El Frente Polisario cree que las empresas de la UE deben retirarse del Sáhara occidental

El Frente Polisario cree que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece que el pacto comercial agrícola y pesquero entre los Veintiocho y Marruecos no es aplicable al Sáhara Occidental, obliga a las empresas de la UE a retirarse de ese territorio.

El fallo “implica la retirada de todas las inversiones y de todas las empresas que están participando en el saqueo del Sáhara Occidental, sea en fosfatos, en pesca o en agricultura”, declaró hoy a Efe el coordinador del Frente Polisario para la Misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental (Minurso), Mohamed Khadad.

La sentencia de ayer del TJUE, que no es recurrible, revocó el fallo previo del Tribunal General europeo que invalidaba el acuerdo comercial alcanzado en 2012 entre la UE y Marruecos.

La máxima instancia judicial comunitaria entiende que el acuerdo sí es válido, pero que no afecta al Sáhara Occidental pues, a ojos de las Naciones Unidas, se trata de un territorio no autónomo distinto del “Reino de Marruecos”, con el que la UE firmó el pacto.

En virtud de esa decisión judicial, el representante del Polisario ante la Minurso interpreta que le corresponde a los representantes del pueblo saharaui tomar decisiones de comercio exterior sobre recursos de la antigua colonia española y no a Rabat.

La sentencia establece que “toda implicación en la explotación de recursos naturales en el Sáhara Occidental es ilegal”, subrayó.

Por eso, si las empresas no respetan el fallo del tribunal de Luxemburgo, el Frente Polisario tratará “de utilizar los medios convenientes para disuadirles de su rebelión contra la legalidad internacional y contra la legalidad de la corte”.

“La corte ha reafirmado que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo” y “confirma -según su opinión- el carácter ilegal de cualquier explotación o implicación de la Unión Europea en los recursos naturales del Sáhara Occidental”, agregó Khadad.

Para el Frente Polisario, añadió, lo “más importante es haber aclarado, sin ninguna duda, que el Sáhara Occidental es un territorio distinto del territorio marroquí”, y a partir de esa premisa se puede desarrollar un nuevo futuro comercial con Europa.

“Estamos dispuestos, a partir de hoy, a establecer relaciones con la UE y a firmar acuerdos de interés mutuo, sea en el dominio de la agricultura o en el de la pesca”, añadió Khadad.

Recordó que ese territorio situado al sur de Marruecos tiene “potencial” en fosfato, pesca, agricultura y también en petróleo y gas y que ahora se debe diseñar el futuro comercial de esos recursos.

“Pero lo más importante es la aportación de Europa a la solución del conflicto”, subrayó, pues “la UE durante muchos años ha ignorado esa realidad, tratando de negar su implicación a través de conceptos como 'potencia administradora de facto'”.

“No se puede elegir a sus vecinos, hay intereses y el pueblo saharaui está abierto a discutir con la UE y con los países vecinos, pero antes de todo hay que trabajar para que se llegue finalmente a una solución justa y definitiva a este conflicto”, dijo.

Por su parte y en una posterior rueda de prensa, el abogado del Polisario ante la Justicia europea, Gilles Devers, celebró que el TJUE no entró en disquisiciones técnicas, sino que se plegó a los “aspectos más fundamentales del Derecho Internacional” como la Carta de las Naciones Unidas, al derecho de descolonización y al de autodeterminación.

De esa forma, declaró el letrado ante la prensa, la sentencia aporta un “cuerpo jurídico claro y preciso” que “cierra la puerta” a otras interpretaciones futuras por parte de jueces, empresas o ciudadanos de la UE.

Devers opinó también que el fallo judicial obliga a revisar todos los acuerdos comerciales firmados entre la UE y Marruecos desde hace 16 años y avanzó que el pueblo saharaui estudiará cómo reclamar esos derechos.

A las empresas europeas, añadió el abogado, les quedan dos opciones: abandonar el Sáhara Occidental o regularizar la situación con el Polisario.

“Una sentencia debe ser aplicada” y “las empresas tienen 15 días para entenderlo”, concluyó.