El debate autonómico andaluz pone a prueba la moderación de Moreno: pandemia, presupuestos y rescate europeo

El debate del Estado de la Comunidad Autónoma Andaluza va a concentrar esta semana tres debates en uno: la gestión del Gobierno ante una pandemia que suma ya 90.500 contagios acumulados y más de 2.000 muertes por covid en esta región; la estrategia de inversión y proyectos que aspiran a captar para Andalucía un buen mordisco del fondo para la recuperación económica que Bruselas ha destinado a España; y el diseño de los Presupuestos Autonómicos para 2021, también marcados por el impacto del virus.

Los tres temas son capitales para el futuro inmediato de Andalucía, pero el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla acude al debate con interés de centrar sus esfuerzos en consensuar una estrategia común de salida a la crisis económica que se avecina (la previsión más funesta apunta a un desplome del 15% del PIB y un 30% de paro). Mientras que la líder de la oposición, la socialista Susana Díaz, quiere que el debate autonómico sea “sobre la política general del Consejo de Gobierno”, como establece el reglamento del Parlamento, y que sirva para que el presidente “rinda cuentas” de su gestión en el último año.

Esta crisis sanitaria es difícilmente disociable de la crisis económica, pero al ciudadano le llega una realidad fragmentada en el discurso político. Incluso en las preguntas del último CIS andaluz, Moreno ha puesto especial interés en destacar que la principal preocupación de los andaluces es el paro y el frenazo económico (64,3%), mientras que sólo al 13,8% de los encuestados se muestra más preocupado por el avance del coronavirus. “Si lo paramos todo, nos vamos a la ruina”, se lamenta el barón popular cada vez que le piden que endurezca las restricciones en los bares y el ocio nocturno.

El peso del debate del Estado de la Comunidad Andaluza recae en los hombros del presidente de la Junta, sin límite de tiempo en su discurso inicial. El Parlamento, con el consenso de todos los grupos excepto el PSOE, ha adelantado un día la exposición de Moreno para evitar que coincida con la moción de censura contra Pedro Sánchez que Vox defenderá el miércoles en el Congreso. Y no se trata sólo de esquivar el eclipse de la política nacional y dotar al debate andaluz de agenda propia. Los hombres del presidente andaluz saben que también es una buena oportunidad para proyectar por encima de Despeñaperros la imagen de moderación y liderazgo templado de Moreno, una estrategia lenta, de hormiguitas, una carrera de fondo que para algunos tiene la meta en un segundo mandato en la Junta andaluza, y para otros, en Moncloa.

El barón andaluz del PP acude el martes al Parlamento, donde disfruta de una estabilidad cómoda gracias al pegamento que le proporcionan sus socios -Ciudadanos, dentro del Gobierno, y Vox, como aliado externo. En cambio, Pablo Casado acude el miércoles al Congreso empujado por Vox a resolver una encrucijada que definirá tanto su liderazgo en la oposición al Gobierno como dentro de su propio partido: apoyar, rechazar o abstenerse en la moción de censura contra Sánchez que defiende Santiago Abascal. Un PP en el centro o escorado a la extrema derecha, un dilema permanente en el corto mandato de Casado al frente de su formación.

Los populares andaluces han resuelto internamente que su partido “no debe ir a rebufo de Vox jamás”. Moreno sube a la tribuna el martes consciente de que su voz ha ganado eco nacional, se sabe observado desde Madrid, la prensa capitalina -a la que más atiende su contrincante Susana Díaz- le concede y aplaude la moderación de la que él hace ostentación a diario, recibe cada vez más llamadas de otros barones el PP -en especial del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo- y muchos de ellos le piden la receta para tener doblegado a Vox en Andalucía, el partido que sustenta su Gobierno, y las aguas calmas en una región difícil, 37 años gobernada ininterrumpidamente por la izquierda.

El contagio in crescendo

El presidente andaluz llevará este martes a la Cámara un discurso de balance, con una foto fija de Andalucía donde se mezcla la crisis sanitaria y la crisis económica. La tendencia en el número de infectados por Covid-19 en esta segunda ola es negativa, de 1.000 a 3.000 contagios diarios después del verano, la mayoría asintomáticos y con un alto porcentaje de jóvenes. Eso significa que la presión hospitalaria está todavía lejos del botón rojo de alarma y que las UCI cuentan con margen de sobra (171 ingresados). Pero el ritmo de ingresos también es ascendente y acelerado: 49 pacientes con coronavirus el 1 de julio; 492 el 1 de septiembre; 1.043 el 1 de octubre; 1.281 el 16 de octubre. El porcentaje de positivos por PCR alcanza ya el 12% -Sanidad fija el límite aceptable en el 10%- y el número reproductor está por encima de uno (cada infectado contagia al menos a una persona más).

