Piden 18 meses de cárcel a una mujer por resistirse a ser deportada al estar amenazada en su país

“Temo volver a revivir todo de nuevo”. Sandra –nombre ficticio– describe con estas palabras cómo afronta el juicio en el que ha prestado declaración este viernes como acusada de supuestos delitos de “atentado contra la autoridad y lesiones”. El denunciante es un policía nacional que, según afirma, fue agredido en 2011 por esta mujer de origen latinoamericano, de metro y medio de altura y 40 kilos de peso, en su intento de trasladarla a la fuerza al aeropuerto de Madrid con el objetivo de materializar su deportación.

Según su letrada, piden 18 meses de cárcel y una multa de 180 euros. Ella, que ya cuenta con la residencia legal, asegura que es víctima de trata y que su regreso supone un grave peligro para sí misma y para su familia. Reconoce que resistió. “Estaba muerta de miedo, pero no le pude hacer nada... Estaba atada de pies y manos”.

Sandra, a su vez, denunció al mismo policía por las supuestas agresiones recibidas aquel día. Lo recuerda a la perfección. 6 de octubre de 2011. Llevaba cerca de un mes encerrada en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid por no tener regularizada su situación. Su deportación estaba programada para esa misma noche. “Estaba muy asustada. Volver es un riesgo para mí y para mi familia. Yo le dije a la Policía del centro que, si me expulsan, me prenderían fuego en mi país. Pero les daba igual”, explica Sandra al otro lado del teléfono. No se trataba únicamente de una declaración de intenciones. La mujer había solicitado la protección como víctima de trata por la vía establecida en la Ley de Extranjería, pero le había sido denegada.

Los hechos, según Sandra

“Llegó una policía para llevarme al aeropuerto. Yo me corté el antebrazo con el envase de un yogur para intentar paralizar la expulsión. Me sacaron corriendo cuatro policías y me redujeron. Me agarraron muy fuerte de los brazos. Yo empecé a gritar y me pusieron esparadrapo en la boca. Después de que me curase el Samur, me esposaron los pies y las manos”, describe Sandra. Reconoce que su objetivo era intentar paralizar su deportación, como ya ocurrió en otra ocasión en la que ya había estado a punto de ser repatriada a su país de origen en un vuelo regular.

Cuando ya estaba amarrada, relata, llegaron dos agentes del servicio de conducciones y custodias de la Brigada Provincial de la Seguridad Ciudadana de Madrid. Sandra conocía a uno de ellos. “El mismo de aquel día en el que me cancelaron la deportación...”.

“Nada más verme, me empezó a decir: 'Sudaca de mierda, vete a tu país. Ahora, cuando estemos solos, ya te las verás conmigo”, asegura la mujer que hoy se sienta como acusada en el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid. “Cuando me resistí para que no me llevase con él, me agredió. Me golpeó contra la pared y me di en la cabeza. Yo estaba atada”, denuncia. “Todo ocurrió en el hall del centro, donde hay cámaras de seguridad”.

Su letrada solicitó las imágenes pero, según sostiene la dirección del centro, no existen tales grabaciones. “Dicen que no funcionaban las cámaras”, explica la acusada. Esta es una de las quejas reflejadas en las recomendaciones de los juzgados de control que vigilan los CIE. Han sucedido más casos similares en los que, cuando se requieren unas imágenes, estas no aparecen. “Son lugares donde se producen constantes vulneraciones de derechos humanos, debería haber cámaras por todas partes”, critican desde la Campaña por el Cierre de los CIE.

Tampoco cuentan con el parte médico. Su abogada sostiene que, a pesar de haberlo solicitado a la doctora del CIE, nunca se lo entregaron. “Dicen que no está, que no lo tienen. Me salieron dos chichones, no podía mover el brazo y me salieron varios moratones en la espalda”, añade Sandra.

El vuelo se acabó suspendiendo. “Mi ropa estaba toda ensangrentada por los cortes que me había hecho. El policía me decía que tenía que cambiarme de ropa. Me negué. Parece que no me podían llevar al aeropuerto así. El agente se enfadó y me dijo que me iba a denunciar”. Y hasta ahora.

