemplos. Del mismo modo, asistimos a una proliferación de dictámenes, informes y estudios elaborados por “institutos”, “fundaciones” y “centros” financiados por los citados grupos, que inciden en la necesidad de ahondar en las reformas estructurales y fiscales de las pensiones. Hay mucho dinero en juego.

Igualmente se comprende que el Plan de Educación Financiera 2013-2017 impulsado con dinero público por los organismos supervisores (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores), en colaboración con el Ministerio de Educación y otros entes de la Administración, se centre más en cuestionar el futuro del sistema público de pensiones y de salud, que en prevenir a los ciudadanos de los grandes fraudes financieros, como el de las preferentes o el de las cláusulas abusivas en los préstamos hipotecarios. En realidad, después de haber leído detenidamente el documento y “jugar” al programa “chequea tu salud financiera” del portal webfinanzasparatodos impulsado por dicho plan, considero que este título no refleja correctamente el contenido del proyecto. Sugiero sustituirlo por el de pensionesysegurosprivadosparatodos. Y realizo la propuesta, no sólo porque se pretenda inculcar desde la escuela como dogma de fe la necesidad de complementar el sistema público sanitario y de pensiones mediante el ahorro privado, sino porque se ofrecen, como instrumentos casi exclusivos, los planes de pensiones y los seguros.

Además, si el presunto problema de fondo, la insostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, sólo parece subsanable a través del ahorro privado, cabría preguntarse ¿por qué no se prefiere dirigir ese ahorro popular a la adquisición de deuda pública a largo plazo? Ello permitiría financiar los gastos públicos, ofreciendo una interesante rentabilidad y la posibilidad de rescatar la inversión en el mercado secundario, si fuera necesario. La respuesta es bien clara. No se hace porque los seguros y los planes de pensiones son los productos que más benefician a las entidades financieras, concediéndoles un negocio certero que las dota de un enorme poder económico: el que les confiere manejar a su antojo una ingente cantidad de recursos cautivos. De hecho, si no fuera por los beneficios fiscales asociados al momento de la aportación –no así al del rescate– carecerían de aliciente alguno como medios de inversión. Resulta paradójico que sean los propios ahorros de los trabajadores españoles, materializados en los seguros y fondos de pensiones manejados a través de los mercados, los que presionen para bajar sus salarios, abaratar sus despidos y desmantelar el Estado del bienestar.

En definitiva, la opción por el sistema dual de pensiones es digna del más rotundo rechazo, pues condena a la pobreza a la mayoría de la sociedad al final de su vida laboral, al carecer de capacidad de ahorro privado. La alternativa es factible, pero no se puede servir a dos amos. El Gobierno y el Parlamento deben escoger: o beneficiar a la ciudadanía o favorecer a los grupos financieros. El Secretario de Estado de Hacienda ya ha adelantado la intención de “premiar fiscalmente el ahorro a largo plazo”. Cuando finalmente se presente el contenido de la inminente reforma tributaria saldremos de dudas y comprobaremos si el poder real reside en el pueblo o en los bancos, fondos de pensiones y aseguradoras.

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