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¿Por qué la creación de empleo no está reduciendo la desigualdad?

La crisis ha consolidado una caída de 1,5 puntos en el peso que tienen los salarios sobre la renta nacional

Es decir, una transferencia anual de unos 15.000 millones de euros desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital 

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Veinte personas tienen en España tanto dinero como el 30% de la población, según Oxfam Intermón

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Para defender su gestión, la ministra Báñez y los ministros Montoro y De Guindos recurren habitualmente al mantra de que “la mejor medida para reducir la desigualdad es la creación de empleo”. Afirman que la mayor parte del incremento de la desigualdad que se ha producido durante los últimos años se explica fundamentalmente por la destrucción de puestos de trabajo. Y en buena medida tienen razón: cabe esperar que en una economía en la que la tasa de paro ha llegado al 26%, gran parte de la desigualdad responda a la falta de empleo de millones de familias. Sin embargo, lo contrario ha dejado de ser cierto: a pesar de las declaraciones del Gobierno, la reciente creación de empleo no está permitiendo reducir la desigualdad.

La distribución de la renta presenta dos dimensiones: la distribución primaria o de mercado (también llamada pre-distribución), es decir, aquella que se da en el ámbito productivo como resultado del reparto del ingreso nacional entre rentas del trabajo, rentas del capital y ganancias del patrimonio; y la distribución secundaria, o de la renta disponible, que es la que persiste después de que el sector público lleve a cabo su labor redistributiva, utilizando para ello los impuestos y las transferencias sociales.

Las políticas de austeridad fiscal aplicadas (erróneamente) como respuesta a la crisis han reducido esta capacidad redistributiva del Estado, contribuyendo poderosamente al empeoramiento de la distribución de la renta, así como a la expansión de la pobreza y la exclusión social en nuestro país.

No obstante, el mayor incremento de la desigualdad se ha producido en el ámbito de la distribución primaria, en el mercado de trabajo. Desde el inicio de la crisis el índice de Gini medido antes de impuestos y transferencias ha aumentado más de siete puntos, por encima de los casi tres puntos que lo ha hecho el índice de Gini final. Cierto es que buena parte de este incremento de la desigualdad primaria se explica por la dramática destrucción de empleo provocada por la crisis y las políticas de austeridad. Sin embargo, la evolución reciente de la desigualdad apunta a algo más.

Entre 2014 y 2017 se han creado 2 millones de puestos de trabajo en la economía española. A pesar de ello, el índice de Gini antes de impuestos y transferencias ha seguido aumentando (de 49,3 a 50,7 puntos), al igual que el índice de Gini final (de 33,7 a 34,5), situando a España como el segundo país más desigual de la Eurozona, sólo por debajo de Lituania. En la gran mayoría de países del mundo la creación de empleo sirve para reducir o, al menos, contener el incremento de la desigualdad. Así ocurrió en la economía española hasta 2007. Sin embargo, las políticas que el gobierno del Partido Popular ha desarrollado en los últimos años han provocado que ese nexo entre creación de empleo y reducción de la desigualdad se haya erosionado profundamente.

La erosión de este nexo responde fundamentalmente a dos causas: el intenso ajuste salarial propiciado por las últimas reformas laborales, y el aumento del empleo atípico (temporal y a tiempo parcial), generalmente de mala calidad. Así, las reformas del mercado de trabajo implementadas han facilitado que los ajustes ante nuevas crisis recaigan sobre los asalariados. Pero, aún más preocupante, han dificultado que las recuperaciones económicas se transmitan a los trabajadores.

La crisis ha consolidado una caída de 1,5 puntos en el peso que tienen los salarios sobre la renta nacional. Es decir, una transferencia anual de unos 15.000 millones de euros desde las rentas del trabajo hacia las rentas del capital. El debilitamiento de la negociación colectiva, el recurso a la unilateralidad de los empresarios para fijar salarios y condiciones de trabajo, la menor protección frente al despido y el propio desempleo han generalizado las caídas salariales en nuestra economía. Simultáneamente, el 60% de los nuevos empleos creados entre 2014 y 2017 son, o bien temporales, o empleos a tiempo parcial. Dado que un empleado temporal cobra en término medio unos 8.000 euros al año menos que un empleado indefinido, la generalización del empleo de mala calidad no hace sino romper el vínculo entre creación de empleo y reducción de la desigualdad.

Debe tenerse en cuenta además que los sectores tractores que están impulsando la recuperación económica –y la creación de empleo– son precisamente sectores de perfil tecnológico medio-bajo, y con limitada productividad (hostelería, turismo, comercio minorista, etc.). Este perfil estructural de la recuperación –propio de un país que carece de una verdadera política industrial– refuerza el peso que tienen los bajos salarios en nuestro modelo productivo.

Además, aunque el ajuste salarial se ha aplicado a lo largo y ancho de la economía española, no ha sido en absoluto un fenómeno homogéneo. En su última comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Luis de Guindos recalcó que la caída del salario medio que muestran las estadísticas del INE para 2016 se debe a una reducción de los salarios altos proporcionalmente mayor que la reducción de los más bajos. Sin embargo, si se amplía el foco hasta 2011 se constata que quienes más han sufrido el ajuste han sido precisamente las personas que menores ingresos tienen: para el 10% que menos gana la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante la crisis alcanza el 30%.

Ya conocemos la respuesta del Gobierno: “a pesar de la contracción de los salarios, de la mala calidad del empleo y del consiguiente incremento de la desigualdad, el crecimiento está sirviendo para que las familias mejoren su situación y disfruten de la recuperación económica”. Nada más lejos de la realidad, como muestran las estadísticas: hoy un 28% de españoles se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, y el crecimiento no está reduciendo apreciablemente dicho porcentaje. En nuestro país, encontrar un empleo ha dejado de ser garantía de vida digna y de integración social.

Frente a esta situación, es imprescindible una ofensiva contra la precariedad y por la recuperación de los salarios. Dicha ofensiva debe pasar por facilitar un marco de pre-distribución más equilibrado entre trabajadores y empresarios: subir progresivamente el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros/mes, desincentivar fuertemente el uso abusivo de la temporalidad y recuperar la negociación colectiva. Pero, además, la reducción de las desigualdades exige implementar un plan de Renta Garantizada que erradique la pobreza monetaria de nuestro país, similar al que ya existe en el País Vasco o Navarra. Estas medidas ayudarían a garantizar que el crecimiento del empleo se traduzca efectivamente en una mejora de las condiciones de vida y en inclusión social.

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