Chaves abandona la comisión de investigación de la Faffe sin declarar tras denunciar el uso electoralista del Parlamento andaluz
El Parlamento andaluz ha sido escenario esta mañana de una bronca sin precedentes en torno a uno de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, que ostentó el cargo durante 19 años. Manuel Chaves ha sido citado a declarar, 72 horas antes de las elecciones, ante la comisión de investigación sobre las irregularidades en la extinta Faffe, Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo, durante los gobiernos socialistas. El asunto más espinoso de este caso es el supuesto gasto de 42.000 euros de fondos públicos por parte de ex altos cargos de la Junta en prostíbulos andaluces.
Pero Chaves se ha negado a responder a preguntas de los grupos, tras leer un demoledor escrito en el que ha acusado a la Cámara legislativa de “romper arbitrariamente el principio de neutralidad política”, ha acusado a PP, Ciudadanos y Vox -socios del Ejecutivo andaluz- de “instrumentalizar mi condición de ciudadano y ex presidente a 72 horas de las elecciones”. “Esto es algo insólito. Tendrían que haber tenido una mínima deferencia hacia un ex presidente. Hoy han deteriorado y degradado las reglas democráticas”, ha dicho Chaves, visiblemente afectado.
Las declaraciones de los ex presidentes andaluces ante la comisión de investigación de la Faffe es la única actividad parlamentaria de esta semana, convocada con los votos de PP, Ciudadanos y Vox los dos últimos días de campaña electoral. Incluso el Pleno previsto para esta semana fue aplazado, por unanimidad de todos los grupos, para que no coincidiese con la campaña, como es tradición en esta Cámara. “Esta comisión afecta a la dignidad y la credibilidad del Parlamento andaluz. Es un acto de campaña de determinados partidos”, ha sentenciado.
El presidente de la comisión de investigación, el diputado de Ciudadanos Enrique Moreno, ha intentado acallar las críticas de Chaves y le ha exigido que se ciña “al objetivo de esta investigación”, a lo que el ex presidente le ha pedido que “no coarte” su derecho a expresarse. Moreno ha terminado gritando a Chaves que se calle, le ha cortado varias veces el micrófono, y le ha exigido reiteradamente que permanezca en la sala. Los diputados socialistas han empezado a gritar “vergüenza, vergüenza”, los diputados de Vox han elevado el murmullo, también diciendo “vergüenza”, y los parlamentarios de Adelante Andalucía han pedido silencio para poder escuchar. En dos minutos, el Parlamento se ha convertido en una algarabía sin precedentes.
Una vez hubo anunciado que se acogía a su derecho a no responder, Chaves ha rechazado permanecer escuchando las preguntas de los grupos -“para que no se violente mi derecho a guardar silencio”-, se ha levantado y se ha marchado seguido por una nube de periodistas y cámaras.
“¡No tiene la palabra!”
El encontronazo entre Chaves y Moreno ha ido in crescendo. El presidente de la comisión ha empezado por advertir al compareciente de que “si miente” se expone a un castigo de seis meses de cárcel, apelando al artículo 502 del Código Penal. El ex presidente de la Junta se ha limitado a denunciar el uso electoralista de esta convocatoria, algo que ha irritado a Moreno, que le ha exigido, sin éxito, que cese en sus críticas. “¿Qué necesidad imperiosa había para citarme a 72 horas de las elecciones? ¿Cómo puedo interpretarlo si ésta es la única actividad parlamentaria de esta semana?”, se ha preguntado. El momento más tenso se ha producido justo después de que Chaves anunciara que se marchaba sin escuchar las preguntas. “¡No tiene la palabra!”, le dijo Moreno. “¡Sí tengo la palabra!”, respondió Chaves. “¡Que no tiene la palabra!”, le volvió a gritar el diputado naranja.
El reglamento de la Cámara no impide citar a declarar ante una comisión de investigación en periodo electoral. El artículo 502 del Código Penal obliga a los citados a acudir al Parlamento a declarar, so pena de un delito de desobediencia si no lo hacen. “La democracia no es sólo depositar un voto. También significa respeto a las reglas escritas y no escritas de la democracia, y éstas hoy se han transgredido”, ha dicho Chaves.
La decisión de Chaves de no permanecer en la sala para escuchar las preguntas de los grupos tiene antecedentes en otras comisiones de investigación. En 2016, el entonces letrado de la Cámara, Plácido Fernández Viagas, emitió un voluminoso informe sobre la responsabilidad de los comparecientes que rehuían la citación o se negaban a responder a preguntas. El primer caso fue el de la ex ministra Fátima Báñez, que no acudió a la comisión de investigación de los cursos de formación, y el segundo la del ex delegado de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, que se acogió a su derecho a no declarar en la comisión que investigó el caso ERE, y rehusó responder a las preguntas de los grupos.
El antecedente de Rivas es el que más se parece a la decisión que ha adoptado Chaves este jueves. El informe del letrado concluyó que el plantón del ex delegado de Empleo entra dentro de la “descortesía” hacia el Parlamento, “pero no es un motivo penal”. Los comparecientes no tienen la obligación de responder a las preguntas y ese derecho al silencio se extiende a no tener que oír la relación ni la textualidad de las preguntas de los grupos.
Tras la salida de Chaves, la comisión se ha reanudado sin compareciente. Los tres grupos conservadores -PP, Ciudadanos y Vox- han usado sus turnos para cargar duramente contra el ex presidente y contra el PSOE. Los grupos de izquierdas les han afeado que utilizaran la comisión de investigación y el Parlamento para soltar “discursos electorales”. El portavoz de Vox, Alejandro Hernández, ha denunciado el “histriónico ataque de dignidad” de Chaves y le ha acusado de “tartufo” [impostor]. Esto ha provocado una reacción virulenta del portavoz socialista, Rodrigo Sánchez Haro, que ha reprochado a gritos al presidente de la comisión que permitiera los insultos a un ex presidente.
En un momento determinado, Sánchez Haro se ha girado hacia Hernández, encarándose, al entender que le estaba insultando personalmente. La diputada de Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha subrayado el “bochorno” de la comisión. “Esto, como ya advertimos, se ha convertido en un circo”. El portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha afeado la “huida” de Chaves y sostiene que “ha sido una vergüenza la gestión de los fondos para empleo durante los gobiernos socialistas”. Y la diputada de Ciudadanos, Teresa Pardo, ha reprochado al ex presidente que se haya “reído” de la Cámara y le ha llamado “consejero a la fuga”.
La Faffe era una empresa pública andaluza orientada a la formación de parados, que es objeto de otra investigación judicial por presuntas irregularidades en los contratos de formación. Se trataba de un órgano dependiente de la Consejería de Empleo del anterior Gobierno andaluz que dispuso de un presupuesto de 828 millones de euros entre 2004 y 2010, periodo en el que se detectaron los gastos irregulares en los prostíbulos de Sevilla, Córdoba y Cádiz. La Cámara de Cuentas ha cifrado en 56 millones de euros sin justificar con fondos de esta fundación, que supuestamente se usaron en contratos irregulares (enchufismo) y el uso de tarjetas de crédito de altos cargos de la Junta en los citados prostíbulos.
Este jueves y el viernes están citados a declarar los ex presidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz, que tampoco comparecerán alegando no haber recibido la citación. Tampoco lo hará la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, acogiéndose a un dictamen del Consejo de Estado y varios autos judiciales que determinan que un Parlamento autonómico no tiene competencias para llamar a declarar a un miembro del Ejecutivo central.
