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El acuerdo entre el 'banco malo' y Carmena: realojos a cuentagotas y 8.000 personas en emergencia esperando casa

El Ayuntamiento de Madrid firmó hace un año y medio con Sareb un acuerdo de cesión de 300 viviendas para dar techo a familias vulnerables

En mayo de 2017 se firmó el primer contrato de regularización de una familia que ocupaba una de esas casas. Hay otras 120 a la espera y aún ilegalmente

El resto de viviendas está en obras, otras se han devuelto y 26 están libres, mientras 8.000 familias esperan un piso en situación de emergencia

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Firma del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid con Sareb. / EMVS

Firma del acuerdo del Ayuntamiento de Madrid con Sareb. / EMVS

La foto es de enero de 2016: la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, firma un acuerdo con el banco malo (Sareb) para que le ceda 300 viviendas y así poder disponer de más parque social para realojar a personas socialmente vulnerables. Ha pasado un año y medio. Hoy, con 8.000 familias con necesidad inmediata de techo, según datos del Ayuntamiento de Madrid, el acuerdo no termina de arrancar, pese a la emergencia.

En mayo se firmó el primer contrato, en este caso de regularización de una familia con menores que ocupaba ilegalmente la vivienda desde 2012 tras dormir durante meses en una furgoneta. Hay otras 120 personas en una situación similar: entraron en las casas cuando aún no eran gestionadas por el Ayuntamiento, que aceptó dentro del convenio que cerca de la mitad de las viviendas ya tuvieran inquilinos. Y se comprometió a ofrecerles un alquiler siempre que cumplieran los requisitos de solicitantes de vivienda social, como una renta muy baja. La gran mayoría sigue esperando.

El resto de pisos está siendo estudiado aún para ver qué mejoras necesitan y algunos hasta se han devuelto por no reunir las condiciones básicas. Solo 26 están libres y dispuestos para acoger a personas vulnerables.

Fuentes municipales no dan datos de cuántas familias tienen ya firmado un contrato de regularización porque atañe "a datos personales", justifican. Teresa Echevarría sabe, porque así se lo dijeron en la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo –que gestiona estas viviendas–, que fue la primera en rubricar el documento que la convertía en ocupante legal de la casa en la que habita desde hace cinco años, cuando desalojaron el poblado chabolista de Puerta de Hierro y se quedó sin casa.

Durmió, recuerda, varios meses con sus tres hijos –que ahora tienen 9, 13 y 17 años– y su marido en una furgoneta. Dice que la desesperación les llevó a meterse en un piso donde no vivía nadie y que pertenecía a Sareb. El llamado 'banco malo' incluyó esta casa dentro del cupo de 300 que cedió al Ayuntamiento en usufructo.

Por este convenio, que tiene una duración de ocho años, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) recibirá casi 3 millones de euros como contraprestación por ceder las viviendas. Luego se podrá renovar anualmente. Por cada una de las 300 casas, el Ayuntamiento paga al banco malo 125 euros por las libres y 75 por las ocupadas hasta que todo se regularice.

¿Y a quién pagan los inquilinos? A la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo, con quien firma su contrato y hace las veces de casera. El banco malo se encarga de pagar el IBI y la comunidad de vecinos y recibe mensualmente la parte acordada con el Ayuntamiento. Las obras para que las viviendas estén en condiciones adecuadas las pagan a medias las dos entidades hasta un tope de 5.000 euros.

En este punto, aseguran fuentes de las dos partes, ha habido discrepancia de opiniones entre el Ayuntamiento y Sareb. De hecho, algunas viviendas han sido devueltas tras el análisis de técnicos de la EMVS. "Ha pasado a la hora de definir adecuaciones, ver cuándo sí se hacía una reforma y cuándo no", explican fuentes de Sareb a eldiario.es, que aseguran que "ya está todo encauzado". Los colectivos de vivienda, como la PAH, argumentan que "los bancos traspasan a Sareb sus peores casas" y con ese patrimonio capea también el equipo de Carmena tras la firma del convenio.

