La directora andaluza de Cooperación da 617.000 euros en contratos y ayudas a la Universidad Loyola de la que es profesora

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional (AACID), órgano adscrito a la Consejería de Igualdad, ha adjudicado siete subvenciones a proyectos de la Universidad Loyola y ha firmado otros cinco contratos con esta institución privada y con empresas vinculadas a sus profesores en estos tres años de legislatura. La persona que autoriza y firma todos estos contratos y ayudas es la directora de la agencia, María Luz Ortega Carpio, a la sazón, profesora en excedencia de la misma universidad que se beneficia de sus adjudicaciones, y donde impartía clases de Economía Aplicada y Relaciones Internacionales.

El montante total de las 12 adjudicaciones asciende a 617.441,44 euros. La Loyola, única academia privada de Andalucía, fue la universidad más beneficiada tanto en proyectos subvencionados por la AACIC como en la cuantía total de los mismos en 2021, por delante del resto de instituciones públicas, según consta en el reparto de ayudas publicadas en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía.

Desde que pilota la agencia pública, Ortega Carpio ha contratado trabajos con un bufete privado de abogados y con una agencia de comunicación dirigidos por dos profesores de la Loyola. Son cinco contratos que se licitaron en concurrencia competitiva, pero en la relación de adjudicatarios sólo figuran estas dos empresas, los únicos “licitadores presentados” a la oferta. En cuatro de los cinco contratos ofertados por la AACID, estas dos firmas no tuvieron competidor alguno y obtuvieron la adjudicación directa por el precio que pidieron.

Proyectos subvencionados

En la convocatoria de ayudas de 2020, la Loyola logró financiación para los tres proyectos de cooperación que presentó, por un montante total de 259.834,44 euros, situándose entre las más beneficiadas de la comunidad. En la convocatoria de 2021, fue la universidad de Andalucía con más proyectos subvencionados por la AACID -hasta cuatro-, por una cantidad total de 299.958 euros. Antes de 2019, cuando se constituye el primer Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos, la Agencia Andaluza de Cooperación sólo había otorgado ayudas a universidades públicas, nunca a una institución privada.

La Loyola cuenta con 14 grupos de investigación relacionados con la cooperación y el desarrollo en los que están implicados 175 miembros de su personal docente e investigador. Empieza a recibir subvenciones de la AACID a partir de 2020, en la primera convocatoria pública de ayudas que regula dicha institución, ya bajo la dirección de María Luz Ortega Carpio. El año pasado, la institución jesuita obtuvo más ayudas para proyectos de cooperación y desarrollo que otras universidades de mayor volumen -como la Hispalense, en Sevilla, o la de Málaga-, y el doble que las de Granada, Cádiz, Huelva, Jaén y la Pablo de Olavide.

En la categoría de Proyectos de Investigación o Innovación aplicados a la Cooperación, la Loyola es la única universidad andaluza que obtuvo dos subvenciones de la agencia, de 149.958 euros y 70.000 euros (también es la única que presentó dos proyectos para la misma categoría), mientras otras propuestas fueron desestimadas, como la de la Universidad de Almería, que se fue de vacío. La evaluación de los proyectos depende de un comité de técnicos de la agencia que los puntúa según una serie de ítems, aunque la resolución final para la concesión de las ayudas está firmada por la directora. Fuentes de la agencia aseguran a este periódico que la directora intervino en las reuniones donde se decidió el reparto del dinero, y otras fuentes próximas a la dirección lo niegan.

Un “servicio de vocación pública”

Ortega Carpio fue designada para dirigir la AACID a principios de 2019, nombrada por la consejera Rocío Ruiz, de la cuota de Ciudadanos en el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Hasta entonces, la Agencia Andaluza de Cooperación nunca había sufragado proyectos de universidades privadas. Bajo los anteriores gobiernos del PSOE, la agencia subvencionaba proyectos de investigación “a través de convenios firmados exclusivamente con las universidades públicas andaluzas”, y se excluían las instituciones privadas “por razones políticas”. “Considerábamos que la cooperación para el desarrollo es un servicio de vocación pública. Y que el dinero público debe servir para apoyar a universidades donde la matrícula de los alumnos es prácticamente gratuita, no a instituciones privadas con unos precios que pocas familias se pueden permitir”, explica Néstor Fernández, director de la AACID en el último Gobierno socialista.

