Balanzas fiscales: topicazos a golpe de excel

Andalucía, la comunidad subsidiada: recibe mucho más de lo que aporta al país. Madrid, la gran perjudicada: paga mucho y percibe poco. Y los catalanes ponen mucho, pero no tienen tanto de qué quejarse. Son más o menos las conclusiones de las llamadas ‘balanzas fiscales’ que acaba de presentar el Gobierno. Unos datos que redundan en los tópicos más manidos sobre la España autonómica, que no tienen prácticamente utilidad alguna, y que sirven sobre todo para generar ruido y despertar agravios en el momento menos oportuno.

En teoría, las balanzas fiscales son unas tablas que muestran cuánto paga cada territorio en impuestos y cómo se reparte el gasto de la administración del Estado en cada uno de ellos. Se trata en apariencia de datos objetivos, neutros, que elaboran expertos de prestigio a partir de complicadísimos criterios contables, cálculos, ajustes y reajustes. Pero toda esa tramoya tecnocrática esconde una realidad bastante más simple y, por oculta, también más peligrosa: las balanzas fiscales parecen ciencia, pero son, sobre todo, política.

Existen tantas balanzas fiscales como métodos para elaborarlas. Eso explica en parte el hecho de que ningún otro país las publique, salvo España, ni las use como referencia en sus sistemas de financiación. De hecho, cuando las balanzas fiscales se publicaron en 2008 por primera vez -y única hasta ahora- los expertos no se pusieron de acuerdo en el método y se dieron hasta seis cifras distintas por cada comunidad autónoma. Y es que, ¿cómo se calcula el beneficio que genera un aeropuerto, una línea de AVE o una carretera? ¿Se imputa a todos los territorios, o sólo a aquéllos por donde pasan? ¿Y en qué porcentaje a cada uno?

Según el criterio utilizado por la Generalitat, Cataluña tiene un déficit fiscal de entre 11.000 y 15.000 millones. Según los expertos del Gobierno es la mitad: poco más de 8.400 millones. Madrid figura en las tablas presentadas ayer como la comunidad más “solidaria” porque paga 16.000 millones más en impuestos de lo que recibe del Estado, sin tener en cuenta que provienen en gran medida de empresas que, aunque tributan en la capital de España, deben sus ingresos a lo que pagan –también en impuestos como el IVA- clientes de todo el país.

Pero no es su falta de fiabilidad –que también- lo que desacredita las balanzas fiscales, sino la gran falsedad de partida sobre la que se asientan. Porque son las personas, no las comunidades autónomas, quienes pagan impuestos o se benefician de los servicios públicos, en función de su capacidad económica y de sus necesidades. ¿Alguien entendería, por ejemplo, que en Sevilla los vecinos del acomodado barrio de Los Remedios exigieran al Ayuntamiento más inversión que en el Polígono de San Pablo con el argumento de que aportan más a las arcas municipales?