En el nombre de la RGI
Colectivos sociales, sindicatos, asociaciones de todo tipo.....Todos persiguen el mismo fin: colocar en la agenda pública el problema de la desigualdad y la pobreza. Una constante que no ha dejado de crecer en Euskadi en los últimos años. Y en el punto de mira: el sistema vasco de protección social con la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) como principal exponente. El PP fue el primero en lanzar el relato del fraude en las ayudas por parte de los inmigrantes y ahora el Gobierno vasco se niega a incrementar la cuantía en un 8%, conforme a la subida del Salario Mínimo Interprofesional tal y como fija la ley vasca contra la Exclusión Social, que es que la que establece las condiciones de la ayuda social. No solo eso, sino que incluso el Ejecutivo mantiene el recorte del 7% de legislaturas pasadas y aumenta los controles para evitar los fraudes, como la implantación de la huella dactilar.
Con este caldo de cultivo, asociaciones de carácter social (desde Cáritas hasta Medicos del Mundo pasando por la Red contra la Exclusión Social y el Comité de Ayuda a los Refugiados) y sindicatos se echan a la calle el 1 de abril para denunciar la criminalización que están sufriendo los perceptores de la RGI, es decir, los más necesitados. Y como telón de fondo, la huelga de hambre que mantienen seis activistas en Bilbao contra los recortes que ha sufrido la RGI.
Los cuatro grandes sindicatos se han adherido a la manifestación convocada el 1 de abril en Bilbao en defensa de la RGI por parte de la llamada Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, integrada por varias organizaciones sindicales y sociales. “Queremos llamar la atención sobre la pluralidad de quienes exigimos que se acaben con los recortes en la RGI”, han indicado los convocantes-, que pertenecen a sindicatos, organizaciones sociales del espacio feminista, del movimiento juvenil, de apoyo a personas inmigrantes, del ecologismo, de pensionistas, contra la pobreza, contra la exclusión social, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria....
Representantes de ELA, LAB y Comisiones Obreras han arropado estos días a los huelguistas de hambre contra los recortes en la RGI. En línea con las reivindicaciones expresadas por los colectivos sociales convocantes de la manifestación, los líderes sindicales creen que existen alternativas a los recortes: “solo hace falta voluntad política para llevarlas a cabo”, cree el dirigente de ELA, Mikel Noval. Ainho Etxaide, de LAB, considera que en Euskadi hay “recursos económicos suficientes” y hay “riqueza de sobra” para que “todos” vivan bien“. ”Condenar a la pobreza a grandes capas de la sociedad es una opción política y, además, “ilegítima”.
Mientras, las personas en huelga de hambre cargan contra el Gobierno vasco. “Está [el Ejecutivo] sordo y ciego. Desoye las reivindicaciones y necesita gafas para ver la realidad”, reprocha la huelguista Isabel García.
“Fraude insignificante”
Braulio Gómez, director del DeustoBarómetro e investigador en Ciencia Política en la Universidad de Deusto, considera que el Gobierno vasco debe atender las reclamaciones y romper la equidistancia que ha venido manteniendo hacia posiciones más progresistas. “El fraude social en las ayudas es insignificante, residual. Su escaso volumen no justifica ni mucho menos la alarma social que activó el Partido Popular en los últimos años y que ha sido asumida por el Gobierno de coalición formado por PNV y PSE”, señala en un artículo de opinión publicado en El Correo.
Braulio Gómez recuerda como “no hace tanto tiempo” el debate sobre la Renta de Garantías de Ingresos se desarrollaba en dos arenas. En una de ellas y estimulado por el PP “se creaba el relato del fraude de las ayudas, se incorporaban a veces argumentos racistas y xenófobos y se ponía el foco en desarrollar medidas preventivas contra los presuntos delincuentes que hacían trampas para recibir las ayudas y en incrementar los obstáculos y los requisitos para poder acceder a esta renta de subsistencia”. En el orro lado, se aportaban datos para “recordar que la mayoría de las ayudas las reciben los autóctonos y de cómo en vez de incrementarse se habían recortado estas ayudas humanitarias que intentan paliar una situación en la que a nadie le gustaría estar”.
Así, el Gobierno de coalición se situaba de forma equidistante en ambos debates. Pero, la puesta en marcha de “la vergonzante huella digital que se le exigirá a los perceptores de la RGI rompe ese difícil equilibrio ideológico hacia la derecha, aceptando el Gobierno vasco como prioritario la lucha contra un fraude insignificante por encima de la urgencia real de atender a los ciudadanos que se han quedado excluidos y que nos impedirá avanzar hacia una sociedad más justa y cohesionada”.
