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¿Algo que declarar?

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Montón dice que dimite para que su caso no influya en el Gobierno

Montón EFE

En Estados Unidos, si quieres ser ministro (allí lo llaman secretario) no basta con que Donald Trump te señale con el dedo. En una democracia conocida por los enormes poderes que otorga a su presidente, el poder legislativo tiene sin embargo mucho que decir al respecto. Antes de tomar posesión, el FBI elabora un informe sobre los futuros altos cargos del Gobierno, que necesitan además el visto bueno del Senado. Son las llamadas   audiencias de confirmación, donde se reclama de los candidatos documentación exhaustiva sobre antecedentes, situación financiera y posibles conflictos o incompatibilidades, y se les somete también a un intenso interrogatorio por parte de una comisión de senadores, que puede durar días.

El chequeo previo no solo es obligatorio para los secretarios, sino para más de un millar de altos cargos del Gobierno y entre ellos los futuros miembros del Tribunal Supremo, como estamos viendo estos días con la controvertida nominación del ultraconservador Brett Kavanaugh. Por cierto, quédense con el nombre de la demócrata Kamala Harris, que promete dar mucho que hablar en el futuro y que ha sido protagonista de alguna de las preguntas más incisivas al juez.

Viene al caso el ejemplo estadounidense tras los últimos terremotos que han sacudido el recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez. Primero fue el ministro Maxim Huerta, que casi no tuvo tiempo de quitarle el plastiquito al móvil corporativo y ya estaba saliendo por la puerta, tras destapar la prensa que fue sancionado por evasión de impuestos. La siguiente ha sido Carmen Montón, titular de Sanidad, que presentó este martes su dimisión tras cien días escasos en el cargo al hacerse público -de nuevo, por los medios- el cúmulo de irregularidades que rodean a su máster en la tristemente famosa Universidad Rey Juan Carlos. Por cierto, que el cese llegó apenas unas horas después de recibir el apoyo expreso del presidente. ¿Estaba mal informado Sánchez, y si es así, por qué habló sin conocer a fondo los hechos?

¿Habrían sobrevivido Huerta o Montón a un mínimo chequeo sobre su pasado? ¿Qué se investiga, qué se pregunta a nuestros ministros, consejeros, concejales, antes de nombrarlos? ¿Nadie pensó tras el caso Cifuentes -y luego Casado- en hacer un   máster-checking  al gabinete? ¿A ninguno de los hoy dimitidos se le ocurrió que merecía la pena comentar este episodio oscuro de su pasado antes de pronunciar el "prometo por mi conciencia y honor"? Seguramente en España no estaría mal plantearnos poner en marcha algún proceso de confirmación (ya existen en el Parlamento europeo, por cierto, y casi dejan en tierra al comisario Arias Cañete por sus negocios petrolíferos). Pero mientras nos lo pensamos, podemos empezar por preguntar a nuestros futuros cargos públicos como en las aduanas: ¿algo que declarar?

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