El segundo hachazo a las pensiones
Artículo en colaboración con Líneas Rojas Líneas Rojas
El enésimo Decreto-ley aprobado por el Gobierno supone un segundo hachazo a las pensiones. Tras la decisión de congelar su cuantía en noviembre pasado con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los ya jubilados, el ejecutivo acaba de aprobar cambios normativos que perjudican a los futuros pensionistas y, de manera especial, a los trabajadores que se encuentran próximos a la edad de jubilación. Tiempo habrá para hacer un análisis detallado del contenido del Real Decreto-ley 5/2013, 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, pero hay dos aspectos que justifican por sí mismos el rechazo de los cambios que introduce en el régimen de acceso a la jubilación.
Para empezar el Gobierno rompe el consenso sobre el que se fraguó la reforma de las pensiones de 2011, que contó con el aval del Pacto de Toledo y de los interlocutores sociales. El ejecutivo de Rajoy aprueba unos cambios que afectan a una materia especialmente sensible para la población, como si la paciencia de los ciudadanos fuera infinita, y lo hace de forma unilateral con un desprecio absoluto del diálogo. Cabría por lo demás expresar dudas acerca de la extraordinaria y urgente necesidad que exige nuestra Constitución para la aprobación de un Decreto-ley.
Junto a ello, las novedades normativas suponen la ruptura del equilibrio sobre el que se articuló la reforma de 2011 y que tenía una doble virtud. Garantizaba la sostenibilidad en el largo plazo del sistema público de pensiones, tal como acreditan todos los organismos europeos e internacionales. Pero además lo hacía de un modo razonablemente equitativo, pues a cambio de un mayor esfuerzo contributivo de los trabajadores, aseguraba la capacidad del sistema para pagar en las próximas décadas más pensiones, de mayor cuantía y durante un tiempo más prolongado como consecuencia del alargamiento de la esperanza de vida y de la jubilación de la generación del baby boom. Una pieza esencial de ese equilibrio era la regulación de la jubilación anticipada que ahora –sin llegar siquiera a entrar en vigor– se modifica para endurecer las condiciones de acceso a la pensión (elevación de la edad, incremento de la cotización exigida) de esta modalidad tan importante para aquellos trabajadores mayores que se ven expulsados del mercado de trabajo sin opciones de reingresar en él y que, por si eso no fuera poco, ven ahora también restringido su derecho al subsidio de desempleo.
El Gobierno presenta estos cambios como inevitables utilizando dos argumentos más que discutibles. Alega que la edad efectiva de jubilación en España es baja (63,9 años), cuando lo cierto es que resulta dos años superior a la media europea y que experimenta en los últimos años una ligera pero constante tendencia al alza. Igualmente se aduce el coste excesivo que las jubilaciones anticipadas tienen para la Seguridad Social sin tener en cuenta que la aplicación de coeficientes reductores rebaja la cuantía de las pensiones evitando ese sobrecoste, salvo en el caso de la jubilación parcial cuya regulación era precisamente corregida por la reforma de 2011.
En definitiva, una vez más el Gobierno utiliza la crisis como coartada para recortar derechos. Las actuales dificultades del sistema de Seguridad Social por la caída de afiliación y el supuesto riesgo de insostenibilidad en el largo plazo son las excusas empleadas para tratar de esconder las consecuencias devastadoras de una política económica que está causando un perjuicio enorme e irreparable a la ciudadanía. Lo más grave es que los recortes en materia de pensiones no han hecho más que empezar: el Gobierno anuncia la modificación del factor de sostenibilidad, un eufemismo para referirse a una reducción de la cuantía de las pensiones. Lo siguiente, es fácil de intuir: el impulso de las pensiones privadas.
