Agresiones físicas
En algunos países, como Siria, Turkmenistán y Somalia, los gobiernos, las fuerzas militares y los grupos armados atacan e incluso matan a los periodistas a los que consideran críticos con sus políticas y sus prácticas.
A finales de noviembre, el cámara Hussam Salameh y el periodista Mahmoud al-Koumi, ambos palestinos, que trabajaban para la cadena Al-Aqsa TV, afín a Hamás, murieron al ser atacado el vehículo en el que viajaban por un misil israelí en la ciudad de Gaza. Amnistía Internacional no encontró indicio alguno de que ninguno de los dos fuera más que un periodista civil, a pesar de que las autoridades militares de Israel afirmaron que eran “operativos de Hamás”.
En mayo de 2012, el joven de 18 años Abd al-Ghani Ka'ake, ciudadano de a pie que actuaba como periodista, fue abatido por un francotirador del gobierno en Siria mientras filmaba una manifestación en Alepo. También los grupos armados de oposición han atacado y matado a periodistas.
Unos hombres armados no identificados mataron a tiros al periodista Miguel Ángel López Velasco, su esposa y su hijo en su domicilio de Veracruz, México, en junio de 2011. El periodista había recibido amenazas de muerte.
Abdihared Osman Aden, de Somalia, murió por los disparos de unos hombres no identificados cuando se dirigía andando a su trabajo el 19 de enero de 2013. Al menos 23 periodistas han sido asesinados en Somalia desde 2011.
Amenaza de cárcel
Los periodistas también se arriesgan a que los acusen en virtud de leyes que penalizan la expresión pacífica de opiniones, o a que se presenten contra ellos cargos falsos de motivación política (como posesión de drogas y fraude) para que dejen de informar.
El 12 de marzo de 2013, Avaz Zeynali, periodista de Azerbaiyán que informaba con frecuencia sobre casos de corrupción y criticaba la represión del presidente del país contra medios de comunicación y activistas, fue declarado culpable de soborno, extorsión por amenazas, desacato de la decisión de un tribunal y evasión de impuestos, y condenado a nueve años de cárcel.
En Irán, al menos 18 periodistas han sido detenidos desde enero de 2013, acusados de cooperar con medios de comunicación “antirrevolucionarios” de fuera del país. En Irán hay decenas de periodistas y blogueros encarcelados.
El 5 de febrero de 2013, Abdiaziz Abdnur Ibrahim fue condenado a un año de cárcel en Mogadiscio, Somalia, por insultar a una institución nacional tras entrevistar a una mujer que denunció haber sido violada por fuerzas del gobierno. El Tribunal Supremo sobreseyó el caso en marzo.
En enero de 2012, los periodistas Reyot Alemu y Woubshet Taye fueron declarados culpables de delitos de terrorismo en Etiopía. Durante el juicio se restringió su acceso a los abogados, no contaron con un servicio de interpretación eficaz y se admitieron pruebas conseguidas bajo coacción.
Hostigamiento
Muchos gobiernos consideran que amenazar a los periodistas o a sus familiares es una forma eficaz de silenciarlos.
En Irán, los familiares de la periodista de Voice of America Negar Mohammadi tienen prohibido viajar, y a uno de ellos le fue confiscado el pasaporte en febrero de 2012.
En Yemen, Abdul Karim al-Khaiwani está amenazado desde principios de 2013, tras escribir artículos sobre centros de detención secretos y torturas a manos de la Primera División Acorazada. En dos ocasiones han disparado armas en el exterior de su domicilio y ha recibido llamadas anónimas preguntándole si oía los disparos.
Musa Mohammad Auwal fue detenido por los Servicios de Seguridad del Estado en su domicilio de Kaduna (Nigeria) en febrero pasado, y durante ocho días estuvo recluido y fue interrogado sobre el medio de comunicación para el que trabaja y el paradero de su redactor jefe (que en la actualidad se esconde por temor a perder la vida). El periodista quedó en libertad bajo fianza.
Vigilancia
En algunos países, como Cuba y China, para los activistas y periodistas resulta especialmente difícil informar sobre asuntos de derechos humanos porque sus comunicaciones pueden ser controladas por funcionarios del Estado.
En marzo de 2012, la bloguera y periodista cubana Yoani Sánchez no pudo recibir SMS ni llamadas telefónicas durante la visita del papa a Cuba.
En China, muchas personas fueron condenadas a largas penas de cárcel en 2012 por publicar blogs o enviar información considerada de carácter confidencial.
Según los informes, en marzo de 2013 las autoridades de Arabia Saudí amenazaron con bloquear el acceso a Skype, WhatsApp, Viber y Line si estas compañías de telecomunicaciones no permitían el control de sus aplicaciones encriptadas.
Prohibición del acceso a Internet
Algunos regímenes represivos tratan de controlar el acceso a Internet para regular las actividades de los periodistas.
