La Nueva Agenda Urbana: ¿Qué papel para ciudades y regiones?
Esta semana ha tenido lugar en Quito la Tercera Conferencia sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible-Hábitat III (conocida como la Nueva Agenda Urbana o Hábitat III) que reúne cada 20 años a Naciones Unidas para discutir sobre los grandes retos que suponen la urbanización y los asentamientos humanos para el planeta, así como para diseñar una nueva hoja de ruta. A pesar de que el mundo de las relaciones internacionales y de la política en general está aún muy monopolizado por los estados-nación, actores principales en las negociaciones de la declaración de Quito, las ciudades y autoridades sub-nacionales juegan cada vez más un papel determinante en la diplomacia internacional. Lo que se conoce como paradiplomacia.
¿Pero qué nos jugamos exactamente después de la aprobación de la declaración de Quito? ¿Cuáles son las demandas principales de las ciudades de cara al futuro y por qué podemos considerar la Nueva Agenda Urbana como un avance positivo para la paradiplomacia?
El documento sobre la Nueva Agenda Urbana menciona alrededor de 40 veces a los gobiernos locales y regionales, mientras que, en general, contiene varias de las demandas abanderadas por la Asamblea Global de Gobiernos Locales y Regionales (surgida para influir el proceso de Hábitat II) y pilotada por la Global Taskforce, que reúne a las distintas redes de gobiernos locales y regionales en una misma plataforma para darles voz en las discusiones globales en el marco de Naciones Unidas (COP21, Agenda Urbana, Objetivos de Desarrollo Sostenible, etc).
Además, también reconoce el papel de la Asamblea Global de Gobiernos Locales y Regionales en el diseño de la Nueva Agenda Urbana, así como en el proceso de monitorización y revisión de ésta. Por otra parte, se menciona la necesidad de destinar más recursos a las áreas metropolitanas y al desarrollo de las capacidades de los gobiernos locales para los próximos 20 años mientras que el texto reconoce la necesidad de integrar las iniciativas internacionales en materia de sostenibilidad y desarrollo en una única agenda. Es por ello que el documento incluye la voluntad de construir sinergias para la implementación y revisión de la Nueva Agenda Urbana con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (conocida como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; anteriormente llamada Objetivos de Desarrollo del Milenio) y, especialmente respecto al punto No.11, que hace referencia al diseño de ciudades sostenibles, inclusivas, seguras y resilientes.
Otro de los grandes éxitos de la Nueva Agenda Urbana para las ciudades y estructuras urbanas es la inclusión en el texto del concepto de “derecho a la ciudad”, una de las propuestas estrella de la Global Taskforce de cara a la cumbre de Quito.
El derecho a la ciudad persigue una especie de “municipalización” de los derechos humanos, siendo la ciudad su máximo exponente. Más concretamente, la idea de dicho concepto es intentar asegurar el derecho de todos los habitantes de una ciudad, tanto del presente como del futuro, a usar, ocupar y producir temporal o permanentemente, ciudades justas, inclusivas y sostenibles, entendiéndolas como un bien común esencial para una vida plena y decente. Por desgracia sin embargo, las urbes actuales están aún muy lejos de tal concepto, por el uso excesivo del coche privado, la especulación, la falta de participación ciudadana y el dogma de que la tecnología, los grandes acontecimientos y las smart cities solucionarán todos nuestros males y democratizarán las ciudades.
Sin embargo, la realidad es que en un mundo cada vez más global, en el que las áreas urbanas juegan cada vez más un papel central, la gentrificación, los cambios físico-espaciales y económicos, así como la creciente densidad o la falta de planificación y un diseño espacial poco propicio a contribuir a la creación de ciudades más inclusivas, pueden tener un efecto en la igualdad de oportunidades y acceso a los servicios.
El objetivo de la introducción de dicho concepto es justamente trabajar para que ningún habitante se vea obligado a abandonar la ciudad o a vivir en condiciones inaceptables por una mala concepción de la planificación y el desarrollo urbano. Garantizar el respeto a la igualdad de género, la función social del suelo o el control de la gentrificación son objetivos subyacentes de dicho concepto. Objetivos que están por primera vez presentes en un acuerdo global en el marco de Naciones Unidas.
Sin embargo, a pesar de la gran importancia que tiene la introducción de dicho concepto en la estrategia de desarrollo urbano para los próximos 20 años desde la perspectiva de la “municipalización” de los derechos humanos, el reto a partir de la firma de la declaración sobre la Nueva Agenda Urbana será implementar dicho concepto de forma efectiva. Especialmente, teniendo en cuenta que existen aún muchas voces críticas con el proceso (Hábitat III Alternativo, Resistencia Hábitat III) por la distancia entre las palabras y los hechos, así como por la concepción de desarrollo urbano actual, las dudas sobre su concreción en lo que se refiere a los instrumentos para implementarla, la falta de recursos a nivel local y regional y una percepción jerárquica de gobernanza multinivel en la que las autoridades sub-nacionales son percibidas aún como súbditas del estado-nación.
El éxito de la Nueva Agenda Urbana dependerá de si conseguimos una gobernanza global multinivel reforzada y descentralizada que fortalezca las capacidades a nivel local, a través de la profesionalización de la paradiplomacia, destinando más recursos a las ciudades y sin olvidar la relación con el mundo rural, así como las áreas urbanas de tamaño intermedio. Diseñar instrumentos y mecanismos de implementación específicos que vayan más allá de las palabras para que todo lo acordado se convierta poco a poco en una realidad es el siguiente paso.
En general, las ciudades han conseguido empezar a avanzar en esta dirección a través de la inclusión en el texto de demandas tales como: mejorar la financiación de las infraestructuras urbanas a través de la creación de nuevos instrumentos públicos y privados, un fondo global para el desarrollo de infraestructuras, servicios básicos y vivienda, así como el fortalecimiento de bancos de desarrollo a nivel urbano, un mejor acceso a financiación para luchar contra el cambio climático a nivel local y un mayor control de las finanzas desde las ciudades.
Pero para ello, necesitamos un partenariado renovado entre niveles de gobierno a nivel global respecto al diseño y planificación de las políticas públicas a nivel urbano, así como un Partenariado Global para la Localización de las Finanzas que actúe como una coalición multi-actor y multinivel que tenga por objetivo fortalecer programas y líneas de financiación para gobiernos locales y regionales (descentralización, profesionalización, etc).
Finalmente, también piden a la comunidad internacional y a los estados que reconozcan a la Asamblea Global de Gobiernos Locales y Regionales como el legítimo interlocutor para el seguimiento y asesoramiento político respecto a la evolución futura de la Nueva Agenda Urbana y las distintas agendas globales de desarrollo, así como sobre su implementación. En otras palabras, el reconocimiento de los gobiernos locales como un actor central e indispensable y no sólo como una simple fuente de consulta para el futuro de la Nueva Agenda Urbana.
Un reconocimiento indispensable de la paradiplomacia si queremos garantizar que el acuerdo firmado en Quito no quede en papel mojado y las autoridades locales monitoricen la voluntad política de los estados, teniendo en cuenta que la hoja de ruta no es un documento legal vinculante.
Los estados y las ciudades no deberían competir entre sí, sino más bien, trabajar juntos por un futuro mejor. Voluntad política, recursos, descentralización, empoderamiento urbano, paradiplomacia profesionalizada, gobernanza multinivel reforzada e instrumentos de implementación más concretos son las claves para el futuro de la Nueva Agenda Urbana.
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Carlos Mascarell Vilar es asesor en Gobernanza y Ciudadanía del Consejo Europeo de Municipios y Regiones (CMRE), sección Europea de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
