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Cuatro años de recortes en la enseñanza y ahora buscan culpables

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Educación concertada

En la historia de los sistemas educativos contemporáneos, pocos casos habrá de involución tan evidente como la que ha sufrido la enseñanza, particularmente la enseñanza pública, en la legislatura que está a punto de terminar. El balance del cuatrienio 2011-15 nos deja un descenso notable en los presupuestos dedicados a la Educación, decenas de miles de profesores menos en las aulas, que deben atender a más de un millón de alumnos más que los que había en nuestros centros hace cuatro años.

Profesores que han atendido clases, por lo tanto, más masificadas, mientras disminuía su salario, empeoraban sus condiciones laborales, aumentaba de manera exponencial la precariedad (en Cantabria, se ha pasado de 261 contratos a tiempo parcial del curso 2011-12, a 625 en el curso 2014-15), se han alcanzado porcentajes nunca vistos hasta ahora de interinidad, se ha dejado de pagar el verano en numerosas comunidades autónomas y, en el colmo del maltrato y del desprecio a la profesión docente, se han llegado a ofertar contratos de ¡¡¡3 horas semanales!!! para cubrir sustituciones (en Castilla-León, por ejemplo).

Las sustituciones han dejado de cubrirse durante largos periodos de tiempo; se han dejado de financiar proyectos que los colegios e institutos han llevado a cabo; se han cerrado centros de formación del profesorado, mientras disminuían las becas entre el alumnado para libros, para poder seguir estudiando e, incluso para comer, entre un largo etcétera. Además, se ha aprobado una Ley Orgánica contestada unánimemente por familias, profesores, estudiantes y la sociedad en general. Una ley elitista y segregadora que no tiene parangón en ninguno de los países de nuestro entorno y que el partido en el Gobierno ha sacado adelante sin consenso alguno, con sus únicos votos y con todo el resto de partidos políticos en contra.

Es evidente que sin el esfuerzo del profesorado, las consecuencias de las políticas educativas tan irresponsables que hemos sufrido durante estos cuatro años habrían sido nefastas para nuestros jóvenes y, por lo tanto, para el futuro del país.

Pues bien, a pesar del desolador panorama descrito, y a pesar de lo que dicen todos los informes a los que algunos teóricos citan con frecuencia (OCDE, Informe Mckinsey, Informe Talis, PISA,... etc) -"No hay ningún sistema educativo que haya avanzado con una disminución de medios”-, no parece que la enseñanza pública en España se haya desplomado en estos cuatro años. Al contrario, las familias siguen confiando en ella (no sólo ha aumentado en términos absolutos el alumnado, también ha ganado proporcionalmente terreno a la privada-concertada). Del último informe PISA publicado (en 2013) se puede deducir un estancamiento, nunca un retroceso, e incluso algunos indicadores, como la tasa de abandono y fracaso escolar, han mejorado.

Es evidente que sin el esfuerzo del profesorado esto no habría sido así y las consecuencias de las políticas educativas tan irresponsables que hemos sufrido durante estos cuatro años habrían sido nefastas para nuestros jóvenes y, por lo tanto, para el futuro del país.

Pero en una pirueta con tintes electoralistas, que supone un insulto a la inteligencia y a la memoria reciente, el Partido Popular, después de haber pagado al ministro Wert los servicios prestados con un retiro dorado y haberle sustituido por alguien más diplomático, pretende dejar como último legado la elaboración del Libro Blanco sobre la profesión docente, encargado al filósofo José Antonio Marina, poniendo a los docentes en la "picota" al señalarles como principales responsables del supuesto fracaso escolar de nuestro país.

Igualmente lamentable es la postura que defiende Marina. Decir, como ha señalado el filósofo en declaraciones a la prensa estos días, que "los docentes españoles no están formados en absoluto" es de una falsedad y de una indecencia difícilmente igualables. Como lo es que señale que se debería cambiar el sistema de contratación del profesorado: "Debería haber un procedimiento para que los directores pudieran seleccionar a una parte del profesorado dentro del funcionariado", indica al tiempo que se le ve el plumero cuando elogia a los centros privados "que casi siempre consiguen tener éxito seleccionando y manteniendo a los buenos profesores, cosa que sólo pueden hacer los colegios privados y concertados, dado el carácter funcionarial del profesorado de la escuela pública".

Resulta escalofriante pensar dónde nos llevarían los postulados de Marina de ponerse en práctica. Desde luego, muy lejos de la inmensa mayoría de los países europeos, en donde la enseñanza privada no escolariza ni al 10% del alumnado. Y, desde luego, a un retroceso en los niveles de aprendizaje, que -según el informe PISA- se ven lastrados en España por la enseñanza privada concertada: En el último informe PISA se señala que "en los niveles socioeconómicos más modestos los alumnos españoles obtienen mejores resultados que los del promedio OCDE y que la mayoría de los países seleccionados; es decir, en los centros que escolarizan a estos alumnos el sistema educativo español ofrece mejores resultados relativos que en los equivalentes de la OCDE. Sin embargo, en los niveles socioeconómicos más favorecidos los resultados son más modestos que los de la OCDE".

Por tanto, la enseñanza pública, que escolariza a la inmensa mayoría de los alumnos pertenecientes a familias con menos recursos económicos, está por encima de la media y son los centros privados los que lastran el resultado global. Es otra servidumbre que pagamos con el mantenimiento de la doble red sostenida con fondos públicos. Pero parece que esto Marina no lo tiene en cuenta. Quizás ahora se entienda mejor por qué el Partido Popular le ha hecho este encargo "fin de legislatura".

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