Artes Gráficas, primer sector que acabará en los tribunales tras el 7-J
El sector de Artes Gráficas de Bizkaia, que agrupa a unos 1.500 trabajadores en esta provincia, se va a convertir en los próximos días en el primero que acabe judicializado tras el 7-J y el decaimiento de los convenios motivado por la reforma laboral del PP. Después de que la semana pasada sindicatos y patronal de este sector no alcanzaran ningún acuerdo en el Preco, el organo dependiente del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi donde se dilucidan los conflictos colectivos que presentan las partes, las centrales intentarán defender el convenio que aún consideran vigente en los tribunales de lo Social.
En principio, la demanda que va a plantear el sindicato UGT se basa en la existencia de una clásula adicional en el último convenio firmado en la que se apunta que el acuerdo sigue vigente “hasta la firma del próximo convenio”. Los sindicatos -LAB también había presentado ante el Preco una denuncia de conflicto colectivo- consideran que esa frase implica de hecho que se mantiene la ultraactividad de manera indefinida, es decir, hasta que se firme el nuevo convenio.
El caso del sector de Artes Gráficas en Bizkaia es un buen ejemplo de lo que ha pasado tanto en la parte sindical -en relación con las diferencias entre ELA y el resto de centrales- como la actitud de alguna patronales vascas y de lo que implica la nueva legislación laboral en relación con la ultraactividad. ELA ostenta en el sector la mayoría con un 50,48%, frente a la representación del resto de centrales. Patronal y sindicatos han celebrado dos reuniones para pactar un convenio, pero el acuerdo ha sido imposible. El secretario general de la Federación de Industria de UGT en Bizkaia, José Luis Aparicio, ha señalado a ELA como responsable de “dejar caer el convenio con sus peticiones desorbitadas”, sabedora de su fuerza y representación en este sector en la provincia de Bizkaia.
Independientemente de si la responsabilidad es solo de ELA o también de la negativa de la patronal a cerrar un acuerdo, lo cierto es que los empresarios del sector han decidido al día siguiente del 7-J dar por muerto el convenio y aplicar la regulación estatal, mucho más lesiva para los intereses de los trabajadores. Los empleados de Artes Gráficas en esta provincia no solo han perdido en salario (más de 150 euros) y en jornada (80 horas menos en Bizkaia frente al estatal), sino que también han perdido toda una serie de condiciones laborales logradas en los últimos años: pluses, vacaciones o las bajas por Incapacidad Transitoria y accidente laboral, que antes eran complementadas al 100% desde el primer día.
Fin a la “Justicia de calidad”
En principio, UGT llevará “en los próximos días” la demanda al juzgado de lo Social. En el caso de esta central, tiene previsto demandar a tres empresas del sector una vez que la semana pasada finalizó sin aveniencia la reunión en el Preco. LAB previsiblemente ahora lo mismo, con la diferencia de que el conflicto colectivo impulsado por la central abertzale ante el Preco es sectorial, es decir, no va dirigido contra ninguna empresa concreta. Pero el argumento para ir a los tribunales es el mismo: la cláusula adicional del convenio anterior en la que se fijaba su vigencia hasta la firma del próximo convenio.
No serán los únicos casos. Los sindicatos de varios sectores han pasado o han anunciado conflictos colectivos en el Preco como el Metal o el sector de la Educación privada. Las autoridades judiciales vascas en la presentación de la última memoria judicial ya advirtieron del riesgo de colapso en los tribunales de lo Social ante la previsible avalancha de recursos judiciales tras el decaimiento de los convenios. De hecho, según un estudio realizado en abril pasado por la Inspección del Consejo General del Poder Judicial en tres juzgados de lo Social en Bilbao cada juzgado tramitaba un total de 1.400 asuntos, el doble del estándar previsto por el consejo. Y los tiempos de respuesta de los tribunales en primera instancia estaban ya entonces entre los 8 y los 10 meses. Con la previsible judicialización de multitud de casos tras el 7-J, los jueces apuntaron el riesgo de perder la “justicia de calidad que hemos tenido”.
