Educación rechaza cualquier responsabilidad y asegura que ha cambiado la forma de adjudicación
La consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad en el cártel de los comedores vascos. Ha descartado cualquier tipo de “participación” activa de funcionarios o cargos del departamento. “Todo se basa en el procedimiento y en los pliegos de concurrencia. Se establecen unos pliegos y un procedimiento, y, luego, la forma en la que puedan las empresas concurrir a mi no me toca juzgarlo ni decidir como actúan, para eso esta la Autoridad Vasca de la Competencia, para decir si el procedimiento es correcto y legal”.
También ha asegurado que este reparto del mercado ilegal sancionado por la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) no ha perjudicado a las familias usuarias del servicio. “Pagaban [las familias] una cuota ya establecida, independiente del precio de licitación”.
Uriarte ha recordado que hace ya un año, cuando finalizó el anterior contrato de cuatro años, el departamento hizo “una modificación de los pliegos y del procedimiento de contratación, de forma que se buscaba una mayor garantía y que hubiera una concurrencia”. “Ahora, las empresas, en primer lugar, deben mostrar su solvencia económica y organizativa, y, luego, es el Gobierno vasco el que invita a las empresas a los diferentes lotes, que han pasado de ser diez a 18”, ha explicado, para subrayar que “tiene que haber un mínimo de dos empresas que compitan entre sí por cada uno de los lotes” y, de no ser así, el concurso quedaría desierto y se volvería a convocar. “Este nuevo procedimiento pensamos que es mucho más garantista”, ha añadido.
El nuevo procedimiento “ha implicado un ahorro de unos siete millones”, sobre un contrato que “hasta ahora venía siendo de unos 90 millones”.Por su parte, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha dicho que la prioridad ahora es asegurar que las empresas sancionadas mantengan la “viabilidad económica” para prestar el servicio. “La cuantía económica de la sanción hay que afrontarla y no es precisamente irrelevante. Hay que analizar la resolución para ver si, en su caso, puede proceder emprender alguna actuación por parte del Gobierno”.
