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Las consecuencias políticas de la precariedad laboral

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El debate sobre nuestro disfuncional mercado de trabajo dual ha vuelto. La dualidad en el mercado de trabajo español (es decir, la existencia de una brecha entre trabajadores que, por el hecho de tener contratos indefinidos, disfrutan de ciertos derechos y condiciones de trabajo de las que se excluye al 25-30% de trabajadores que tienen contratos temporales) no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno. La dualidad en España tiene ya casi tres décadas, y los que se han dedicado a estudiar sus consecuencias no han encontrado nada bueno. Al contrario: un mercado de trabajo dual reduce los incentivos (del empleador y del empleado) a invertir en capital humano dentro del empresa, promueve la especialización productiva en sectores de baja cualificación, las erráticas carreras laborales de los trabajadores temporales agravan los problemas de sostenibilidad del sistema de pensiones, penaliza a las mujeres y a los jóvenes, retrasa la formación de familias, e incluso introduce sesgos regresivos en las políticas del bienestar. No conozco un solo trabajo serio que haya dicho algo bonito sobre la dualidad.

Al comisario europeo de empleo se le ocurrió la semana pasada recordárnoslo y pidió de forma genérica que nos planteáramos una de las propuestas que existen para corregir este problema (el famoso “contrato único”). Ya sabemos cuál fue la reacción de (casi) todos los partidos, los sindicatos, la patronal, y hasta de los presentadores de los programas de radio: el contrato único no nos gusta, y de dualidad, ejem, ya hablaremos otro día.

¿Cómo es posible que hayamos convivido tan plácidamente durante tres décadas con algo tan nefasto y que nos sigamos resistiendo a solucionarlo? Existe una explicación lamentablemente sencilla: romper la dualidad implica afectar los intereses de grupos políticamente poderosos. Por un lado, a los empresarios no les ha interesado poner en riesgo su capacidad de contratar y despedir con práctica libertad total a una parte importante de la fuerza de trabajo, más aún cuando tras tantos años de mercado de trabajo dual, los empresarios de los sectores que más se beneficiaban de este modelo (aquellos que eran menos dependientes del trabajo cualificado) han ido ganando peso económico y, con él, influencia política.

Por el lado de los trabajadores, lo que hace a la dualidad “tolerable” es el hecho de que, al fin y al cabo, los trabajadores precarizados con contratos temporales son una minoría. Conviene no olvidar el desagradable hecho de que la existencia de temporales beneficia a los indefinidos: les ofrece un colchón de seguridad (en caso de necesidad, el empleador siempre despedirá antes de un temporal que de un indefinido) que fortalece su posición negociadora dentro de la empresa.

Además, los trabajadores temporales son una minoría particularmente débil políticamente. Sabemos que se afilian a los sindicatos menos, pero además participan menos en política general, y acuden con menos frecuencia a las urnas (muchos de ellos además no pueden, porque son inmigrantes). Los sindicatos y partidos (ver gráfico 1) que aspiran a ser mayoritarios y a representar a sus votantes han tenido claro durante décadas a qué tipo de trabajadores conviene representar.

Gráfico 1. Distribución del electorado de cada partido con empleo por tipo de contrato. Fuente: CIS. Barómetro de Enero de 2013.

Gráfico 1. Distribución del electorado de cada partido con empleo por tipo de contrato. Fuente: CIS. Barómetro de Enero de 2013.


Una vez que entendemos semejante estructura de intereses se hace menos sorprendente que en lo único en que gobierno, oposición, partidos políticos y agentes sociales han sido capaces de ponerse de acuerdo es en defensa de una institución nefasta: la dualidad laboral. Un brindis por los pactos de estado.

El pacto político que sostiene la dualidad parece enormemente sólido, pero los datos también muestran que los excluidos por ese pacto buscan desesperadamente alguien que les escuche. Si nos fijamos en la intención de voto de los miembros de la población activa (gráfico 2), se aprecia que son los grupos perjudicados por este pacto implícito (los parados y, sobre todo, los temporales), los más proclives a dar la espalda a la oferta electoral existente.

Gráfico 2. Proporción de abstencionistas, voto en blanco e indecisos por grupos de la población activa (intención de voto Barómetro del CIS Enero 2013).

Gráfico 2. Proporción de abstencionistas, voto en blanco e indecisos por grupos de la población activa (intención de voto Barómetro del CIS Enero 2013).

Es importante mencionar que la mayor alienación política de los trabajadores temporales no es el resultado de que este grupo esté compuesto desproporcionalmente por trabajadores jóvenes, que tradicionalmente expresan una desafección mayor hacia el sistema político. Incluso después de descontar el efecto de la edad, los estudios y el interés por la política, los trabajadores temporales siguen siendo más críticos con la oferta electoral existente. El gráfico 3 muestra la proporción de encuestados que es incapaz de dar el nombre de un partido a la pregunta “¿Por qué partido siente más simpatía o considera más cercano a sus propias ideas?”. Aunque en todos los grupos de edad los trabajadores con contrato temporal son mucho más proclives a no sentirse cercanos a ningún partido, es llamativo la diferencia de casi veinte puntos entre el grupo de trabajadores más jóvenes.

Gráfico 3. Porcentaje de trabajadores en cada grupo de edad que son incapaces de decir un partido al que se sienten más cercano que el resto, por tipo de contrato.

Gráfico 3. Porcentaje de trabajadores en cada grupo de edad que son incapaces de decir un partido al que se sienten más cercano que el resto, por tipo de contrato.


Concluyo con dos reflexiones finales. Primero, estos datos sugieren que los trabajadores temporales, además de haber sido excluidos de los beneficios que las regulaciones del mercado de trabajo confieren a los trabajadores indefinidos, están particularmente insatisfechos con la oferta electoral existente, más aún que el resto de votantes. No estaría mal que los partidos se preguntaran por qué, y que propusieran políticas que les resulten atractivas para ellos. A lo mejor un contrato para la igualdad de oportunidades no sólo es una idea económica y socialmente sensata, sino que puede que sea más políticamente atractiva de lo que muchos piensan. Desde luego, aferrarse a la defensa de un status quo que ha excluido y penalizado a este grupo de trabajadores precarios no facilitará que atraigan a este electorado para su causa.

En segundo lugar, no hay que despreciar el grupo de trabajadores que se han beneficiado de la dualidad, que siguen siendo mayoría entre los empleados, y que durante tanto tiempo se han consolidado unas determinadas expectativas de protección al empleo entre la ciudadanía. Para que la ruptura de la dualidad sea políticamente viable será necesario ofrecer un nuevo paquete de políticas que protejan de forma más efectiva a los trabajadores frente a los nuevos riesgos asociados al mercado de trabajo y que resulten atractivas a los que hoy aspiran a ser trabajadores indefinidos en el futuro. Manos a la obra. El fin de la dualidad lo merece.

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