Una de las bazas argumentales de Moreno es que comparativamente “Andalucía está mejor que la media de las comunidades” en incidencia acumulada, positivos por PCR y ocupación hospitalaria, los tres índices que mide el Ministerio de Sanidad para recomendar los confinamientos perimetrales y la restricción de la movilidad. Aquí no hay ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes que cumpla los criterios de un cierre total durante 14 días.

Actualmente hay un municipio confinados de forma preventiva -Écija (Sevilla)-, después de que recientemente se levantaran las medidas que restringían la movilidad en Casariche (Sevilla), Almodóvar del Río (Córdoba) y Linares (Jaén)-, y otra docena sometidos a cribados masivos y con alguna limitación en el horario de la hostelería y el ocio nocturno. El último giro ha sido el cierre temporal de la Universidad de Granada, la suspensión de clases para 60.000 alumnos de una ciudad con un rebrote descontrolado de contagios, y el endurecimiento de las restricciones para contener un rebrote sin control.

Déficit en sanidad y educación

Susana Díaz espera un monográfico sobre la gestión que la Junta hace de la pandemia. La líder de la oposición afea a Moreno falta de respuesta, le recuerda que Andalucía está a la cola de España en número de pruebas PCR realizadas por cada 100.000 habitantes, y que ese dato distorsiona el “optimismo” del Gobierno andaluz respecto a la incidencia acumulada de contagios. Díaz denuncia que uno de cada diez municipios de la región tiene una tasa de más de 500 casos positivos por cada 100.000 personas.

La socialista, y la coalición Adelante Andalucía, creen que la sanidad pública adolece de personal y recursos, que la Atención Primaria está colapsada, cuando debía funcionar como primera trinchera contra la covid, que los 8.200 rastreadores de los que habla la Junta “no tienen dedicación exclusiva, y la mayoría son médicos y enfermeros saturados de trabajo”, y que las escuelas necesitan un mayor refuerzo de profesores, pese a la contratación extraordinaria de 7.000 maestros de apoyo.

El debate del estado de la comunidad es extraordinario, no sólo en tiempo, sino porque contiene propuestas de resolución de los grupos que condicionan al Gobierno andaluz si salen adelante. La política de bloques -derechas contra izquierdas- está fuertemente instalada en el Parlamento autonómico, hay poco margen para imaginar un acuerdo de amplio espectro en materia presupuestaria, como espera Moreno. El presidente andaluz ya fracasó en su intento de conformar una “gran alianza andaluza” frente a la pandemia, un acuerdo de todas las formaciones políticas y agentes sociales para consensuar la respuesta necesaria a la crisis sanitaria y económica. Esto se tradujo en una comisión parlamentaria para la recuperación de Andalucía, que se aprobó con el rechazo único de Vox, y luego se conformó bajo la presidencia de Vox, y el portazo en señal de protesta de PSOE y Adelante.

Ahora Moreno ha situado el debate andaluz de política general en la antesala de la Conferencia de Presidentes Autonómicos que tendrá lugar el próximo 26 de octubre. El presidente, que tiene tiempo ilimitado para exponer su discurso, quiere salir del Parlamento con un acuerdo unánime sobre los proyectos que Andalucía llevará a ese foro y el dinero que le corresponde a esta región. Un consenso unánime o aplastante de todas las fuerzas políticas daría solidez a las reclamaciones de la Junta al presidente Pedro Sánchez, pero los socialistas no están ni de lejos en clave colaborativa. Al contrario, vienen denunciando la estrategia de confrontación del gabinete de Moreno con el Gobierno central durante todo el estado de alarma, alineándose con la posición más dura de Casado y Santiago Abascal.

El aval del presidente andaluz para convencer a sus rivales de que ahora toca aunar fuerzas ante la tremenda crisis socioeconómica que se avecina es que existe un inédito antecedente en 2018, último año del último Gobierno socialista andaluz. Siendo líder de la oposición, en la pasada legislatura, y con el liderazgo muy mermado por el avance imparable de Ciudadanos, Moreno metió al PP, contra todo pronóstico, en un acuerdo con PSOE, Podemos e IU para reclamar al Estado que mejorase los recursos para Andalucía, con un montante inicial de 4.000 millones de euros. Entonces el remitente era el Gobierno central de Mariano Rajoy, la presidenta andaluza era Susana Díaz, y el único partido que se desmarcó de este pacto fue su hoy socio de Gobierno: Ciudadanos. Un acuerdo que el Parlamento hizo suyo con 100 votos a favor y 9 en contra.

Ese es el músculo político que busca Moreno Bonilla para reclamar a Pedro Sánchez que al menos un 20% de los fondos europeos para la recuperación se inviertan en Andalucía, una región con 8,5 millones de habitantes (casi el 18% del país). El llamado fondo Next Generation para dinamizar la economía tras la severa crisis provocada por el virus está vinculado a proyectos estratégicos para el futuro de la UE -digitalización, agenda verde- y Andalucía quiere optar a esas partidas con un alcance de 23.000 millones de euros. El Gobierno andaluz ha hecho este cálculo adaptando a su territorio los tres criterios que Bruselas ha usado para distribuir los fondos anti covid entre los países miembros: población, PIB y paro.