Con la llegada del nuevo Ejecutivo de PP y Cs, cambia el modelo de ayudas a la cooperación para universidades, que hasta entonces dependía de convenios firmados entre la Junta y las academias. Se aprueba una orden que regula la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (24 de julio de 2020). Por primera vez, esa convocatoria está abierta a instituciones públicas y privadas. Fernández admite que esta orden es más “objetiva y transparente” que el anterior modelo de convenios que usaba el Ejecutivo socialista con las universidades, y asegura que fue su equipo quien la dejó redactada y lista antes del cambio de Gobierno, en enero de 2019.

El Ejecutivo actual de PP y Cs también defiende sus propios “criterios políticos”, no sólo para “cambiar el rumbo de la agencia”, que consideran “lastrada por los amiguismos del PSOE”, sino “porque nuestro modelo de gestión es distinto y parte del convencimiento de que debemos implementar la colaboración público privada”. Actualmente la Junta estudia la solicitud de apertura de otras siete universidades privadas en Andalucía, que se sumarían a las 11 que ya existen (diez públicas y una privada).

Este lunes, el Consejo de Gobierno autorizó dos anteproyectos de ley para la creación de dos de esas siete universidades privadas: la Fernando III el Santo, en Sevilla, y la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Utamed), que tendrá carácter online. Ninguno de estos dos proyectos obtuvo el pasado diciembre el respaldo del Consejo Andaluz de Universidades. La Utamed está impulsada por el Grupo MEDAC, una empresa especializada en Formación Profesional fundada por el hoy consejero de Educación, Javier Imbroda. Imbroda se desvinculó de MEDAC en 2018, “antes de saber si sería diputado o consejero”, como él mismo ha reconocido.

Contratos menores y fichajes

Las subvenciones no son el único vínculo entre la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación y su universidad de origen. Desde 2019, la AACID ha firmado cinco contratos menores, uno directamente con la Loyola, otro con el bufete de abogados de uno de sus miembros, y tres más con una agencia de comunicación y marketing que dirige otra de sus profesoras. En todos los casos, salvo uno de los trabajos asignados a la agencia de comunicación, fueron licitaciones en concurrencia competitiva que terminaron adjudicándose a las únicas empresas que se presentaron a la oferta.

En diciembre de 2020, la AACID sacó a concurso la “Elaboración de un plan de gobernanza corporativa”. Sólo se presentó la Universidad Loyola, que fue la única adjudicataria del contrato, por un montante de 13.310 euros. El pasado 13 de diciembre, la AACID sacó a concurso un contrato para “reordenar el organigrama de la agencia”. La licitación incluía “servicios de consultoría jurídica en gestión de recursos humanos” para “el diseño e implementación del nuevo organigrama y, asimismo, para la reordenación de la estructura orgánica actual de la AACID”. Solo se presentó el bufete Montelirio, Abogados y Asesores Tributarios SL, que se hizo con el contrato por un precio de 15.324 euros. El socio responsable del área laboral del bufete es Alejandro Hernández Leal, profesor colaborador de la Loyola.

“No está previsto ningún despido”

El despacho de abogados Montelirio tiene un área de asesoramiento en negociación colectiva, que se presenta en su página web como un bufete “especializado fundamentalmente en despidos colectivos, suspensiones de contratos, convenios colectivos y modificaciones colectivas de condiciones de trabajo”. Parte del personal de la agencia teme que la intención de la directora sea buscar cobertura legal para despedir a una parte de la plantilla o recolocar a personas de su confianza en puestos de mando. Tanto el bufete como la Consejería de Igualdad niegan categóricamente que el objetivo de esta consultoría sea reducir el personal de la agencia: “No está previsto ningún despido, no hay peligro de recorte de plantilla”, advierten.

