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La asociación andaluza de juristas 17 de marzo denuncia ante la Fiscalía las manifestaciones "ilegales" contra el Gobierno

La asociación pide a la Fiscalía de Sevilla un escrito exigiendo que se investigue a organizadores y participantes "por delitos de manifestación ilícita al poner en peligro la salud pública"

Más de 200 manifestantes marchan por Sevilla contra el Gobierno sin autorización ni distancia de seguridad

Manifestación no autorizada en Sevilla

Manifestación no autorizada en Sevilla

La Asociación Andaluza de Juristas 17 de marzo ha presentado este miércoles ante la Fiscalía de Sevilla una denuncia "contra los organizadores y participantes en las manifestaciones que se vienen celebrando estos días a las nueve de la noche exigiendo la dimisión o el cese del Gobierno". Entiende que se trata de manifestaciones organizadas que "son ilegales por no haberse comunicado previamente a la autoridad y que los participantes incurren en un delito de manifestación ilícita por poner deliberadamente en peligro la vida de las personas al facilitar los contagios por coronavirus".

En una nota de prensa, la asociaicón explica que la denuncia se sustenta en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que el pasado día 30 de marzo prohibió las manifestaciones sindicales convocadas en coches particulares con motivo del 1 de mayo. "En esa sentencia el máximo órgano judicial de Andalucía declaraba que de celebrarse manifestaciones durante el estado de alarma “es un hecho notorio que es completamente seguro que se produzcan contagios entre las personas participantes que luego puedan extenderse entre sus círculos de amistad, profesionales y familiares", dice la nota.

La asociación de juristas defiende "firmemente" el derecho de manifestación y cree que "al no estar suspendido el ejercicio de este derecho, deben permitirse aquellas que cumplan con las medidas de seguridad exigidas para evitar contagios". Por ello mismo, denuncia "el daño que hace al ejercicio legítimo de este derecho la convocatoria de reuniones en lugares de tránsito público que sin ser espontáneas, no respetan medidas de seguridad contra la pandemia ni se comunican previamente a la autoridad competente".

"Estrategia deliberada"

A su juicio, "esta falta de comunicación previa es una estrategia deliberada de ruptura con la legalidad para evitar que las autoridades puedan adoptar las medidas necesarias para que las manifestaciones se desarrollen de manera ordenada y sin afectar a otros derechos como el de la salud pública".

Por eso la asociación entiende que "se comete un delito de los previstos en el artículo 513 del Código Penal que señala que son punibles las reuniones o manifestaciones a las que concurran personas de cualquier modo peligroso, como lo es el celebrarse durante una epidemia sin seguir las recomendaciones expresas de las autoridades y los expertos médicos".

En consecuencia, exige a la Fiscalía "que se investiguen estos delitos y, eventualmente, se castigue a los responsables". "La pena para los organizadores puede llegar a los tres años de prisión mientras que los participantes que los participantes pueden ser castigados con un máximo de dos años de prisión", explica la asociación.

Al mismo tiempo 17 de marzo exige "que se tomen medidas para evitar que se sigan convocando este tipo de manifestaciones peligrosas para la salud pública y a tal efecto comunica a la Fiscalía las horas y lugares de las próximas convocatorias previstas".

Finalmente, la asociación denuncia también "la connivencia de algunas dotaciones policiales, de diversos cuerpos de seguridad, que en ocasiones muestran su apoyo a las convocatorias ilegales participando en ellas con ruidos y gestos de apoyo. Entiende que estos funcionarios policiales no sólo incurren en un delito de prevaricación por no perseguir los delitos que presencian sino que pueden ser considerados cómplices o colaboradores necesarios de los mismos, por lo que también pide que sean investigados y, de demostrarse su participación, castigados oportunamente".

Por último, la asociación reitera su "compromiso con el ejercicio del derecho de manifestación por toda la ciudadanía con independencia de su ideología política, recalcando que la denuncia responde -precisamente- al deseo de salvaguardar este derecho frente a quienes, desde determinados sectores ideológicos, lo usan de manera fraudulenta poniendo en riesgo la salud de toda la sociedad".

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