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GALICIA

¿Fue "unilateral" e "impuesta" la ley del aborto de 2010?

Feijóo defiende la derogación de la actual regulación sobre la interrupción voluntaria del embarazo y asegura que la ley de Zapatero fue una "imposición" aprobada "sin apoyos suficientes", pese a que obtuvo la mayoría absoluta del Congreso y el Senado.

El presidente de la Xunta justifica también su oposición a la norma en que no figuraba en el programa del PSOE, aunque sí estaba incluída en él.

El líder de los populares gallegos apela al "consenso tácito" de 1985 y defiende una regulación "similar" a la aprobada por el Gobierno de Felipe González, a la que el Grupo Popular también se opuso.

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Ministros del PSOE, en el Senado con organizaciones de mujeres tras la aprobación de la ley de 2010

Ministros del PSOE, en el Senado con organizaciones de mujeres tras la aprobación de la ley de 2010

Desde que el Gobierno central lanzó su contrarreforma de la ley del aborto a través de un informe abordado en el Consejo de Ministros, diversos cargos del PP han escenificado ciertas divergencias con el proyecto que abandera Alberto Ruiz-Gallardón. Entre los discrepantes no está el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien no obstante sí mantiene que "bien vale la pena mejorar" el texto, mejoras que, según aclaró este jueves, deberían pasar por introducir el supuesto de malformación fetal de una manera "similar" a la recogida en la ley de 1985. A pesar de todo, el líder de la derecha gallega defiende la "legitimidad" del gabinete de Rajoy para derogar la actual regulación de plazos aprobada en el año 2010. Según Feijóo, el Gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero "impuso" su ley y lo hizo, además, "sin apoyos suficientes", "unilateralmente" y "ni siquiera la llevaba en su programa electoral". ¿Fue esto así?

El 17 de diciembre de 2009, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la vigente Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El texto, promovido por el Ministerio de Igualdad, salió adelante con el voto afirmativo de 184 diputados y diputadas, esto es, ocho por encima de la mayoría absoluta. Dado que el PSOE no contaba con dicha mayoría, el grupo que sustentaba al Gobierno tuvo que obtener apoyos de otras formaciones, y así fue. El texto tuvo el "sí", además del PSOE, del PNV, del grupo que entonces formaban ERC, IU e ICV, del BNG, de Nafarroa Bai y de dos miembros de CiU, coalición que dio libertad de voto a sus representantes. En el bando contrario se situaron, además del PP y su marca navarra UPN, UPyD, Coalición Canaria y siete diputados de CiU: 158 votos en total.

La "unilateralidad" criticada ahora por Feijóo no existió en el Congreso y tampoco en el Senado. Allí el texto se enfrentaba al veto del PP, de*UPN y de los senadores de Unió Democrática, además de a 88 enmiendas parciales. Las enmiendas totales y parciales fueron rechazadas y, acto seguido, se votó el texto definitivo. Estuvo a favor el PSOE y, con él, los senadores de Entesa (PSC, ERC e ICV), PNV, BNG, tres miembros de CiU, uno del PSM, uno de Coalición canaria y dos independientes. Al lograr 132 de los 262 posibles, mayoría absoluta, el texto quedó definitivamente aprobado. No existió en este caso tampoco, por lo tanto, aprobación "unilateral" y, obviamente, los apoyos fueron de sobra.

Dos meses después de la aprobación en las Cortes, la nueva ley entraba en vigor. Los socialistas aseguraban entonces que estaban cumpliendo sus proyectos de garantizar los derechos de las mujeres y hacer realidad reclamaciones "históricas" del feminismo. Pero, ¿estaba la modificación de la ley en el programa electoral con el que el PSOE había concurrido a las elecciones de 2008? Al contrario de lo afirmado por Feijóo, sí.

En la página 224 de su programa, los socialistas anunciaban que iban "a promover la reflexión, atendiendo al debate social, sobre la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria". "Cualquier posible modificación deberá basarse en un amplio consenso garantizando, en su aplicación, la seguridad jurídica para los equipos médicos y para las mujeres, cuya voluntad debe ser respetada dentro de los límites de la ley", agregaba.

Mención al aborto en el programa del PSOE de 2008

El programa del PP y el "consenso tácito" de 1985

El programa electoral es, precisamente, uno de los argumentos más recurrentes de Feijóo para defender, aunque con los matices de la malformación, el plan de Ruiz-Gallardón. "Por supuesto que apruebo el cumplimiento de un programa electoral de un partido", afirmó el presidente tras el Consello de la Xunta de este jueves, foro en el que aseveró que "lo que está intentando el Gobierno es ser coherente" con esas promesas formuladas antes de las elecciones de 2011. Esas promesas eran, no obstante, tanto o más vagas que las del programa del PSOE en 2008: "La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad", rezaba el programa conservador. "Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad", continuaba, antes de prometer que "cambiaremos el modelo de la actual reglamentación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores". Ninguna concreción más.

Según Feijóo, estos principios generales y el anteproyecto lanzado por el Ministerio de Justicia "están buscando recuperar el consenso tácito de la primera ley de 1985, que ningún gobierno modificó en 25 años". Hace falta tener "tranquilidad en este asunto", ahonda, para "ver cómo podemos incorporar el consenso tácito que hubo en España durante 25 años, un cuarto de siglo, que no es poco tiempo". Si bien es cierto que es imposible comprobar si un consenso tácito existió o no, no lo es menos que la despenalización del aborto de 1983 tuvo el voto en contra del Grupo Popular, así como la posterior ley, impulsada por el Gobierno de Felipe González y recurrida ante el Tribunal Constitucional por el propio Grupo Popular. El diputado que se encargó del recurso fue José María Ruiz Gallardón, padre del actual ministro de Justicia.

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