El Estado insiste en que 140 ertzainas abandonen la Ertzaintza
La Ertzaintza tiene un gravísimo problema de plantilla con un 50% de los funcionarios en vías de jubilarse de aquí a 10 años. El proceso de relevo generacional ya acumula años de retraso y el despliegue de 8.000 policías es casi ya una utopía. Nada se ha dicho del particular en campaña electoral y la única noticia es que la Abogacía del Estado, dirigida en Euskadi por la letrada Macarena Olona, ha solicitado ya al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ejecute la sentencia que anulaba la última OPE por superar los límites para la reposición de funcionarios marcados por el Gobierno central en sus presupuestos. Es decir, reclama que 140 de los 250 funcionarios que se graduaron en julio en Arkaute se quiten el uniforme.
Así lo ha confirmado el Departamento de Seguridad, que prepara “alegaciones” contra esta nueva reclamación judicial del Estado mientras redacta al mismo tiempo el recurso sobre el fondo del asunto que registrará ante el Tribunal Supremo. El Gobierno del PNV defiende que el despliegue de la Ertzaintza lo pactan el Ministerio del Interior y sus homólogos vascos sin que las tasas de reposiciones generales se hayan aplicado nunca. Los dos sindicatos principales del cuerpo, Erne y ELA, también se han alineado contra la “liquidación” de la Ertzaintza y han convocado una protesta el próximo 27 de septiembre -después de las elecciones- frente a la subdelegación del Gobierno en Bizkaia.
Fuentes oficiales apuntan a que el Gobierno tiene hasta mediados de la próxima semana para presentar sus alegaciones frente a la petición de la Abogacía del Estado. El Ejecutivo vasco está tranquilo en el sentido de que los 140 afectados ya son funcionarios “de pleno derecho” a los que, entiende, no se puede despojar ya de su condición. Todos ellos realizan sus prácticas en distintos destinos.
Es la misma tesis que defendió días después de la sentencia en una entrevista con eldiarionorte.es el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. “Se anula la convocatoria pero no afecta a los derechos individuales de cada uno de los ertzainas nombrados”, recalcó Ibarra, que insiste en que el Estado tendría que iniciar un procedimiento de “amortización” individualizado con cada uno de los 140 ertzainas en el limbo legal. A su entender, la solución jurídica más plausible consiste en sumar las tasas de reposición de varios ejercicios para que la OPE anulada cumpla la legalidad mientras que los afectados serían encajados en las vacantes que surjan los años siguientes.
Esa fórmula, sin embargo, impediría convocar nuevas plazas de ertzaina cuando son más necesarias que nunca. De momento, la siguiente OPE está en 'stand by', aunque no se conoce oficialmente si el Gobierno central la ha recurrido ya o no. El sindicato Erne estima que en dos o tres años el despliegue de la Policía autonómica podría ser de un máximo de 6.000 efectivos.
