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EXTREMADURA

Veterinarios rechazan el despido de 50 empleados de Tragsa cualificados en tuberculosis

Tragsa aplicará el ERE avalado por el Supremo pero reducirá cifra de despidos

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La organización Colegial Veterinaria de Extremadura ha rechazado la "decisión tomada" por la empresa Tragsa de "despedir a más de 50 veterinarios", profesionales sanitarios con una avalada experiencia en el diagnóstico y control in vivo de la tuberculosis bovina.

Una decisión que se produce en unos momentos en los que dicha enfermedad constituye "uno de los mayores problemas sanitarios" de la ganadería extremeña y de la fauna silvestre, además de "comprometer gravemente la salud pública", según han alertado en una nota los Colegios Oficiales de Veterinaria de las dos provincias.

Creen que estos veterinarios que realizan el diagnóstico in vivo de animales portadores o sensibles a la enfermedad son "un eslabón más, pero fundamental, de toda la cadena de actuaciones que integran el control sanitario veterinario oficial de la tuberculosis".

Por ello, han advertido de que la disminución de la plantilla "compromete claramente la eficacia y eficiencia del resto medidas puestas en marchas recientemente de manera excepcional por el Ejecutivo regional para atajar este proceso".

Así, entienden que resultará "más costoso y duradero" alcanzar el objetivo de reducir sensiblemente los elevados niveles de prevalencia de la tuberculosis bovina en Extremadura.

Ante esta situación, la organización Colegial Veterinaria extremeña ha abogado por la readmisión de dichos profesionales y ha instado al Gobierno regional a que negocie dicha medida con la empresa pública Tragsa.

Además, ha pedido que se refuerce la plantilla de los veterinarios oficiales dependientes del Servicio de Sanidad Animal sobre los que recae "en mayor medida la gestión de esta situación", para dar "un mejor servicio a los ganaderos y ciudadanos, mejorando así la erradicación de ésta y otras enfermedades zoológicas". 

Menos despidos

Por otro lado Tragsa ha comunicado a los representantes de los trabajadores que llevará a efecto la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ajustado a derecho el despido colectivo que extinguió los contratos de 726 trabajadores, aunque ha informado que reducirá el número de despidos, sin precisar cifra.

El Tribunal Supremo ha avalado el procedimiento de despido colectivo acordado por la empresa pública Tragsa en 2013, que extinguió los contratos indefinidos de 726 trabajadores por razones económicas, productivas y organizativas con una indemnización de 20 días por año, la fijada por la ley para este caso.

En un comunicado, Tragsa ha apuntado que, tras consultar a los Servicios Jurídicos del Estado, procederá a modular el número de extinciones de contratos inicialmente previsto, en función de las actuales circunstancias productivas, económicas y organizativas, lo que reducirá el número de despidos autorizados en la sentencia del alto tribunal.

Ha recordado que el Supremo acordó por unanimidad estimar el recurso de casación de la empresa y revocó la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Procedimiento de Despido Colectivo de Tragsa y de Tragsatec.

El Tribunal consideró que éste estaba ajustado a Derecho, al entender que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la ley establece y que se negoció de buena fe.

Según el Grupo Tragsa, a lo largo de todo el proceso, la empresa siempre estuvo abierta a la negociación y "apostó por alcanzar acuerdos tendentes a atenuar el impacto de las medidas de ajuste y reestructuración".

En este sentido, ha remarcado que en junio, antes de conocerse la sentencia, "propuso a la representación social un Plan de Viabilidad a cinco años que constaba de medidas voluntarias y no traumáticas, y medidas de flexibilidad laboral, pero no fue aceptado por los representantes de los trabajadores".

Ha afirmado que el retraso de dos años en la aplicación de medidas de reestructuración y de reducción del gasto de personal debido al proceso judicial pendiente "incrementó las ineficiencias productivas y organizativas del Grupo, provocando una situación de pérdidas que la ejecución de la sentencia permite resolver".

Comisiones Obreras ha manifestado en un comunicado "su indignación ante las acusaciones realizadas por la empresa de que fue la representación social la que no quiso negociar el plan de viabilidad".

Este sindicato ha señalado que "seguirá luchando para mantener los puestos de trabajo, insistiendo en mantener reuniones con SEPI, Hacienda y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente" y que continuarán las movilizaciones a partir del 12 de enero, fecha en que ha convocado a una huelga de 24 horas en Tragsatec y una manifestación en Madrid.

 

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