El próximo curso más de 30.000 alumnos andaluces y sus familias tendrán más fácil continuar sus estudios universitarios en los nueve campus públicos de la comunidad gracias a que el Gobierno de Andalucía bonificará hasta el 99% del coste de sus matrículas.
Una vez más, los hechos demuestran que, mientras a algunos se les llena la boca al hablar de patriotismo o de derechos para todos, otros aplican las políticas necesarias para lograr que nadie quede relegado de alcanzar sus objetivos por culpa de su situación económica.
Fueron los gobiernos socialistas de Felipe González, en la década de los 80, los que consiguieron que la universidad pasara de estar al alcance de unos pocos a facilitar el paso a esta educación superior a todas las personas con capacidad y voluntad de seguir sus estudios universitarios.
Gracias a esos gobiernos y con el esfuerzo solidario de toda la sociedad, España consiguió superar un retraso histórico y alcanzar al grupo de países europeos con una mayor proporción de estudiantes universitarios. Ese fue uno de los grandes retos que la socialdemocracia se fijó como objetivo de Estado para nuestro país y que salió adelante junto con la universalidad de la sanidad, las pensiones y la educación no universitaria.
Con los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero se consiguió alcanzar el objetivo previsto en cuanto a porcentaje de titulados superiores en el grupo de edad entre 30 y 34 años.
Pero los gobiernos de la derecha han venido a demostrar que los avances conseguidos pueden ponerse en riesgo con facilidad y que hay que seguir luchando, día a día, por mantener los derechos y profundizar en su desarrollo.
Prueba de ello es que, con el Gobierno de Rajoy se interrumpió bruscamente la mejora alcanzada y miles de personas tuvieron que abandonar sus estudios o ni siquiera pudieron acceder a ellos.
La falta de oportunidades para nuestra juventud, para quienes investigan, para quienes se dedican a la docencia universitaria, ha frustrado las carreras investigadoras de miles de personas y ha obligado al exilio económico a muchos de nuestros jóvenes.
Los socialistas creemos firmemente que en una sociedad basada en el conocimiento, las universidades son y serán aún más en el futuro, un motor por el desarrollo inteligente y sostenible.
Por ello no se pueden poner trabas a las familias y a sus hijas e hijos para que puedan alcanzar los objetivos universitarios que se propongan. Con las medidas puestas en marcha por el Gobierno de Susana Díaz, se blinda la igualdad de oportunidades para todos, con independencia de los ingresos que tengan los que quieren estudiar o sus familias. Y, al tiempo, se premia el esfuerzo, la voluntad y la capacidad para adquirir conocimientos y aprovechar la gran oportunidad que la sociedad en su conjunto pone al alcance de nuestros jóvenes.
Para ofrecer esta, en la práctica, gratuidad de las matrículas, el Gobierno andaluz ha tenido que sortear, una vez más, los obstáculos que el Ejecutivo de Rajoy ha ido poniendo en estos años para dificultar el acceso a la universidad. Y con esta medida, Andalucía se convierte en la comunidad española que más facilidades da para cursar estudios universitarios y se acerca a los países europeos que tienen un modelo casi gratuito como Alemania, Finlandia, Escocia o Austria.
A pesar de la crisis, Andalucía es una de las comunidades autónomas donde menos se han incrementado las tasas universitarias. Y, mientras el Gobierno Rajoy ha recortado en becas e incluso reclama devoluciones a miles de estudiantes, el Gobierno andaluz sigue apostando por la mejora de la educación, en todos los niveles, por el incremento de las becas y, como ahora se demuestra, por las matrículas casi gratuitas como verdadera garantía de la igualdad de oportunidades.
Medidas como estas son las que hacen grande a un país. Porque hacer país no es otra cosa que facilitar la vida de sus habitantes, brindarles las oportunidades, con independencia de su situación económica, y garantizarles oportunidades de futuro. El futuro de un país está en su gente y el acceso al conocimiento es el mejor camino para garantizar un mejor porvenir colectivo.
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