Ella empezó su lucha desde el interior del CIE de Aluche, donde permaneció durante cerca de 20 días más. Además de escribir una carta al director del centro en la que relató todo lo sucedido, registró dos quejas en dos juzgados de control –el número 6 y el 19, informa su abogada–, las instancias encargadas de la vigilancia del cumplimiento de la legalidad en estos espacios. Tras su salida del CIE, los casos pasaron a la justicia ordinaria. Tras el archivo de ambas denuncias, su abogada ha recurrido el último sobreseimiento.

“Es destacable la diferencia de las diligencias según la persona que las solicita. En el CIE, Sandra no podía denunciar por los canales habituales...”, dice la letrada perteneciente a Women's Link Worldwide, ONG que da apoyo a víctimas de trata.

Petición de protección como víctima de trata

Sandra había declarado, tras su primer intento de expulsión, estar amenazada de muerte en su país de origen como consecuencia de haber sido víctima de una red de trata de personas con fines de explotación. Según asegura, la captaron en Latinoamérica bajo la promesa de un buen trabajo que nunca llegó. Acabó en un país europeo, donde descubrió la realidad de su destino. Transcurrido un tiempo, logró huir. Llegó a España y, reconoce, intentó olvidar todo. “Pensé que podía continuar mi vida sin denunciar, no quería revivirlo más. Pero cuando vi que me podían devolver a mi país, con el riesgo que eso conlleva para mi familia y para mí, denuncié”.

“Yo aporté datos concretos, hasta nombres y apellidos, lugares... todo. Pero me han ignorado”. Sandra asegura que su familia recibió amenazas de muerte cuando estaba en el CIE. “Sabían todo, desde mi país sabían dónde estaba y que iban a expulsarme... Pero la Policía no me hacía caso”, lamenta.

En el CIE, tras su declaración, la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación de Madrid denegó el periodo de restablecimiento y reflexión –medida de protección prevista para las víctimas de trata en la Ley de Extranjería–. Afirman que “no se deduce que existan motivos razonables para entender que esta ciudadana extranjera ha sido víctima de trata de seres humanos”. Su letrada denuncia que no se realizaron diligencias para sostener esa afirmación y asegura que “ignoraron todos los datos concretos aportados por Sandra”.

La Delegación del Gobierno en Madrid notificó la denegación definitiva del periodo de restablecimiento y reflexión. En este caso la institución no argumenta la razón de su resolución, según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es. Este fallo ha sido recurrido y se encuentra pendiente de resolución por parte del Tribunal Constitucional, según informa su abogada.

Desde la Campaña por el Cierre de los CIE denuncian que, si se hubiese materializado su expulsión, “habría pasado a engrosar la larga lista de mujeres víctimas de trata expulsadas por el Estado español”. Temen que, en el caso de que Sandra pierda el juicio al que se enfrenta este jueves, cargue con unos antecedentes que impidan la renovación de su residencia legal. La Defensora del Pueblo ha denunciado en diferentes informes la deficiente identificación de las víctimas de trata en España.

El juicio

Durante la mañana de este viernes, el Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid ha tomado declaración a Sandra, a los dos agentes que iban a ocuparse de su traslado y a una testigo de las supuestas agresiones recibidas por la demandada. Decenas de activistas de la Campaña por el Cierre de los CIE han acudido a las puertas de los juzgados para denunciar lo que consideran las “deportaciones racistas” e informar a la gente sobre estas prácticas. Muchos de ellos pudieron entrar al juicio para apoyar a la demandada.

Según explican desde la Campaña por el Cierre de los CIE presentes, los denunciantes han mencionado que Sandra solo llevaba engrilletadas las manos, a diferencia de la versión de la mujer, que asegura que también estaban atados sus pies. Según indican los activistas, los miembros de la Policía afirmaron que “no recordaban muy bien los hechos” porque “había pasado mucho tiempo”.

Los agentes han declarado, según las mismas fuentes, que les dio varias patadas. La denunciada contó su versión, apoyada con la declaración de la testigo, quien asegura que, aunque no pudo ver nada porque estaba en su celda, desde allí “escuchaba los gritos” de la mujer, indican desde el colectivo. Además, ha añadido que cuando regresó Sandra “vio sus moratones y trenzas de su pelo arrancadas”. La sentencia se conocerá el próximo 11 de diciembre.