Refugiados en una escuela reconvertida

El antiguo colegio Santa Cruz de Mislata es hoy una escuela cooperativa y una empresa reconvertida, muy particular. Con 42 profesores (36 cooperativistas) y 375 alumnos más 40 de infantil, está ubicada en el barrio de La Creu de Mislata, en la periferia de Valencia (y que da nombre a la escuela).

Desde los años sesenta y hasta 2010 funcionó a cargo de su dueño, Enrique Faus. El propietario tenía muy claro que la escuela debía volcarse al barrio, un lugar de gente trabajadora, poblado por inmigrantes obreros de otras partes de España. Hasta que se jubiló y decidió seguir con su filosofía: dejó la empresa a los trabajadores y la convirtió, en 2011, en cooperativa.

No suele ocurrir, no suele ser fácil. Pero en el caso de esta escuela, la transformación fue muy sencilla, un paso casi natural, gracias a que el mismo dueño había delegado muchas responsabilidades en sus empleados. Y gracias también a una particularidad, muy específica de esta escuela: diez años antes de la reconversión, el barrio La Creu de Mislata acogió a uno de los cuatro únicos Centros de Acogida de Refugiados (CAR) que tiene España.

“Ahora que se está hablando tanto en la prensa sobre el supuesto problema de la llegada de refugiados, nosotros venimos trabajando con ellos desde 1991. La apertura del centro implicó cambiar por completo el proyecto educativo”, explica Miquel Ruiz, actual director pedagógico del centro. “Eso nos implicó no sólo aprender sobre educación, sino organizarnos para trabajar en equipo. Sin un trabajo colaborativo, cooperativo, no hubiera sido posible asumir el reto. Fue apasionante. No es sólo población inmigrante, sino población muy plural, gente muy distinta y que va cambiando”.

En su momento, la Administración educativa pidió a la escuela que trabajara con los refugiados porque Mestres de La Creu era ya un centro de referencia. Dotó de recursos al centro, que terminó por reconocerse como Centro de Acción Educativa Singular (CAES); es decir, que tiene en su alumnado un porcentaje superior a dos tercios de población con necesidades educativas singulares.

“El centro tenía una forma de funcionar con un proyecto permeable a la realidad social, y una estructura de trabajo muy horizontal”, agrega Ruiz. “No recuerdo grandes discusiones respecto a qué hacer. La cooperativa daba continuidad a la modalidad de la escuela. Gran parte de los profesores pasaron a formar parte de la empresa, con pocas excepciones”.

La compra fue asequible para los profesores que quisieron, y el entorno ayudó también a que la transformación se deslizara como una seda. Dieron su apoyo las administraciones educativas, los responsables de la Administración local y el asociacionismo de la zona.

Pero no todo fue ni es “coser y cantar”. Durante la transformación debían asumir dentro de la escuela las necesidades de gestión cooperativa, y articular ese funcionamiento con el proyecto pedagógico. Para ello se duplicaron responsabilidades, se creó una comisión gestora de la transformación, que fue el primer consejo rector. Y esa parte de gestión, como sucede en muchas otras cooperativas, generó y genera una tensión natural, que tiene que ver con el funcionamiento cooperativo.

“Entendemos que no siempre es fácil”, comenta Ruiz, quien ha ido conociendo otros proyectos y transformaciones. “Es cierto que en otras condiciones de partida similares a la nuestra no se dan las condiciones para una transformación. Conocemos casos de escuelas gestionadas por empresarios unipersonales, que tienen un funcionamiento mucho más jerárquico. Eso dificulta mucho el trabajo posterior en cooperativa. Si tuviera que dar un consejo a otros es que favorezcan el funcionamiento de equipos, de los factores colaborativos”.

El consejo rector de Mestres de la Creu lo conforman cinco personas, tres mujeres y dos hombres, y el equipo directivo, que coordina Ruiz, cuatro mujeres y dos hombres.

SALARIOS, FUTURO Y CRISIS

A pesar de ser concertada, los padres no pagan nada por llevar a sus hijos al centro. La escuela trabaja como si fuera pública y los salarios son tan sensibles como los del resto de la Administración. Utilizan el modelo de pago delegado, en el cual la Conselleria paga directamente el sueldo a los profesores y cubre los gastos de funcionamiento de la escuela. Existe allí otro modelo, conocido como “módulo integro”, en el que la Administración da periódicamente una cantidad de dinero, que incluye todo, y es la cooperativa la que lo distribuye.

Como el resto de las organizaciones que dependen del Estado, la escuela, y los salarios sufrieron fluctuaciones presupuestarias, que sin embargo y gracias al apoyo de las diversas administraciones educativas, nunca pusieron en peligro el proyecto.

Pero quedan asignaturas pendientes. Una de ellas, la más importante que se habían marcado al comenzar como cooperativa, es construir nuevas instalaciones, ya que las que la escuela tiene actualmente son insuficientes para sus necesidades.

La construcción de un nuevo centro educativo en Mislata choca en primer lugar con el mismo barrio. Urbanísticamente hablando, el municipio está completo. Es la segunda ciudad de Europa con más alta densidad de población.

A pesar de que se ha trabajado mucho en la gestión cooperativa, la negociación con las entidades financieras no es fácil, y aunque la cooperativa ha tenido distintas opciones, decidió no concretarlas por el temor a no poder cumplir con los pagos y poner en riesgo la cooperativa y el proyecto.

“El ámbito local es el que se ha trabajado más intensamente, con las sedes de la banca privada en Mislata y las negociaciones con el Ayuntamiento”, concluye Ruiz. “La banca ética se ha planteado, pero, por la complejidad del proyecto, los tiempos son más lentos de lo que nos gustaría. Seguimos trabajando con la certeza de que es necesario [seguir con el proyecto]. Supone muchísimo esfuerzo, pero también mucha ilusión”.

[Este artículo pertenece a la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]