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El fondo buitre al que Botella vendió VPO inicia el proceso judicial para desahuciar a la cara visible de los afectados

La justicia ha admitido la demanda de desahucio de la empresa contra la familia Mejías por "expiración del término" del contrato

Esta familia es la única a la que, sin explicaciones, Fidere no ha renovado el alquiler tras diez años pagando sin demoras, pero siguen viviendo allí

Este procedimiento se está desarrollando a la vez que una instrucción motivada por una querella presentada por la familia por "discriminación"

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Arancha Mejías en los exteriores de su urbanización en Carabanchel. / S.P

Arancha Mejías en los exteriores de su urbanización en Carabanchel. / S.P

El fondo buitre al que Ana Botella, exalcaldesa de Madrid, vendió 1.862 viviendas sociales ha iniciado el proceso judicial de desahucio de la cara visible de los afectados por dicha venta. El juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid ha admitido una demanda de Fidere –la filial española de Blackstone propietaria de los pisos– contra la familia Mejías que, de properar, podría terminar en una orden de lanzamiento para que abandonen la casa en la que viven.

Fidere decidió en octubre no renovar el contrato de alquiler a la familia, que lleva viviendo en la misma casa desde 2006, cuando se la concedió la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo porque reunían las condiciones exigidas para entrar en una vivienda social.

Aunque durante una década han pagado sin demoras todas mensualidades, la empresa les envió un burofax exigiendo que abandonaran la vivienda sin dar más explicaciones. Ha sido el único caso en que Fidere no ha permitido que los inquilinos continúen en sus viviendas, además de  las siete familias de la calle Lope de Vega a las que ha echado por unas obras de las que no se ha tenido noticia.

Fidere presentó la demanda solo tres semanas después del plazo que dió a los Mejías como límite para dejar la casa –el 6 de octubre– aunque hasta el 1 de diciembre no se admitió y hasta este jueves no se ha notificado a la familia y su abogado. Ahora el letrado tiene diez días hábiles para dar una respuesta. Luego el juzgado decidirá si sigue adelante con un proceso que si prospera llevaría a la familia Mejías a declarar en una vista oral de la que podrían salir con una orden de lanzamiento, es decir, una fecha límite para dejar la vivienda antes de que el juzgado los saque a la fuerza. 

De forma simultánea a este procedimiento por lo contencioso administrativo está en marcha otro proceso penal iniciado por  la querella que presentó la familia contra Fidere por "discriminación" y "coacciones", que se encuentra actualmente en fase de instrucción y que ha obligado a pasar ya por el banquillo al responsable de Fidere, Miguel Oñate. Según el letrado de los Mejías, Oñate no quiso responder a sus preguntas. Solo contestó a las de su abogado.

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