Obras entregadas a empresas en las que aparece un funcionario municipal de Valladolid. Sospechas. Dudas. Todo ello es lo que el PSOE en el Consistorio vallisoletano enviará a la Fiscalía Provincial. Una denuncia que, según lo estimado por el presidente del Grupo municipal Socialista, Óscar Puente, podría superar los 2,5 millones de euros en dos años, repartidos en 451 contratos.
El jefe del Centro de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales del Ayuntamiento de Valladolid, L.A.S.C., adjudicó, según la denuncia socialista, 451 obras menores y de servicios a 11 empresas en las que el trabajador figura como administrador único o vinculadas a sus familiares.
Según las sospechas del PSOE, las supuestas irregularidades podrían ascender a unos 2,5 millones de euros entre los ejercicios 2011 y 2013, repartidos en 451 contratos. Es una cantidad “muy superior” a los 500.000 euros que recoge el expediente disciplinario abierto por el equipo de Gobierno al empleado público, que se limita solo a 2013 y a las adjudicaciones del Área de Seguridad y Movilidad.
Según los datos recogidos por el PSOE, los 2,5 millones se reparten entre los 2,1 millones de contratos de obras menores y los 329.000 euros de servicios, unas adjudicaciones en todas las áreas municipales, incluida la Alcaldía. Por ello, Óscar Puente también reclama responsabilidades políticas.
Además, el presidente del Grupo Socialista cree que el Ayuntamiento conocía estas supuestas anomalías, pero “solo decide abrir un expediente disciplinario el 3 de junio” y apartarlo de sus funciones durante seis meses por “la presunta comisión de faltas muy graves cuando el PSOE decide solicitar información”.
Óscar Puente denuncia, además, que “el equipo de Gobierno trata de vender que al abrir el expediente es quien saca a la luz el caso, pero el alcalde, al conocerlo, debería haberlo puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción y en secreto para que el interesado no se enterara ni pudiera destruir pruebas”.
El Ayuntamiento, a través de un comunicado, asegura que el expediente disciplinario está siendo instruido por un funcionario municipal, que es el responsable de recabar los datos, practicar las pruebas pertinentes y proponer en su momento las resoluciones que estime oportunas, entre las que se contempla el traslado a la Fiscalía si las irregularidades estuvieran tipificadas penalmente.
Sin embargo, Óscar Puente va más allá al destacar que es la “punta del iceberg de un asunto de corrupción” porque habría que “echar la vista atrás para averiguar a cuánto ascienden las adjudicaciones” realizadas desde que es el responsable del Centro de Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Municipales.
Para el concejal socialista este asunto supera a los casos que se han investigado judicialmente en Valladolid, como el Plan Zambrana –por el que el Ayuntamiento está obligado a pagar 20 millones de euros-, el caso del Plan General –una supuesta manipulación del PGOU- y las obras del ático del edificio de la Plaza Zorrilla.
