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Las claves de la causa sobre la privatización de hospitales

50 magistrados decidieron en enero paralizar temporalemente el plan privatizador de seis centros diseñado por la Comunidad de Madrid

Cinco preguntas para entender qué se juega el modelo sanitario en esta sentencia

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Ribera Salud recurre la suspensión del concurso de los hospitales de Madrid

Manifestación en el Hospital Infanta Leonor, uno de los previstos para ser privatizado.

El fallo judicial afecta a 1.149 camas hospitalarias, cuatro centros de especialidad, 92 municipios más dos distritos de la capital, 5.128 profesionales y… la sanidad de 1.151.588 personas. En el otro lado de la balanza, un contrato global de 4.679.820.419 euros y tres contratistas pendientes de sus adjudicaciones por diez años: Ribera Salud, Hima San Pablo y Sanitas. 

¿Qué se juzga?

La privatización de la sanidad, sí. Pero ¿en qué sentido? La cincuentena de magistrados van a decidir sobre la manera en la que la Comunidad de Madrid ha subastado la gestión integral de seis hospitales por parte de contratistas privados. Según el auto que confirmó la suspensión cautelar del plan, el recurso afecta a las resoluciones oficiales que fueron desarrollando el proyecto: "Por la que se hace pública la convocatoria del contrato" (30-04-2013); la que la confirma (28-06-2013) y la que "introduce determinadas correcciones en la primera" (03-06-2013).

Esta última decisión rebajó de golpe el aval que debían presentar las empresas aspirantes: del 10% del contrato total de diez años al de una sola anualidad, haciéndolo mucho más asequible. La suspensión entendía que esta modificación, a pocos días de conocerse las ofertas, cambiaba sustancialmente el concurso. Se juzga la forma de "todo el proceso de privatización en su conjunto, no un acto aislado del mismo".

¿Quién lo juzga?

La privatización hospitalaria ha provocado hasta siete recursos diferentes. La suspensión cautelar ahora en vigor fue firmada por el magistrado Carlos Gómez Iglesias, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4, el 3 de septiembre de 2013. Ocho días después, la Sala Tercera –con cuatro magistrados diferentes– tomaba una decisión idéntica.

Sin embargo, el caso lo va a juzgar finalmente el grupo de 50 magistrados que se encargan de estos asuntos en el Tribunal Superior de Justicia. Así lo decidió el presidente de esta sala el 11 de octubre al reunir todos los recursos. Ese juez era Gerardo Martínez Tristán, esposo de una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha (PP). Este parentesco provocó que el Partido Socialista de Madrid recusase su participación. Tras los dos autos judiciales en su contra, el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se congratuló de esta decisión: "Serán 50 y no uno los que decidan".

Desestimada la recusación contra Martínez Tristán, éste abandonó su cargo al ser elegido para la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Por el camino se llevó el acta de senador del líder socialista regional, Tomás Gómez, quien pretendió protestar así contra el acuerdo entre PP y PSOE para la lista de vocales del CGPJ en la que entraba el magistrado. El nuevo presidente es Miguel Ángel Vegas Valiente. El TSJM aclara que "cada magistrado tiene un voto", sin más valor uno que otro. 

¿Cuándo se juzga?

Las sesiones para estudiar el asunto están programadas para los días 9 y 10 de enero. Tendrán que ir resolviendo sobre cada demanda. Están convocados en sesiones de mañana y tarde.

¿Quién demandó?

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) contrató un bufete de abogados para tramitar la oposición en los juzgados. 50 diputados regionales del Partido Socialista de Madrid presentaron un recurso similar al de los médicos, pero los jueces entendieron que no estaban "legitimados". Esa medida también está recurrida y la sala de los 50 tendrá que resolverlo.

¿Es la única vía judicial en activo?

No. Medio centenar de senadores del PSOE presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que permitía abrir el proceso administrativo de privatización. El TC lo admitió a trámite el 23 de abril de 2013, pero esto no conllevaba medidas cautelares porque sólo surten efecto inmediato cuando el que presenta el recurso es el Gobierno central (como en el caso del euro por receta, cuya reclamación por parte de Mariano Rajoy paralizó la tasa en Madrid y Cataluña).

Además, el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Madrid tiene abierta una causa por la querella presentada por la AFEM contra un proceso anterior de privatización de centros sanitarios similar al actual (aunque de menor escala) y por el que están imputados los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, así como la actual viceconsejera, Patricia Flores, y el director de Atención Especializada, Antonio Burgueño.

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