Las autoridades de China bloquearon temporalmente el acceso a las páginas web del New York Times y Bloomberg y prohibieron las búsquedas de ‘New York Times’ después de que estos medios sacaran a la luz detalles financieros polémicos de algunos dirigentes chinos.
Leyes contra la difamación abusivas
Hay países donde las leyes contra la difamación se utilizan indebidamente para intentar impedir que los periodistas critiquen a las autoridades y a los poderosos.
En Timor Oriental, Oscar Maria Salsinha y Raimundo Oki fueron acusados de “denuncias difamatorias” tras publicar artículos sobre un fiscal de distrito que presuntamente había aceptado un soborno en un caso de accidente de tráfico ocurrido el 18 de octubre de 2011.
En agosto de 2012 comenzó el juicio de Islam Affifi, director del periódico egipcio El-Dostor, por publicar información falsa que “insultaba al presidente” de Egipto. El juicio aún continúa.
Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina en Cisjordania y los servicios de Seguridad Interna de Hamás en la Franja de Gaza tienen un historial de interrogatorio y hostigamiento de periodistas. En marzo de 2013, el palestino Mamdouh Hamamreh fue condenado a un año de cárcel por presuntos insultos al presidente Mahmoud Abbas. Quedó en libertad tras ser indultado por el presidente.
Retirada de visados y licencias
En algunos países, como Siria, los gobiernos niegan o retiran los visados a los periodistas extranjeros –o cancelan las licencias para ejercer a los nacionales– para que dejen de investigar abusos contra los derechos humanos.
En 2011, Siria retiró la licencia a Ayad Shabi por no seguir las directrices del Ministerio de Información para informar sobre las protestas.
Andrzej Poczobut cumple una condena condicional de tres años de cárcel en Bielorrusia, impuesta en julio de 2011, por “difamar al presidente” en sus artículos sobre los presos de conciencia en este país. La sentencia dispone que el periodista debe presentarse regularmente ante la policía y no puede salir de Bielorrusia.
El pasado agosto, un periodista de la BBC que había viajado a Gambia para informar sobre la reanudación de las ejecuciones fue retenido en el aeropuerto y le dijeron que tenía que abandonar el país, a pesar de tener autorización de entrada.
En mayo de 2012, la cadena Al Jazeera en inglés cerró su oficina de Pekín (China) tras negarse las autoridades a renovar el visado de Melissa Chan, que informaba sobre cárceles secretas y abortos forzados.
Ataques que no se investigan
Al no poner en manos de la justicia a los responsables de ataques contra periodistas, los gobiernos transmiten el mensaje de que está permitido impedir que se informe sobre lo que consideran temas delicados.
Una de las personas acusadas de torturar a la periodista Nazeeha Saeed después de que ésta fuera detenida en Bahréin en 2011 quedó absuelta, a pesar de las pruebas periciales de tortura. Nazeeha fue detenida y torturada tras denunciar el homicidio de un manifestante del que ella había sido testigo en la glorieta de la Perla.
En abril de 2012, Idrak Abbasov y Adalet Abbasov fueron hospitalizados en Azerbaiyán tras ser atacados por unos 25 funcionarios estatales y agentes de policía. Los periodistas habían tratado de filmar demoliciones ilegales de viviendas en las afueras de Bakú. El ataque nunca se investigó a fondo.
Nadie ha comparecido ante la justicia en Pakistán por el secuestro y el homicidio de Saleem Shahzad en mayo de 2011. Dos días antes de su muerte, Shahzad publicó un artículo sobre una presunta infiltración de Al Qaeda en el ejército, uno de los temas más delicados y tabú del país.
Cierre de medios
En muchos países las autoridades cierran periódicos y emisoras de radio que consideran críticos.
En los primeros dos meses de 2012, las autoridades de Sudán suspendieron la publicación de tres periódicos en virtud de leyes que les permiten prohibir cualquier publicación que contenga información que amenace la seguridad nacional.
En septiembre pasado, los periódicos de Gambia The Standard y Daily News se vieron obligados a cerrar cuando unos hombres vestidos de civil –se sospecha que agentes de inteligencia– irrumpieron en sus oficinas y ordenaron la suspensión de todas las actividades.
En Somalia, en abril de 2013 las autoridades de Puntland prohibieron tres emisoras de radio en lo que se considera el último de una serie de ataques contra los medios de comunicación ante las elecciones.
Fomento de campañas de difamación
En muchos países, los gobiernos fomentan campañas de difamación contra periodistas que critican a las autoridades.
En Sri Lanka, una campaña de difamación autorizada por el Estado obligó a Gnanasiri Kottegoda a exiliarse en 2012, ya que estaba en juego su seguridad.
La periodista venezolana Rayma Suprani recibe amenazas e insultos a través de SMS y de mensajes en las redes sociales. La periodista cree que se trata de un ataque coordinado a causa de su trabajo como caricaturista política y periodista.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
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