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El encarcelamiento de un periodista marroquí refuerza las denuncias de persecución estatal

Manifestación pidiendo la liberación del periodista Hicham Mansouri de la cárcel de Salé. / FOTO: Cedidas por la campaña de liberación de Hicham Mansouri.

Elena González

Rabat —

Su hermano cuenta que a las 10 de la mañana del 17 de marzo, Hicham Mansouri estaba tomando un té con una amiga. Ella había llegado al apartamento que el periodista tiene alquilado en el barrio rabatí de Agdal hacia las nueve y media. Treinta minutos más tarde, nueve policías vestidos de paisano le echaron la puerta abajo después de haberla aporreado durante un buen rato. Se enteró todo el edificio. “Él no quería abrir la puerta porque no sabía quiénes eran. Me llamó para que fuera hasta allí y cuando llegué, esos hombres no me dejaron entrar”, explica a eldiario.es Khalid Mansouri.

Hicham Mansouri es miembro del movimiento opositor 20 de Febrero, surgido al calor de la primavera árabe en el norte de África y el alma de la Asociación Marroquí de Periodistas de Investigación (AMJI). Ha investigado los negocios del rey Mohamed VI, y en las últimas semanas estaba preparando un reportaje sobre la vigilancia y control del Estado de la actividad en internet de varios activistas marroquíes.

“Descubrió que estaban intentando acceder a su ordenador desde dos IP: una en el barrio de Agdal y otra en Les Orangers”, explica Maâti Monjib, su compañero en la asociación. Insiste en que se trata de un juicio político y en que se han fabricado los cargos para atacar a AMJI, que fomenta el periodismo de investigación, forma a profesionales y es muy crítica con el poder.

Según el relato de su hermano, le golpearon, le insultaron, le desnudaron por completo, le sacaron a la calle cubierto tan solo con una toalla y le llevaron a comisaría acusado de cometer adulterio —in fraganti— con una mujer casada y de “preparación de un local para la prostitución”. Le han caído, por adulterio —la acusación de preparar un burdel fue desestimada— 10 meses de prisión y una multa de 20.000 dirhams (unos 2.000 euros). A su amiga, idéntica pena de cárcel y la misma multa. “Ella es otra víctima”, dice Khalid. “Imagínate, tiene dos niños pequeños”.

La familia de Hicham Mansouri, explica su hermano, teme por su situación en la cárcel de Salé: “Le han metido en el peor pabellón, el de los presos más peligrosos, por un delito de adulterio. La celda es un espacio para 16 personas y hay 41 presos en ella. No hay camas y la comida es escasa”.

Antes de su arresto y juicio por adulterio, Mansouri había denunciado una agresión en septiembre pasado, en el exterior de la estación de tren Rabat-Agdal. Monjib explica que el hotel Ibis, junto a la estación, tenía la grabación de sus cámaras de vídeo del coche de lunas tintadas y de los dos individuos que salieron del vehículo para agredirle, pero la policía no quiso llevarse la copia de la cinta. Nadie fue condenado. “Esa agresión fue la tarjeta amarilla, el aviso”, dice su hermano Khalid. “Ahora ha llegado la roja”.

“Si tuvieran que arrestar a todos los adúlteros de Rabat, las prisiones estarían aún más llenas y el presupuesto de la policía no daría para hacer otra cosa”, comenta Monjib, medio resignado medio guasón, “y además, ella siempre le dijo que estaba divorciada”, añade. Según Monjib, el objetivo no era Hicham, sino la asociación.

Marcha atrás en libertad de expresión

En Marruecos, el delito de adulterio está castigado con penas de entre un mes y dos años de cárcel y el caso de la acusación de adulterio contra un militante asociativo, como Mansouri, no es el único. A Mustapha Errik, un dirigente de la asociación islamista Justicia y Caridad, ilegal pero tolerada, también le pillaron, el pasado 13 de marzo, “en flagrante delito de adulterio en el apartamento de su cómplice”, según el comunicado de la comisaría de policía de Casablanca. Fue liberado tres días después por falta de pruebas. La asociación vinculó el arresto al deseo del Estado de “desestabilizar Justicia y Caridad”, que no reconoce al rey Mohamed VI como Comendador de los Creyentes, la máxima autoridad religiosa.

Activistas, defensores de los derechos humanos y de las libertades individuales coinciden en señalar el retroceso en derechos y libertad de expresión que está sufriendo Marruecos en los últimos tiempos. Un informe de la asociación Freedom Now, que no ha conseguido la autorización legal del gobierno para funcionar como asociación, señala que entre abril y diciembre de 2014 se produjeron 20 violaciones de libertad de expresión de periodistas, blogueros y cantantes de rap.

Desde la primavera de 2014, decenas de actividades de distintas asociaciones de la sociedad civil han sido prohibidas, entre ellas AMJI, que obtuvo la autorización para establecerse el 21 de febrero de 2011, un día después de la gran manifestación que dio nombre al movimiento opositor 20 de Febrero. En septiembre pasado les han notificado que AMJI ya no es legal.

El caso más conocido de veto de actividades es el de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la más crítica con el aparato del poder en Marruecos y la más combativa en la defensa de las libertades individuales. Han organizado actos de activistas saharauis y del Movimiento 20 de Febrero, conferencias sobre el aborto, y esta semana han denunciado la participación de Marruecos en los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen.

En julio de 2014, durante una intervención parlamentaria, el ministro del Interior, Mohamed Hassad, dijo que algunas de estas asociaciones “debilitan la acción de las fuerzas de seguridad y desacreditan su trabajo”. Desde julio de 2014 se han prohibido 62 actividades de la AMDH y sólo pueden organizar actos en sus sedes.

“Freno al espíritu de la primavera árabe”

“Cada semana prohíben actividades; no sólo las de la AMDH, también de organizaciones locales en ciudades pequeñas que no salen en los medios de comunicación”, advierte Monjib. El periodista ve claro el objetivo: “Poner fin al dinamismo que la sociedad marroquí alcanzó con la primavera árabe y el movimiento contestatario 20 de Febrero, que tiene en prisión a decenas de sus militantes, algunos acusados de consumo de drogas para desacreditarles. Están aprovechando la situación de inestabilidad en el resto de los países de la región para vender la idea de que en Marruecos somos los mejores alumnos de la región. Pero es fácil serlo si nos comparamos con los otros. La idea es hacer descender el número de manifestaciones en Marruecos”.

Entre la pluma y la pared también se encuentra Hicham Rachidi. Teme que su asociación, GADEM, que apoya a los inmigrantes y denuncia los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad marroquíes en la frontera, sea la siguiente: “Las reformas que se consiguieron en 2011, como la adopción de una nueva Constitución, llevan un pecado original y es que esas reformas no eran voluntarias. Se hicieron para esquivar la primavera árabe que vivía la región. El poder se vio obligado a ceder terreno y ahora quiere recuperarlo, cuando la situación se ha calmado”, analiza Rachidi.

Los compañeros de Hicham Mansouri han puesto en marcha una campaña en las redes sociales para pedir su liberación. Sus abogados han presentado recurso en la corte de apelación pero aunque se revise la condena, sus compañeros creen que para entonces, Mansouri ya tendrá el miedo en el cuerpo y el objetivo de acallar su voz y servir de escarmiento para otros ya estará cumplido.

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