Los técnicos municipales siguen evaluando algunas viviendas todavía, confirman desde el Ayuntamiento, y "se trata de hacerlo con la máxima celeridad pero con garantías". Teresa cuenta que lo que iba a ser una reforma más amplia se quedó en "el cambio de dos baldosas, una ventana y una vitrocerámica".

La fórmula administrativa para permitir que familias como la de Teresa regularicen su situación acarrea también mucho retraso en el proceso. "Desde que se pusieron en contacto conmigo hasta que hemos firmado ha pasado mucho tiempo. No sabían qué forma dar a mi contrato de alquiler porque no venía de una lista, así que tengo uno de emergencia social por tres meses y ya veremos. A mí esto me ha dejado dormir por primera vez en muchos años que he pasado pensando que igual al día siguiente no tenía casa", cuenta la mujer, de 40 años. La familia de cinco miembros vive con 650 euros al mes de renta mínima, dice, y pagan 65 de alquiler.

La EMVS se reconoce saturada

Mientras, miles de personas continúan esperando en la capital con necesidad inmediata de vivienda. Son 8.000 familias en situación de emergencia, catalogados como tal por Servicios Sociales. "Se van adjudicando según hay disponibilidad y según las posiciones de la lista, donde las familias pueden tener hasta 100 puntos. Las que tienen el máximo son las primeras. Y de momento no se están firmando contratos con personas con menos de 80 porque hay muchísimas que están por encima", explican fuentes municipales.

Lidia y Santiago, una pareja con cuatro hijos, no llegan a los 40 y no tienen casa. El fondo buitre que compró 1862 viviendas sociales durante el mandato de la exalcaldesa del PP Ana Botella la desalojó del piso vacío en el que entró ilegalmente por no tener otra alternativa, sostienen. "Vivíamos en casa de mi abuela 12 personas y y no era posible mantener esa situación más tiempo, así que entramos en un piso de Bankia que vendieron y tuvimos que marcharnos. Luego en este de Fidere, del que nos han echado sin alternativa", explica la mujer, que lleva acampada desde hace más de una semana frente a la junta de distrito de Carabanchel a la espera de una solución.

La Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid ha reabierto su expediente –lleva años solicitando vivienda pública en los dos niveles: municipal y regional– tras sancionarla dos años por ocupación ilegal y tramitará una alternativa en un plazo de dos meses. Porque la EMVS, reconocen desde ese mismo distrito, "no tiene capacidad para dar salida a todos los casos que hacen cola en sus puertas". La venta al fondo de capital riesgo Magic Real Estate-Blackstone en 2013 dejó amputado el parque público de la capital: si en 2010 la empresa tenía una cartera de 10.600 pisos, el número mermó hasta poco más de 6.000 en 2015, según datos del Ayuntamiento.

Y no solo eso. Sobre la operación de venta  la Cámara de Cuentas dictaminó que se habían "vulnerado las más elementales reglas de buena gestión": se vendieron promociones enteras eliminando el derecho de tanteo de los inquilinos y sobre la base de un informe que ofreció como única solución a los problemas económicos de la EMVS vender los pisos. Esa consultora era PriceWaterhouseCoopers (PWC), que además de asesorar al Ayuntamiento también prestaba sus servicios a la empresa adjudicataria.

El equipo de Ahora Madrid hizo de la vivienda digna una de sus banderas cuando empezó a gobernar el Ayuntamiento en 2015. El objetivo es "llegar al nivel de vivienda pública existente en los años previos a la venta de promociones municipales".

Para conseguirlo, el consistorio ha puesto en marcha nuevas fórmulas como la  compra de viviendas a particulares en un momento en que el mercado libre está al alza. La cartera, de momento, no se ha podido ampliar por esta vía. La otra, la de construir más casas, está en proceso: la alcaldesa dijo que se levantarían durante la legislatura 4.200 viviendas destinadas solo al alquiler.

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