El primer cierre de una gran superficie, un síntoma en la Galicia de los centros comerciales

A finales de 2008 la crisis económica todavía no azotaba Galicia con toda su virulencia. Eran aún los tiempos de la “desaceleración transitoria” y del “plus de resistencia” ante unas dificultades que, en todo caso, podrían paliarse si en la Xunta cambiaba el Gobierno. Unas 156.000 personas estaban apuntadas en las oficinas de empleo de Galicia, 100.000 menos que en la actualidad, y la EPA reflejaba que 112.000 gallegos y gallegas estaban a la búsqueda de trabajo, ahora hay 150.000 más. Este es el contexto en el que Galicia asistía a una verdadera eclosión del sector de los grandes centros comerciales, un fenómeno que la ciudad de A Coruña vivió con especial intensidad. En octubre de ese año abría sus puertas Dolce Vita, el mismo que las cerrará definitivamente a finales de este mes.

En el acto de inauguración del centro el entonces alcalde de la ciudad, Javier Losada, mostraba la apertura como una muestra de la “apuesta de la iniciativa privada por nuestra ciudad”, los centros comerciales elegían A Coruña porque “somos una ciudad fuerte, líder, capaz”, por eso “seguimos captando inversiones”, aseguraba. El discurso del regidor socialista en aquel acto, en el que no faltaron los bailes o la bendición de un cura, estaba enmarcado en la política no sólo del Gobierno local, sino también de la Xunta, tanto con sus responsables en el momento, PSdeG y BNG, como con Fraga. En los meses siguientes en la ciudad se cortaba también la cinta inaugural del centro comercial Espacio Coruña y, acto seguido, del enorme Marineda City, con Ikea cómo locomotora y situado a apenas un kilómetro de Dolce Vita.

Cinco años después el panorama es completamente diferente. El Ayuntamiento coruñés, ahora con el PP al frente, admite que la ciudad tiene un exceso de oferta de grandes superficies comerciales. El grupo inmobiliario Chamartín, propietario de Dolce Vita, parece dar por perdido el proyecto que supuestamente iba a convertir su edificio en un enorme centro de ocio nocturno, con hordas de juerguistas llegados de todas partes. Así, el centro comercial y las pocas tiendas que le quedan echará el cerrojo y Galicia tendrá 62.000 metros cuadrados menos de centro comercial, lo que implica que se queda con un total de 935.000 repartidos en 42 centros o, lo que es lo mismo, un metro de centro comercial para, prácticamente, cada tres habitantes.

Expansión de los grandes y cierres de los pequeños

El cierre de Dolce Vita es el primero de un gran centro comercial en Galicia y el tercero del Estado. Parte de la oposición municipal coruñesa, BNG e Izquierda Unida, lo muestran como síntoma de una política comercial y urbanística errada y, en el caso de IU, propone reciclarlo como centro de apoyo a la pequeña empresa local. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que la Xunta da por buenos, desde 2009 y hasta comienzos de 2013 -último dato disponible- echaron el cerrojo 4.668 comercios en Galicia. Mientras Dolce Vita o Marineda echaban a andar en 2009 dejaban de funcionar 2.299 comercios, en 2010, 1.420, en 2011 fueron 631 y en 2012, 318. Si a estos datos se le suman los de 2008 el balance es de 5.487 cierres. Con todo, el sector del pequeño comercio aún supone el 13% del PIB gallego, según la Consellería de Economía e Industria, y mantiene más de 100.000 puestos de trabajo.

A pesar de estos datos y a pesar de criticar intensamente que el bipartito permitiera la apertura masiva de centros comerciales -crítica que llegó a surgir también en el seno de las fuerzas que lo sustentaban- el PP viene rechazando sistemáticamente todas las iniciativas que se le ponen sobre la mesa para gravarlos tributariamente con más intensidad y apoyar con esos recursos al pequeño comercio. En los debates de presupuestos, en el pleno de política general y en dos ocasiones más en plenos ordinarios los conservadores tumbaron iniciativas de AGE y del BNG para, por ejemplo, cobrarles a las promotoras de estos centros unos 30 euros por metro cuadrado de superficie de venta.

A juicio de los populares “no es el momento de implantar este impuesto”, porque en plena crisis “son más beneficiosas las herramientas que inciten a consumir” y “no este tipo de medidas, que disuaden el consumo”. A través de su diputada Cristina Romero consideraron que gravar estas grandes superficies resulta “desproporcionado”, igual que imponerles unos horarios de cierre más rigurosos. En caso de que se tomaran algunas de estas decisiones se podría producir “la desaparición de algún centro comercial”, auguraba el pasado junio. Los nuevos impuestos no han llegado pero el cierre, sí.