Espías rusos y empleados de Wagner: el dinero de la estafa Juicy Fields acabó en una fábrica de drones del Kremlin
La promesa de hacerse rico por invertir en plantaciones de cannabis de la estafa piramidal Juicy Fields escondía un trasfondo inimaginable para quienes perdieron sus ahorros en el negocio: buena parte del dinero defraudado acabó destinado a una fábrica de drones del Ministerio de Defensa ruso.
Uno de los cerebros de la trama, Sergei Berezin, afirmó el pasado 11 de noviembre ante el juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional que prácticamente la mitad de los 645 millones de euros defraudados acabaron destinados a una fábrica de drones en San Petersburgo, según fuentes presentes en la declaración.
La confesión de Berezin, extraditado a España tras su detención en abril de 2024 en República Dominicana, donde se escondía bajo una identidad falsa, apuntala lo que algunos investigadores llevan tiempo sospechando: el mayor fraude piramidal de Europa contó con el respaldo del Kremlin y en él participaron agentes vinculados a los servicios secretos rusos y al grupo de mercenarios Wagner.
El fraude de Juicy Fields fue destapado por elDiario.es en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero.
La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana.
La declaración voluntaria de Berezin ante el juez ha supuesto un giro en la investigación. Por primera vez, el presunto cabecilla de la trama admitió que nunca existieron beneficios de las plantaciones de cannabis y que, de los 645 millones de euros robados, apenas 30 se destinaron a contratar personal, elaborar estrategias de márketing y financiar cultivos para dar una apariencia de credibilidad al negocio.
Berezin empezó afirmando ante el juez instructor que era un simple traductor con conocimientos de márketing. Tres horas más tarde, sin embargo, acabaría admitiendo que tomaba decisiones de calado en la organización. Mencionó el nombre de cuatro personas que lideraban la mitad del fraude y afirmó que la otra mitad la manejaban unos “socios ocultos” en Rusia cuya identidad no quiso desvelar.
Los lazos que unen a Juicy Fields con el Kremlin
En septiembre de 2017, unos agentes de la CIA le entregaron en una habitación de hotel de Berlín un maletín con 100.000 dólares a un enigmático ciudadano ruso que aseguraba estar vinculado al Kremlin y al submundo del crimen organizado de San Petersburgo.
El pago tenía que ser el primero de diversas transferencias, hasta llegar al millón de dólares, que acordaron abonar a cambio de la entrega de armamento informático robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. El pacto también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en un hotel de Moscú.
En las reuniones que se hicieron previas a la entrega del dinero, el misterioso enviado del Kremlin llegó a citar a los agentes americanos en la embajada rusa de Berlín para negociar el acuerdo. Tras el primer pago, sin embargo, los agentes de la CIA constataron que todo era una estafa y cortaron la relación, según publicó el New York Times.
El hombre se llamaba Viktor Bitner, confirman fuentes de la investigación, y es la misma persona que registró en noviembre de 2019 en Berlín la primera sociedad de Juicy Fields.
El caso de este agente es uno de los varios hilos que unen a los cabecillas de Juicy Fields con el Kremlin, en una historia que muestra cómo el crimen organizado y el Estado ruso son a día de hoy vasos comunicantes.
“La línea que separa un mundo del otro es muy fina”, apunta el criminólogo de la Universidad de Oxford y experto en crimen organizado ruso Federico Varese. “Los criminales pueden operar independientemente mientras hagan lo que el Kremlin quiera”.
La propia Europol alerta en un informe de 2025 sobre la “alianza en la sombra” entre bandas criminales y el estado ruso. Según esta agencia policial europea, Rusia aprovecha “los recursos, la experiencia y la protección” de estas organizaciones para lograr sus objetivos. “El fraude en línea ha alcanzado niveles epidémicos”, añade el mismo informe.
Según Varese, una estafa como la de Juicy Fields no podría haberse originado en Rusia sin la aquiescencia del Gobierno. “Es prácticamente imposible”, sostiene en conversación telefónica.
Tampoco le sorprende que parte del dinero robado acabara en una fábrica de drones. “Hay una criminalización de la economía rusa desde la guerra”, apunta este experto, al tiempo que recuerda las estrategias de algunas empresas para evitar sanciones. “Y existe una integración entre el mundo criminal y el esfuerzo del país para la guerra de Ucrania”.
Los registros empresariales confirman que Vitaly Markevich, considerado el ‘número dos’ de la estafa y señalado este noviembre ante el juez por Sergei Berezin, está vinculado a la mencionada empresa de drones, situada en San Petersburgo. Según desveló un consorcio de medios que investigó la estafa, la compañía contaba con el logotipo del Ministerio de Defensa ruso en su web.
Markevich, de 41 años, logró escapar de la gran operación internacional —en la que participaron hasta 400 agentes de España, Francia y Alemania— que se saldó con varios registros y detenciones por todo el mundo. Estaba empadronado en la Casa Rusa de Berlín, un centro cultural gestionado por una organización dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. Al llegar los agentes, sin embargo, Markevich se había esfumado.
Las conexiones no acaban en la empresa de drones rusa. El que fuera jefe de seguridad de Juicy Fields, Igor Kekshin, es un expolicía de San Petersburgo que estuvo a sueldo del grupo de mercenarios Wagner tras salir de prisión por secuestro, extorsión y detención ilegal.
Kekshin es uno de los arrepentidos del fraude y testificó ante la policía de Berlín durante tres días. Posteriormente desapareció y subió un vídeo en el que aseguraba que todo lo que había dicho era mentira.
La información que desveló, en todo caso, resultó ser valiosa. Fue él quién alertó de que el presunto líder de Juicy Fields detenido en República Dominicana emprendió con anterioridad un fraude similar en Polonia llamado Reciclix.
El que fuera su principal testaferro en esa estafa previa, un lituano llamado Aleksandr Suranovas, fue detenido el pasado verano por enviar paquetes con explosivos a través de la empresa DHL. Se le acusa de trabajar para el GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, según publicó el Wall Street Journal.
La dificultad para detener al resto de fugados
La instrucción del caso avanza lentamente en la Audiencia Nacional ante la complejidad del fraude. Paralelamente, también la fiscalía de Berlín lleva a cabo su propia indagación en lo que, según fuentes jurídicas, podría anticipar un conflicto competencial por ver quién se acaba quedando con el caso.
Fuentes jurídicas de ambos lados destacan, en todo caso, la dificultad para continuar con las pesquisas cuando indagan sobre sospechosos que han logrado huir a Rusia. “Es un muro infranqueable”, apuntan.
“Desgraciadamente, la situación de conflicto geopolítico entre Rusia y occidente comporta que no se pueda procesar a ningún criminal ruso si están en ese país”, apunta Varese, el experto de Oxford. “Rusia protege a estos criminales”.
Entre los procesados se encuentran algunos de los presuntos cabecillas del fraude pero también un buen número de empleados de la compañía que aseguran que no sabían que todo era una estafa.
Algunos han recibido amenazas de muerte, pintadas en su domicilio y hasta falsos paquetes bomba para que no desvelen los secretos del fraude que todavía quedan por contar.
Mientras tanto, Berezin se ofreció a colaborar con las autoridades. Aseguró ante el juez instructor que aportaría documentos y grabaciones para ayudar en la investigación. Ofreció, a su vez, aportar bienes por más de 15 millones de euros para indemnizar a víctimas, una cantidad muy por debajo de los 645 millones que la investigación cree que se llegaron a robar.
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