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La batalla política por la gestión de MARE se traslada al Parlamento de Cantabria

La vicepresidenta Eva Díaz Tezanos (PSOE) y el exconsejero Javier Fernández (PP) comparecerán para explicar la auditoría sobre la empresa pública MARE

El informe de la Intervención General reveló "incidencias" en la contratación y cuestiona las atribuciones de sus responsables en la legislatura pasada

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Imagen del vertedero de Meruelo gestionado por MARE. | JAVO DÍAZ VILLÁN

Imagen del vertedero de Meruelo gestionado por MARE. | JAVO DÍAZ VILLÁN

La vicepresidenta de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y el exconsejero de Medio Ambiente, Javier Fernández (PP), comparecerán en comisión parlamentaria para informar sobre el contenido de la auditoria de la empresa pública MARE, realizada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma.

Ambas comparecencias solicitadas por Podemos, en el caso de Díaz Tezanos, y por el PP, la de Javier Fernández, han sido aprobadas este martes por unanimidad de los once miembros de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento de Cantabria.

Todos los grupos han coincidido en la necesidad de ambas comparecencias para que la vicepresidenta explique la auditoria provisional de MARE y para que el exconsejero del PP pueda informar sobre el contenido de la misma, que revela "incidencias" en las contrataciones realizadas en 2013 y 2014 cuando él era presidente del Consejo de Administración.

La comparecencia de Fernández ha sido solicitada por el grupo popular y su diputado José Manuel Igual ha considerado que la intervención de Fernández es necesaria principalmente por la "clara indefensión" en que el Gobierno PRC-PSOE le dejó al dar a conocer a los medios de comunicación esa auditoria parcial.

Ha asegurado que tanto para el exconsejero como para el PP fue una "sorpresa" que el Ejecutivo diese a conocer un "informe provisional" con el que Fernández se sufría una "indefesión clarísima" y ante la cual pidió comparecer de forma personal aunque finalmente la petición se ha hecho a través del grupo parlamentario.

Por parte de Podemos ha intervenido Verónica Ordóñez, también presidenta de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social. Ha indicado que su grupo solicitó la comparecencia de Díaz Tezanos al entender que el Parlamento es "el sitio al que hay que venir a dar las explicaciones oportunas" de una auditoria provisional que, ha lamentado, antes se ha dado a conocer a la prensa.

Sobre la petición del PP para que comparezca Fernández, Ordóñez ha manifestado que Podemos considera "interesante" su intervención para "aclarar en este caso la situación de una empresa pública" para la que ha recordado "hemos tenido que firmar un contrato para salvar su situación económica".

Los grupos del PRC y el PSOE, que sustentan al Gobierno bipartito, han apoyado ambas comparecencias. La socialista Silvia Abascal ha considerado que las intervenciones de Díaz Tezanos y Javier Fernández pueden "arrojar luz a los datos" que contiene la auditoria provisional, mientras que la regionalista Rosa Díaz creen que las comparecencias servirán para que los diputados cuenten con unas "explicaciones mucho más extensas" y puedan reclamar las "aclaraciones pertinentes".

Por parte de Ciudadanos (C's), Rubén Gómez ha apuntado que su grupo considera estas comparecencias son de "tipo muy extraordinario, más extraordinario de lo que suele ser habitual, dado que de lo que se va a hablar es de un informe parcial y no definitivo".

Ha indicado que, aunque en condiciones "normales" no se abordaría con comparecencias en comisión esta auditoria provisional, éstas tienen "mucho más sentido" una vez que la propia vicepresidenta trasladó el contenido de ese informe a los medios de comunicación. A raíz de ello, también cree que "tiene toda lógica" que comparezca Javier Fernández, exconsejero y presidente de MARE cuando ocurrieron las supuestas "incidencias" de revela el documento.

La auditoría

El pasado 16 de abril, el Gobierno de Cantabria dio a conocer, a través de los medios de comunicación, el informe provisional de esta auditoria, que revela, en 2013 y 2014, durante el Gobierno del PP en la comunidad, "incidencias" en las contrataciones.

Además, alertaba de las capacidades concedidas en esta materia al presidente del Consejo de Administración, que era el entonces consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, hoy senador del PP, y las atribuciones que desempeñaba el director general de la entidad, Antonio Zabala, más allá de las facultades que tenía.

En este informe de la Intervención General de la comunidad autónoma, de 76 páginas, se apunta, entre otras consideraciones, que el régimen de apoderamientos en materia de contratación en este periodo era "inadecuado en ciertos supuestos" ya que permite que "el presidente del Consejo de Administración pueda celebrar y autorizar toda clase de contratos sin ningún límite y con el único requisito de firma solidaria".

Según los autores de la auditoria, se considera que esta capacidad del presidente del Consejo de Administración representa un "importante riesgo de control interno".

Además, se señala que en los expedientes de contratación analizados, todos por un valor estimado de 120.000 euros, el inicio del procedimiento de contratación, la aprobación de los distintos documentos de la fase preparatoria del contrato y la propuesta de adjudicación provisional del mismo los hacía el director general de MARE "cuando no dispone de tales facultades, según el poder que tiene asingnado".

En este sentido, se apunta que Zabala solo hubiese podido desarrollar esas competencias con delegación expresa, de la que "no se ha tenido evidencia", según la auditoria. También se cuestionan las facultades atribuidas al director financiero por "obsoletas" y "poco operativas".

En cuanto a la contratación propiamente dicha, se muestra la existencia de un "número importante" de modificaciones y prórrogas de contratos hechos "que no han sido autorizados ni celebrados por el correspondiente órgano de contratación competente".

En el informe, que también advierte de la carencia de normas e instrucciones internas "debidamente aprobadas" que regulen los procedimientos de contratación, los autores del mismo realizan 27 recomendaciones a la vista de las conclusiones.

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