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Los cambios del Gobierno andaluz dejan a Cs sin dos direcciones generales, un consorcio, una sociedad mercantil y los centros de mayores

Juan Marín y Juanma Moreno

Consuelo Durán

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La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación aparecía como la gran perdedora del nuevo reparto de competencias en el Gobierno de Andalucía, después de su pulso con el líder de Ciudadanos en la comunidad autónoma, Juan Marín. Pero lo cierto es que para ese castigo a la crítica Rocío Ruiz, los naranjas han cedido mucho más a sus socios del PP. De hecho, en el decreto recién publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) se concreta que Ciudadanos pierde dos direcciones generales, la nada desdeñable, por el volumen de ingresos que puede manejar, de Fondos Europeos, que llevaba Rogelio Velasco, y Políticas Migratorias, que tenía el propio Juan Marín; la sociedad mercantil Sandetel; el consorcio Fernando de los Ríos; y hasta las residencias de mayores, estas últimas solo temporalmente.

Esos fondos europeos, que en los próximos meses se concretarán en los varios cientos de millones de euros que se espera que toquen a Andalucía del reparto para hacer frente a la crisis de la COVID-19, pasan a Juan Bravo como titular de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea (gana este apellido en lugar del anterior de Industria y Energía). Pero sobre todo es el consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el que recoge los beneficios de esta crisis de Gobierno, tras asumir la Agencia Andaluza de la Energía, que le cede su compañero Juan Bravo con sus más de 100 millones de euros de presupuesto en 2020, y del mismo consejero, las competencias en materia de estrategia digital; mientras que de Ciudadanos se queda Sandetel (con casi 50), las políticas migratorias (5,5), el consorcio Fernando de los Ríos (con cerca de ocho) y “tecnologías de la información y telecomunicaciones en el ámbito de la Junta de Andalucía, otras administraciones y ciudadanía”, que se concretarán en el correspondiente decreto de estructura; y hasta la fundación Barenboim-Said, en este caso de la también popular Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Patrimonio Histórico.

No para ahí; también se queda con el nuevo Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético, dos políticas que el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha dicho que llevará directamente, dentro de su afán por liderar “una revolución verde”, pero lo cierto es que aparecen en el decreto adscritas a Elías Bendodo, con la finalidad también de que sea el encargado de dar respuesta a estas cuestiones en el Parlamento de Andalucía.

¿Qué gana Ciudadanos? Pues en este intercambio de competencias consigue la sociedad mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía SA (Veiasa), o sea, la empresa que se encarga de las ITV y que pasa a la renombrada Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, de Rogelio Velasco, en lugar de continuar dependiendo de Juan Bravo. Con ello, son ocho de 11 las consejerías las que han experimentado modificaciones. Veisa supera los 100 millones de euros de facturación y fue recientemente objeto de polémica por la sombra de privatización que la sobrevuela. En realidad, Ciudadanos la recupera porque Veisa dependía de la Agencia de la Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y fue traspasada el año pasado a Juan Bravo en un movimiento que precisamente se interpretó en la línea de trabajar en esa privatización. También se queda con las competencias en materia de industria, en el marco de la renombrada Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, de Rogelio Velasco, quien como se ha dicho perderá a favor de Elías Bendodo lo relacionado con las TICs.

Las residencias de mayores volverán a ser de Ciudadanos

De igual modo, dentro del vaciado de competencias de Rocío Ruiz, destaca que no solo ha cedido el Instituto Andaluz de la Juventud e Inturjoven, que pasan a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de su compañera Rocío Blanco, sino las residencias de mayores, en el ojo del huracán en estos momentos por la pandemia. De todas formas, este traspaso tiene carácter transitorio porque el mismo decreto subraya que pasan a la Consejería de Salud y Familias, del popular Jesús Aguirre, “hasta el momento en que el Gobierno de la Nación declare la finalización de la situación de crisis sanitaria (...) quedando desde entonces atribuida de nuevo a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación”.

En este sentido, más allá de las razones que han podido llevar a Ciudadanos a entregar a sus socios competencias que están en el foco del tercer elemento del pacto de gobierno -los apoyos puntuales e imprescindibles que supone Vox- lo cierto es que en el decreto, el presidente intenta justificar estos cambios por el coronavirus. Por ello, argumenta el presidente que la remodelación persigue “mejorar la agilidad y eficacia, impulsar las actuaciones en materia de cambio climático y energía, fortalecer la políticas de formación y empleo de la juventud, impulsar la actividad empresarial reforzando la estrategia industrial y minera, y concentrar las políticas en materia digital y migratoria y de gestión de centros residenciales de mayores como consecuencia de la situación generada por el coronavirus”. Pero en realidad, estas últimas competencias ni siquiera las concentra, porque van por un lado para Elías Bendodo, y por otro, para Jesús Aguirre.

Faltan cambios en altos cargos y en violencia de género

Por otro lado, estos cambios conllevarán otros en altos cargos, porque se está a la espera de la publicación de los decretos de estructura orgánica de las consejerías. De momento “subsistirán (...) los órganos directivos, unidades administrativas y puestos de trabajo”. Sin embargo, Ciudadanos se ha quedado sin dos direcciones generales, y es previsible que el PP coloque a gente de su confianza en las mismas. Es más, podrían crearse incluso nuevos órganos, a lo que habrá que estar atentos porque los dos socios han insistido en que son cambios a coste 0.

Pero también habrá que ver en qué queda el cambio previsto en materia de violencia de género, competencias igualmente bajo la dirección de Rocío Ruiz. Juan Marín anunció la semana pasada que buena parte pasarían a depender de él como responsable en materia de justicia, pero será algo que también tendrá que concretarse en el decreto de estructura de su Consejería porque en el publicado en el BOJA este jueves no se menciona. En cambio sí anuncia, si concretar, cambios en la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, dependiente a día de de hoy de Juan Marín.

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