“La contratación de esta consultoría se aprobó en el Consejo Rector de la agencia, el comité de empresa está al tanto, y el objetivo es reorganizar el trabajo dentro de la agencia para sacar el máximo rendimiento”, confirman fuentes próximas a la consejera de Igualdad Rocío Ruiz. El abogado Hernández Leal, socio del citado bufete y responsable del área de negociación colectiva, explica así su papel: “No hemos sido contratados para despedir a nadie. Ya hay una reordenación del organigrama de la AACID aprobado y a nosotros nos han pedido que estudiemos las implicaciones laborales que tendrá: el cambio de funciones, categoría y puestos de algunos trabajadores, y cómo se traslada y se negocia esto con la plantilla”. El comité de empresa de la agencia, representado por CCOO y UGT, ha rehusado hablar con este periódico.

Los otros tres contratos que vinculan a la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación con su universidad de origen se firmaron con la empresa Meridianum Talent Lab, sociedad limitada, que dirige Amparo Cantalicio, profesora en el Máster de Dirección de Marketing de la Universidad Loyola, “donde imparte clases de manera regular”. En septiembre de 2019, la agencia adjudica a Meridianum un contrato para la Elaboración de un plan de comunicación de la AACID, por un montante de 5.263,50 euros, y una duración de tres meses; en abril de 2020, vuelve a obtener un contrato para el Diseño de una campaña de sensibilización sobre Andalucía como sociedad de acogida (6.836,50 euros; duración dos meses); y en octubre de 2021, logra el tercer contrato, esta vez para la Formación especializada en comunicación para el desarrollo (16.915 euros; duración seis meses). Las tres adjudicaciones de la agencia con la empresa de Cantalicio ascienden a 29.015 euros.

Además de las subvenciones y los contratos entre la AACID y la Loyola, la directora de la agencia fichó el año pasado a otra profesora de dicha institución, María José Vázquez de Francisco, docente del área de Economía Aplicada y personal investigador de la universidad jesuita, que fue nombrada jefa de unidad de Planificación y Evaluación de la agencia, en sustitución de una baja de varios meses.

“Coincidencias y todo legal”

Este periódico se ha puesto en contacto con la directora de la AACID, María Luz Ortega Carpio, que ha rehusado hacer declaraciones al respecto. Fuentes de la Consejería de Igualdad, responsable de la agencia, defienden la legalidad de todas las ayudas y contratos asignados, y hablan de “coincidencia” al referirse a las adjudicaciones que benefician a la Loyola y empresas vinculadas a sus profesores.

“Tanto las subvenciones como los contratos son abiertos, públicos y transparentes. En todos los casos se han cubierto los principios de la agencia. La Loyola ha concurrido como otras universidades, unos años ha obtenido más financiación y otros menos. En 2020 no fue la que más dinero recibió y el año pasado fue la que más dinero obtuvo, pero con una diferencia de 4.000 euros respecto a la segunda”, explican desde el departamento de Ruiz. Sobre la relación entre la directora de la agencia y su antigua universidad, beneficiaria de las ayudas y contratos, las mismas fuentes matizan que “es simple coincidencia”. “La Universidad Loyola tiene gente en todas partes. Al ser privada, tiene en su plantilla de profesores a profesionales que no trabajan en exclusiva para ellos, y que tienen derecho a concursar por una licitación pública”. Preguntados por el hecho de que las empresas beneficiarias sean las únicas que se presentaron a las ofertas de la AACID, concluyen: “No hay nada raro, todo está publicado en la web de la agencia”.

Desde la Universidad Loyola explican que “no es casual que la directora de la AACID sea una de nuestras profesoras, porque tiene un perfil profesional muy acreditado en políticas de cooperación y desarrollo, ha trabajado para la agencia estatal y para la Secretaría de Estado de Políticas de Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y su experiencia conecta con el compromiso que tiene la Loyola en esta materia desde hace 30 años”.

El vicerrector de Investigación de la universidad jesuita, Carlos García Alonso, añade que “la Loyola se presenta a convocatorias de proyectos de investigación de concurrencia competitiva cuyos procesos son transparentes y están auditados por agencias habilitadas para ello y entendemos, sin duda, que valorados por comités formados por personas capacitadas y designadas según las normas que la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo tenga establecidas”.