No todo en el discurso de Moreno serán promesas condicionadas por Madrid, Bruselas o la oposición. Es habitual en este tipo de debates que el presidente lleve en el bolsillo dos o tres anuncios de calado, en materia fiscal o económica, más aún en este momento, a pocos días de la fecha límite para que el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2021.

El Ejecutivo central ha levantado las reglas fiscales que constreñía el gasto público de las comunidades, la Junta ha confirmado que agotará el déficit recomendado por el Ministerio de Hacienda -2,2% del PIB- y pese al llamamiento a la contención y la responsabilidad del consejero Juan Bravo, el presidente dispone de pista ancha para ofrecer un baile de inversiones estratégicas para la región. Un titular potente que amortice personalmente Moreno, cuya marca personal puntúa por encima de la de su Gobierno, y mucho más de la de su propio partido.

La moderación del presidente

La Cámara andaluza está lejos del nivel de crispación política que vive Madrid estos días, pero no es ajena a la confrontación. Moreno cultiva un perfil de moderación dentro y fuera de su partido. Es el primer presidente de Andalucía no socialista en 37 años de autonomía, logró el poder con los peores resultados del PP en su historia, después de coaligarse con Ciudadanos y Vox en una alianza que ha resultado mucho más cómoda de lo previsto (dos presupuestos aprobados y una estabilidad de Gobierno que envidian sus compañeros en Madrid).

Está a punto de alcanzar el ecuador de la legislatura y en sus primeros dos años de mandato se ha esforzado por dejar de ser visto como un líder accidental, que perdió las elecciones frente a Díaz, y consolidarse como referente de la moderación. “Yo lo que tengo que hacer es no molestar. Centrarme en el trabajo y no molestar”, repite como un mantra. Moreno es consciente de que el PSOE sigue noqueado en la oposición, y que el mayor riesgo de perder el poder sería cometiendo errores que tocasen la fibra de las bases de izquierda que decidieron no ir a votar en las elecciones de 2018.

Detrás de esta clave está la insistencia machacona en repetir una y otra vez que nada de lo que hace y dice el presidente de la Junta es “ideológico”, sino “pragmático”. Ideología es una palabra proscrita en el Gobierno andaluz. PP y Cs la han convertido en algo peyorativo, una suerte de sectarismo de la izquierda ortodoxa, o de las obsesiones identitarias de sus aliados en la ultraderecha. La equidistancia de Moreno respecto a los postulados maximalistas de Vox es un arte de equilibrio que le permite gobernar gracias a un partido que niega la violencia de género, vincula la inmigración irregular con la delincuencia, desprecia la Memoria Histórica y rechaza el Estado autonómico, sin verse salpicado por ellos. “Yo paso por ser radical y por ser el adalid de Vox, mientras otras personas que gobiernan gracias al apoyo de Vox pasan por moderados en los medios de comunicación”, se quejó Cayetana Álvarez de Toledo tras ser apartada como portavoz del PP en el Congreso por Pablo Casado.

Esa misma frustración hostiga a Susana Díaz. La socialista se ha pasado el primer tramo de legislatura tratando de desenmascarar a Moreno Bonilla como un dirigente radical, primero un presidente teledirigido por el “supremacismo” de Vox, y ahora como una especie de alumno aventajado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pero los giros de volante que ha dado el Gobierno de derechas respecto a las políticas que venía aplicando el PSOE andaluz en los últimos años son más discursivos que reales. Aún no ha eclosionado un pensamiento neoliberal que transforme radicalmente la política andaluza, ni se han abierto las compuertas a la privatización de la sanidad y la enseñanza públicas, como denuncia diariamente la oposición.

El anterior Gobierno socialista destinaba en torno al 4% del presupuesto sanitario a conciertos con centros privados, donde derivaba a pacientes para hacerse pruebas de diagnóstico y, en menor medida, operaciones de cirugía. El nuevo Ejecutivo de PP y Cs prevé ampliar esa fórmula, empezando con 15,5 millones de euros más en conciertos para agilizar las listas de espera, y la “externalización” de este servicio “en beneficio de los pacientes”. En educación, la Junta tiene previsto ampliar los conciertos, pero no en las etapas obligatorias que entran en conflicto con la oferta pública, sino en cursos postobligatorios, fundamentalmente en Formación Profesional de grado medio y superior. Es una clara apuesta por la privatización de la enseñanza, pero en este caso no viene a suplir un modelo ya implantado, porque Andalucía sufre desde hace años un ostentoso déficit de plazas de FP. Alrededor de 30.000 estudiantes se quedan fuera cada año por falta de oferta.