Abusos

Un padre reconoce haber abusado sexualmente de sus dos hijas menores durante más de tres años; de las dos, una de 4 años y la otra de 3. Los hechos son graves, tanto que la Fiscalía ha solicitado 12 años de prisión para él, pero al final como el padre ha confesado que lo hizo y se teme que a lo largo del juicio no se llegue a demostrar lo ocurrido, le rebajan la pena a dos años, una multa y la retirada de la patria potestad. Ha ocurrido en Pontevedra.

Entender que esa confesión es producto del arrepentimiento y no de la amenaza de los años de cárcel, y pensar que más vale el distanciamiento del padre que la sanción, parece más una justificación que una respuesta en Justicia; una respuesta que, en cierto modo, facilita que un problema social grave, como es el abuso sexual a menores en las familias, continúe.

Y esta situación es un abuso en sí misma, pues en definitiva se está utilizando el sistema y las posiciones de quienes dicen que se arrepienten o confiesan parte de los hechos para beneficiar a los agresores en determinados delitos, fundamentalmente a hombres que ejercen la violencia de género y que abusan sexualmente de sus hijos y, sobre todo, de sus hijas. Los datos son claros: en el estudio de Finklehor para Naciones Unidas, la prevalencia de abusos sexuales a menores es del 22%, la mayoría dentro de la familia y por hombres, un resultado similar al último trabajo amplio que se ha realizado sobre este tema, un metanálisis publicado en 2009 por Pereda y su grupo que habla de una prevalencia en niñas del 19'2% y del 7’4% en niños.

Y también es un abuso de la sociedad cuando plantea un argumento tan “práctico” para minimizar unos hechos de extrema gravedad, y de paso no generar dudas sobre la institución de la familia en la que el padre se presenta como referencia material y moral. Cuestionar al padre es cuestionar la esencia de la familia y con ella a todo el modelo de sociedad que pivota sobre ambos elementos: la familia como núcleo y el hombre como garante. O lo que es lo mismo, el hombre y lo masculino como referencia universal y la mujer y lo femenino como referencia de lo familiar y doméstico, siempre bajo la supervisión de un hombre: el padre, el hermano mayor, el tutor, el marido o su pareja. Esa es la cultura patriarcal y el machismo, su versión para andar por calle.

Lo dice el DRAE, abusar es “hacer un uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien”, en lo que sería un abuso de autoridad; o “hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder”. Y es lo que ocurre con el machismo, que parte de un abuso estructural al tomar la desigualdad como referencia para articular las relaciones en la sociedad, y para ello hace un “uso excesivo, injusto e indebido” de los hombres al otorgarle esa posición de superioridad y autoridad, y que luego continúa en el día a día y en los diferentes contextos a través de ese “trato deshonesto hacia las personas situadas en posiciones de inferioridad” por esa cultura, aunque habitualmente no se queda ahí y llega hasta la violencia.

La situación es tan clara, y tan grave, que se manifiesta en la propia aplicación de la ley, como hemos visto en el caso juzgado en Pontevedra, y como vemos habitualmente en violencia de género cuando se aplica atenuante por confesión o por facilitar la investigación, y se reduce la pena de los asesinos (la inmensa mayoría son condenados por asesinato), como si su conducta fuera producto de su arrepentimiento o de su interés en facilitar y aclarar lo ocurrido. Cuando en realidad es una decisión que forma parte a priori de la conducta criminal, al contemplar y planificar el homicidio y luego la entrega voluntaria como parte del hecho criminal.

Todo ello forma parte del homicidio por violencia de género al tratarse de un crimen moral en el que el autor se reivindica a sí mismo como hombre por medio del crimen, y a través de la aceptación de las consecuencias que derivan de lo realizado. Ni siquiera los mismos asesinos manifiestan estar arrepentidos, sólo es la interpretación que desde la sociedad y sus instituciones se da porque necesitan que todo encaje en el modelo de sociedad androcéntrico que tenemos.

Por eso, ante unos abusos sexuales mantenidos durante 3 años el sistema permite rebajar la pena de 12 años a 2 y entiende que ese padre no vaya a prisión, aunque le retire la patria potestad. ¿Alguien cree que a un padre que reconoce haber abusado sexualmente de sus dos hijas le importa mucho que le retiren la patria potestad? Es algo parecido a lo que sucede en violencia de género cuando se acepta reducir la pena por “arrepentimiento” o “confesión” en los homicidios, o cuando se mira para otro lado cuando la mujer manifiesta no querer declarar contra su marido acogiéndose al artículo 416 de la LECrim, un artículo con un sentido totalmente diferente que fue redactado en el siglo XIX, cuando el concepto de violencia de género ni estaba ni se esperaba.

Si en estos casos hay un problema de prueba, se debe trabajar en ello y mejorar la investigación, no facilitar la justificación y la impunidad.

Al final, con todas esas situaciones se protege el modelo de sociedad y la cultura machista que lo ha creado, y se beneficia a los hombres que agreden a sus hijos e hijas y a las mujeres. Y eso es un abuso. Lo es por el uso injusto de la posición de autoridad y por el trato deshonesto y violento que supone. Pero también es un abuso por la impunidad que conlleva y por el refuerzo del modelo machista, que con este tipo de respuestas continúa bajo las mismas referencias y con la misma violencia.