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Las empresas tradicionales irrumpen en el sector de los servicios sociales

La no inclusión de cláusulas sociales en concursos públicos está provocando que las entidades del tercer sector sin ánimo de lucro compitan con empresas tradicionales, que acuden ante la falta de mercado.

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El tercer sector, integrado por organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro que trabajan en el área de los servicios sociales para luchar contra la marginación y la exclusión social, se está apagando. Se trata del motor principal que dinamiza la incorporación social de las personas en exclusión, que llega donde no alcanza la administración. Pero en los últimos años está sufriendo un proceso de debilitamiento. La Federación Sartu, que engloba a las organizaciones más importantes del tercer sector, achaca esta debilidad a varios factores, pero en especial, a la irrupción de las empresas tradicionales en el campo de los servicios sociales. Se trata de empresas que se presentan a los concursos públicos para tratar de neutralizar la caída de ingresos en sus mercados habituales. Es un fenómeno que se viene apreciando cada vez con más intensidad y que, según Sartu, está cuestionando el futuro de muchas organizaciones que siempre han trabajado sin ánimo de lucro. Así, el campo de los servicios sociales corre el riesgo de convertirse en una especie de mercado persa.

Alfonso López es el coordinador de Ekain-Redes para la Inclusión Social de Euskadi, plataforma que engloba a las organizaciones sociales más potentes que trabajan en la comunidad autónoma. López resalta  que históricamente  la sociedad civil se ha organizado no solo para promover derechos sino también para responder a las necesidades sociales, articulando la solidaridad, la participación altruista de la ciudadanía a través de organizaciones de iniciativa social. “Ahora nos encontramos ante un momento crucial para el futuro del tercer sector. Se ha producido una notable pérdida de ingresos por el recorte de los presupuestos de las administraciones y la mercantilización del sector, con la aparición de empresas de negocios tradicionales que nunca se habían dejado caer por el campo de los servicios sociales”.

Paradógicamente, a medida que aumenta el número de personas en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad, desciende el volumen de recursos disponibles para poder mejorar su situación. Jon P., trabajador remunerado en una organización dedicada a la atención a personas con discapacidad, lamenta que la crisis haya provocado que los “derechos del mercado hayan triunfado frente a los derechos de las personas, como la vivienda, justicia, educación, sanidad, trabajo, medio ambiente”.

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿Debe existir concurrencia competitiva? ¿Se debe dar prevalencia al tercer sector sobre las empresas mercantiles? La liberalización de los servicios públicos vinculados a áreas propias o, cuando menos, cercanas a la intervención social está favoreciendo la penetración de las empresas tradicionales sin que haya dado tiempo a contestar a estas preguntas.

Sin cláusulas sociales

"La no inclusión de cláusulas sociales en concursos públicos está provocando que las entidades de este sector tengan que competir con empresas", apunta Sartu. Se trata de empresas tradicionales o del denominado 'cuarto sector', es decir, compañías que, además del lucro, tienen también un fin social. "El caso", añade la Federación, "es que cada vez un mayor número de empresas se presentan a los concursos públicos siguiendo reglas propias del libre mercado y ajenas a lo que venía siendo el sector público en materia de intervención social. Se han centrado en presentar propuestas económicas de bajo coste y difícilmente asumibles por parte de las entidades del tercer sector, quienes siguen poniendo el foco en la calidad del servicio".

En esta línea, López recalca que las organizaciones del tercer sector “no pueden ni deben” competir a precio. “El convenio por el que nos regimos en el área de la Intervención Social ya es bastante bajo de por si. Los sueldos en el sector son pequeños. Recortar ahí para ser más competitivos es un mal camino. Nuestra competitividad reside en ofrecer calidad. Por encima del beneficio económico está la ayuda a las personas”.

Ante una Administración Pública centrada en recortar gastos, las entidades del tercer sector tienen pocas posibilidades de ganar, por lo que "acaban perdiendo una fuente de ingresos importante para mantener su actividad". Y Sartu pone como ejemplo lo sucedido con la asociación DYA y la adjudicación del servicio de ambulancia.

Pero junto a la mercantilización, el debilitamiento del tercer sector también tiene otras causas. Por ejemplo, los recortes en los presupuestos públicos. Las Administraciones llevan adelante "recortes en los presupuestos públicos destinados a la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social. Sin aportaciones públicas y con una sociedad civil cada vez más pobre, muchos programas no se pueden mantener, simplemente, porque no se pueden financiar", resalta Sartu.

Difícil ver la salida

La reorganización de la Administración, que ha conllevado un endurecimiento de los requisitos para acceder a algunos recursos y la exclusión del tercer sector respecto de la prestación de algunos servicios que se venían ofreciendo (por ejemplo, orientación laboral en el marco de Lanbide) ha terminado por complicar el panorama.

Como consecuencia de estos tres factores, el tercer sector dispone de menos recursos financieros y materiales. No solo para prestar sus servicios orientados a las personas vulnerables y en exclusión, sino también "para poder mantener las condiciones laborales y económicas de sus trabajadores, que ven como se ha deteriorado la calidad de su trabajo. "Se hace en peores condiciones". Al final, este círculo se traduce en un pesimismo sobre las posibilidades de las personas a las que ayudan: "Es difícil transmitir salidas y opciones cuando tú tampoco las ves".

Alfonso López espera que la futura ley sobre el tercer sector, que elabora el Gobierno vasco, reconozca el papel como agente social de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en los servicios sociales, un papel similar al que se otorga a sindicatos y patronal. "La ley debe reconocer nuestro papel y el valor que aporta el tercer sector para conseguir una sociedad más cohesionada y solidaria".

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