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El PP se enfrenta al juez Ruz

Rajoy y Cospedal durante la reunión del comité del PP

Manuel Sánchez

Ni el auto de un juez entorpece al PP su relato inamovible sobre el denominado “caso Bárcenas”. Eso es lo que vino a explicar este lunes la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ante el rotundo posicionamiento del magistrado Pablo Ruz, donde apuntaba a una más que probable contabilidad “b” del PP.

Cospedal, desde la respuesta de manual de que se “respetan las decisiones judiciales”, insinuó que el magistrado no sabe, se ha despistado o no se entera de que en la contabilidad “a” del PP están las obras de la sede de Génova, por importe de casi seis millones de euros, con todo lujo de detalles, por lo que puso en cuestión en qué se puede sustentar en la acusación de la contabilidad “b” de los populares.

“El juez tiene las cuentas y las facturas en su juzgado”, repitió media docena de veces. Y anunció que, como no están personados en el proceso, el partido pedirá a la Fiscalía que revise la documentación aportada por el PP y que, con ella, se pueda aclarar los supuestos errores del juez en su último auto.

No obstante, al final matizó que no quería insinuar nada contra el juez, y que respetaba la independencia judicial. Para añadir: “Este partido tiene una contabilidad clara, las cuentas o papeles que tengan otros, que den ellos sus explicaciones”, en nítida referencia al ex tesorero popular, Luis Bárcenas.

Cospedal explicó esta versión en la reunión de la dirección ejecutiva del PP y aseguró que nadie puso en duda su palabra, ni su versión de los datos que aportó.

De hecho, casi nadie habló ni puso en duda nada. En menos de una hora de reunión, la cúpula política de PP despachó el “caso Bárcenas”, el auto del juez Ruz, el inminente Congreso del PP de Andalucía y el balance del ecuador de la legislatura, que Mariano Rajoy consideró muy positivo “por haber puesto a España en la senda del futuro”.

Sólo la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, tomó la palabra por otro tema. Para denunciar que el Gobierno no hubiera destituido al magistrado López Guerra, al saberse que era una persona favorable a derogar la denominada “doctrina Parot”. Su buen “amigo”, Alberto Ruiz Gallardón, tomó la palabra en la reunión para explicarle que el Ejecutivo no podía hacer eso, y que los mandatos de los miembros del Tribunal europeo son para nueve años y no pueden ser cesados.

Algún dirigente popular celebró la “metedura de pata” de la presidenta del PP de Madrid, que fue entendida como una maniobra más en su deseo de hacerse notar y discrepar de la actual línea del partido.

Tal vez, por ello, a Cospedal no le faltaron en su intervención tres párrafos para apuntalar que el presidente del partido, Mariano Rajoy, está al lado de las víctimas y está disgustado por la derogación de la denominada “doctrina Parot”, y recordar que en un Estado de Derecho hay que cumplir las leyes.

La reunión, que empezó a las once oficialmente, se inició a las once y cuarto y fue dada por concluida a las doce y cinco, donde ya empezaban a desfilar por la salida de la calle Génova dirigentes del Partido Popular. Lo obvio, no necesita de glosa.

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