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El accidente de tren de O Porriño reaviva el debate sobre los investigadores de Xunta y Fomento

La jueza instructora pide al Gobierno gallego que le facilite peritos, pero los únicos dos que este ofreció hace tres años tras el accidente del Alvia, no especializados en trenes, están cuestionados.

La UE criticó la investigación del siniestro de Santiago que hicieron los técnicos del ministerio, pero aunque ahora ya los considera independientes, ha ofrecido a sus propios expertos.

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Los peritos inspeccionando la curva de Angrois donde descarriló el Alvia hace tres años

Los peritos inspeccionando la curva de Angrois donde descarriló el Alvia hace tres años Sumario de la causa del Alvia

El  accidente de tren de O Porriño que el pasado viernes provocó cuatro muertos y medio centenar de heridos va a quedar ya relacionado judicialmente con el siniestro del tren Alvia que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos en la curva de Angrois, en Santiago. La jueza que está al frente de la instrucción en O Porriño le ha pedido a la Xunta que le facilite un listado de expertos en materia ferroviaria de entre los que poder escoger algún perito que la ayude a esclarecer las causas del siniestro.

El Gobierno gallego no tiene competencias en materia ferroviaria y por lo tanto tampoco personal con conocimientos específicos. Pero hace tres años le impuso al instructor del accidente de Angrois dos funcionarios, ingenieros sin especialización ferroviaria y criticados por las víctimas por faltos de rigor, que limitaron las causas de aquel siniestro al despiste sufrido por el maquinista y no a los defectos de seguridad que tenía la línea. Dos ingenieros que, por otra parte, ya tienen trabajo, porque el instructor de Angrois acaba de darles un plazo de tres meses para aclarar nuevas cuestiones relacionadas con el accidente de Santiago.

El primer juez instructor del accidente de Angrois nombró inicialmente tres peritos judiciales, ingenieros de Telecomunicaciones, Caminos e Industriales, eligiéndolos por sorteo de entre las ternas que le facilitaron los respectivos colegios profesionales. Sin embargo, el Gobierno gallego le tumbó la decisión esgrimiendo una norma autonómica que desde un año antes obliga a buscar los posibles peritos de cualquier causa judicial dentro de la Administración antes de hacerlo entre profesionales ajenos para ahorrar en el pago de honorarios. Fue así como la Xunta le impuso al juez a dos funcionarios propios, Juan Carlos Carballeira, ingeniero de Caminos, y José Manuel Lamela, de Industriales, ambos sin especialización ferroviaria, pero dijo no encontrar a ninguno de Telecomunicaciones y esa tarea la siguió desempeñando el perito independiente elegido previamente por sorteo.

Cuando la Xunta le impuso sus dos peritos al juez de Angrois, no le ofreció varias opciones de entre las que elegir, sino que sólo le dio los nombres de Carballeira como experto en Caminos y Lamela en Industriales. Ahora, la jueza de O Porriño acaba de pedir a la Xunta que de manera urgente le remita un listado de expertos con conocimiento en materia ferroviaria para elegir de entre ellos a quien le elabore un informe sobre las causas de este siniestro. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la intención es que haya un perito independiente en la apertura de las cajas negras prevista para este martes por la mañana, y en la que también estará presente personal de Adif, Renfe y Comboios de Portugal.

A la espera de si la Xunta encuentra ahora entre su personal algún supuesto experto ferroviario distinto a los dos que le ofreció al juez de Angrois, lo que daría un nuevo motivo para recusarlos a los abogados de Angrois críticos con su actuación, esos dos funcionarios ya tienen trabajo sobre la mesa. El actual instructor del accidente de Santiago acaba de encargarles, a ellos y al tercero perito judicial independiente, que  antes de diciembre le entreguen un nuevo informe consensuado. En él deberán analizar, como así ordenó la Audiencia Provincial de A Coruña al reabrir el caso el pasado mayo, si Adif valoró correctamente el riesgo existente en la curva de Angrois al permitir que no existiera ningún sistema automático de frenado y que toda la responsabilidad recayera en el maquinista.

La investigación administrativa

Será la justicia la que determine la responsabilidad penal de los accidentes de O Porriño y Santiago, pero la Administración también realiza su propia investigación con el objetivo de que no se vuelvan a producir siniestros similares. Lo hace a través de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un organismo supuestamente independiente en su trabajo pero ligado administrativamente al Ministerio de Fomento. En el caso de O Porriño, trabajará con la ayuda del organismo homólogo portugués.

La CIAF no era independiente cuando investigó el accidente de Angrois, según da por hecho la propia Audiencia Provincial de A Coruña y constató la Agencia Ferroviaria Europea en un informe que hizo público el pasado julio, en el que criticó que no analizara las causas subyacentes del siniestro y se quedara sólo en el error admitido por el maquinista. Sin embargo, la UE ha cerrado el procedimiento de infracción que había abierto hace unos años a España por su lentitud en introducir mejoras en su sistema ferroviario, entre ellas la independencia de la CIAF. La UE considera que los cambios introducidos por el Gobierno en la CIAF tras el accidente de Santiago, con el nombramiento de sus miembros por el Congreso en vez de directamente por el ministerio, como sucedía antes, ya sí garantizan su independencia.

No lo consideran así las víctimas del accidente de Angrois, que destacan que cualquier técnico con experiencia suficiente como para formar parte de la CIAF sólo pudo adquirirla trabajando en Adif o Renfe, lo que no garantiza su independencia. Por eso las víctimas han solicitado, al igual que el abogado del maquinista de Angrois, que sean técnicos de la Agencia Ferroviaria Europea los que asuman el trabajo pericial en la causa judicial por el accidente de Santiago. Este viernes, al producirse el accidente en O Porriño, la propia comisaria europea de Transportes, Violeta Bulc, ofreció a las autoridades de España y Portugal la ayuda de la Agencia Ferroviaria Europea.

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