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El billete único intermodal: una reivindicación ciudadana

La actitud de la Comunidad de Madrid de despreciar la opinión de 199.280 vecinos de Madrid, libremente expresada, respecto al llamado billete intermodal no tiene ninguna base

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Imagen de archivo del Metro de Madrid. EFE

Casi 200.000 personas han apoyado el billete único intermodal de transportes en la consulta ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido la propuesta con mayor respaldo, gracias al 94% de votos favorables. Pero no solo ha sido la ciudadanía madrileña la que ha impulsado este cambio. También en la Asamblea Regional fue aprobada una proposición similar para la creación de un billete único, con el respaldo de PSOE, Podemos y Ciudadanos. Ahora la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, y su consejero de Transportes, Pedro Rollán, han salido prestos a negar esta posibilidad, que ni siquiera se plantean estudiar.

Barcelona, Valencia, Lisboa, Roma, Bruselas, entre otras muchas ciudades, han implantado el billete único; y otro buen número, soluciones que favorecen la intermodalidad. En Madrid, esta está cubierta para los usuarios frecuentes con el abono de transportes, pero para el resto el transbordo entre los diferentes modos está penalizado, encareciendo su vida diaria y favoreciendo el uso del vehículo privado.

La inmensa mayoría de los desempleados y desempleadas, a las que no cubre el bono transporte para parados de Cristina Cifuentes, o aquellas personas a las que no les sale rentable adquirir un abono mensual por sus hábitos diarios pero necesitan desplazarse o les gusta salir a disfrutar de su ciudad se ven disuadidos del transporte público.

Madrid no puede quedar atrás en aquellas políticas públicas que benefician a los ciudadanos y que, en este caso, a su vez redundan en el bienestar colectivo, como es el cuidado del medio ambiente y la protección de la salud. La movilidad sostenible que plantea el Ayuntamiento, y que se nos exige desde Europa por los altos niveles de contaminación, tiene que basarse en medidas que fomenten el transporte público. Ya en 2003, un informe técnico de un grupo de trabajo internacional sobre integración tarifaria del que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid formaba parte planteaba la integración modal como un desafío. Más de una década después, el Consorcio de Transportes ni siquiera se plantea estudiar esta posibilidad.

"El hecho de tener que comprar varios billetes sucesivos para un solo desplazamiento tiene un efecto disuasorio en el usuario. Además, el pago repetido hace que el viajero sea mucho más consciente del coste del viaje que cuando va en coche, lo que da la sensación subjetiva de que el transporte público es mucho más caro de lo que es en la realidad, y dificulta el uso y la comprensión del mismo", se lee en el informe del Consorcio disponible en su web. También destaca que "la integración tarifaria favorece la movilidad y dispone el transporte público como una solución continua" y hace que su uso "sea más sencillo y accesible".

Coincido totalmente con este análisis técnico. El billete único permite comprar tiempo de viaje, haciendo el recorrido más cómodo y eficiente, evitando duplicidades en la red y permitiendo combinar medios como el Cercanías, eficaz en las grandes distancias, con los autobuses de la EMT, que garantizan la proximidad. Es, pues, una solución eficaz que da respuesta a una antigua reivindicación ciudadana que este Ayuntamiento ha hecho suya y, lo más importante, es una forma de fomentar el transporte público precisamente entre los usuarios no habituales.

El Consorcio no es propiedad de la Comunidad, pese a las declaraciones del Gobierno regional en los últimos días. Para la señora Cifuentes y el señor Rollán, el Consorcio no es, como su propio nombre indica, una agrupación de diferentes entidades públicas, en este caso con el fin común de ofrecer el mejor, más eficiente y más económico transporte público posible a la ciudadanía, sino un instrumento para plasmar sus políticas, no solo de transporte, en toda la región. Esta y no otra ha sido la razón última de los desencuentros entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid sobre el Consorcio.

Además, al consejero de Transportes le traiciona el subconsciente cuando afirma que el voto en la Comisión Delegada del Consorcio es ponderado en función de las aportaciones de las diferentes administraciones. No es así y nunca ha sido así desde su creación, ni siquiera lo ha sido desde que, tras las elecciones municipales y regionales de 2015, el Gobierno Regional en funciones impuso con los miembros del Consejo de Administración en funciones que el presidente del Consorcio tuviera voto de calidad en la Comisión Delegada, paritaria hasta ese momento, sustituyendo el obligado consenso en la toma de decisiones del órgano ejecutivo del Consorcio por la imposición.

La actitud de despreciar la opinión de 199.280 vecinos de Madrid, libremente expresada, respecto al llamado billete intermodal no tiene ninguna base. Esta propuesta es tan digna de ser debatida técnica, económica y políticamente en el seno del Consorcio como otras, cito solamente el Abono Joven, que han tenido una trascendencia importantísima para las cuentas del Consorcio sin que se admitieran discusiones al respecto, a pesar de que el Ayuntamiento colabora en su financiación.

El Ayuntamiento de Madrid llevó la propuesta del billete intermodal a la Comisión Delegada del Consorcio en noviembre del 2015 para dar respuesta al programa electoral de Ahora Madrid, que fue apoyado por 519.210 personas. Como ahora, la Comunidad no se planteaba siquiera su estudio porque no está en su hoja de ruta, olvidando que el Consorcio es de todos. Esta afirmación deberá explicarla el Gobierno regional a los ciudadanos de la región, ya que no es Manuela Carmena quien ha propuesto el billete intermodal, han sido las madrileñas y madrileños, que no tienen por qué saber de competencias y que no encuentran ningún espacio para poder plantear sus propuestas a la Comunidad de Madrid.

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Inés Sabanés Nadal es delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y vicepresidenta del Consorcio Regional de Transportes de Madrid.

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