Los diputados de Teresa Rodríguez aceptan “reintegrar” los 20.000 euros del Parlamento por su uso indebido en el alquiler de pisos

El partido Adelante Andalucía, que integran 11 diputados no adscritos y dirige Teresa Rodríguez, ha pedido este jueves una reunión a la interventora del Parlamento andaluz para aclarar el uso indebido de 20.000 euros de los fondos de su antiguo grupo parlamentario para el alquiler de dos pisos en Sevilla y la donación a una ONG, gastos que el órgano que fiscaliza la contabilidad de los partidos considera “incompatibles” con las dietas para alojamiento que ya perciben sus señorías. La Intervención General del Parlamento ha elevado a la Mesa de la Cámara un informe en el que reclama la devolución de ese dinero al grupo parlamentario Unidas Podemos, que ha heredado esa deuda de la etapa de Teresa Rodríguez.

Ahora la gaditana se sienta en la bancada de los no adscritos y su formación, Adelante Andalucía, carece de grupo parlamentario [éste pasó a llamarse Unidas Podemos, tras expulsar a Rodríguez y otros 10 diputados acusándolos de “tránsfugas”. La nueva coalición de Podemos e IU es quien ha recibido el informe que reclama el reintegro de los 20.000 euros por los gastos del alquiler de los dos pisos donde vivían los diputados no adscritos, pero Rodríguez ha lanzado un comunicado este jueves ofreciéndose “dispuesta a reintegrar el dinero con sus dietas actuales”. También anuncian que “se pondrá en marcha una auditoría interna para depurar los errores de gestión administrativa que se hayan podido cometer para evitarlos a futuro”.

La dirección de Adelante Andalucía también solicita una reunión con sus antiguos compañeros, ahora bajo las siglas de Unidas Podemos por Andalucía, para aclarar los hechos que relata el informe de la Intervención. Los de Teresa Rodríguez aclaran que “si se pagaron los pisos compartidos de los diputados con la asignación parlamentaria fue por una mera cuestión de facilidad en la gestión de las cuentas del grupo, se pagaban los dos pisos a principios de mes y luego los diputados ingresaban sus dietas en una cuenta para hacer el balance a la interna”. Y añaden: “Esa forma de proceder, que el Reglamento de la Cámara no sanciona expresamente en ningún caso, fue asesorada por los técnicos del grupo que se encargan de la Gerencia y que ahora, al parecer, la intervención no ve con buenos ojos. La resolución de tal reparo de la intervención tiene pues fácil solución con un mero traspaso de fondos”.

Adelante califica este suceso de “una cuestión meramente contable” y se muestra dispuesta a cubrir la deuda con las dietas que perciben sus diputados [hasta 2.000 euros por alojamiento, según el reglamento], y recuerdan que en el pasado ya han defendido el reintegro de este tipo de dietas cobradas “durante los permisos de maternidad, meses de vacaciones, de confinamiento, etc”, algo que el reglamento del parlamento impide. “Nuestra intención siempre fue ahorrar gastos al erario público pues lo más sencillo hubiera sido gastar las dietas individualmente en noches de hotel, como hacen el resto de diputados, en lugar de mancomunar gastos a través de dos pisos alquilados para ocho diputados”, concluye.

La Intervención General del Parlamento andaluz, órgano que fiscaliza el uso correcto de las subvenciones que reciben los partidos, emitió un informe el pasado septiembre reclamando a Adelante Andalucía el “reintegro” de casi 20.000 euros que fueron usados, de forma indebida, para el alquiler de dos pisos en Sevilla, donde se alojaron ocho diputados entre julio y diciembre de 2020. La interventora advierte de que los fondos de funcionamiento de un grupo parlamentario son “incompatibles” con los gastos de alquiler y mantenimiento de una vivienda, porque sus señorías ya perciben “indemnizaciones para tal fin”.

La Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, ha recibido el informe de la interventora, pero aún no ha cursado formalmente la petición de reintegro a sus responsables. En total, el gasto irregular asciende a 19.287,01 euros en concepto de arrendamiento, suministro de luz y gas y limpieza de los pisos. “Estas cantidades han de examinarse teniendo presente que la Cámara abona regularmente a sus miembros indemnizaciones a tal fin”, advierte la interventora, que cita el artículo 8.1 del reglamento del Parlamento andaluz, sobre las normas que regulan las dietas de sus señorías para alquiler de una vivienda. “Los gastos de alquiler de una vivienda para alojamiento de los diputados que forman el grupo (se trate de un uso eventual o no) y los gastos de gas, electricidad y limpieza podrían incurrir en supuestos de incompatibilidad”, concluye.

En febrero de 2020, Teresa Rodríguez anunció que abandonaba la secretaría general de Podemos y la formación en la que había militado desde su creación. Poco después, en aras de mantener el control de los recursos del partido, se produce un traspaso de contratos -tanto del personal como del alquiler de los citados pisos- que hasta entonces estaban a nombre de Podemos Andalucía y pasan a nombre del grupo parlamentario Adelante Andalucía, que Rodríguez presidía. “La plantilla del grupo parlamentario pasó en junio de 2020 de 2 a 22 trabajadores, oscilando en la segunda mitad del año entre 22 y 24 empleados”, reza el informe.

Sin embargo, el reglamento de la Cámara no impide a un grupo parlamentario usar sus fondos propios para contratar personal. La Intervención General sólo habla de “incompatibilidad” manifiesta en los contratos de los dos pisos -y un local en Huelva- a nombre del grupo Adelante Andalucía. El arrendamiento se prolonga hasta final de 2020, aunque en noviembre de ese año, Teresa Rodríguez y otros diez diputados afines de Anticapitalistas fueron expulsados del grupo Adelante por el Parlamento andaluz y pasaron a ser no adscritos.

La solicitud de expulsión, bajo la acusación de tránsfuguismo, fue cursada por sus antiguos socios de Podemos y de IU, que vieron cómo el grupo Adelante pasaba de 17 diputados a los seis que tiene en la actualidad. El divorcio definitivo de la antigua coalición de izquierdas terminó de consumarse este pasado verano, cuando las direcciones regionales de IU y de Podemos acordaron cambiar el nombre al grupo parlamentario, que pasó a llamarse Unidas Podemos por Andalucía.