Becas ‘de pueblo’ para alumnos universitarios en apuros
La Ley Wert ha empinado la cuesta que para muchas familias supone el acceso de alguno de sus miembros a una carrera. Recortes en educación, endurecimiento de las condiciones para la obtención de una beca… Si, además, viven fuera de la metrópoli, la situación se complica –cuánto más lejos del campus, peor–. Sumen alojamiento o transporte diario, o ambos. Un puñado de pueblos andaluces intenta poner coto a estas dificultades con ayudas directas a sus alumnos, desde el pago de la matrícula a los desplazamientos.
Matricularse en todas las asignaturas es ciencia ficción en algunos casos. Hay estudiantes que descartan materias y, otros, se resignan a perder el año académico. En la búsqueda de soluciones, de alternativas en plena crisis económica, algún campus amplía sus ayudas sociales (Granada) y otros activan becas de emergencia (Málaga). Incluso, en una suerte de aliento al mecenazgo estudiantil, la rectora de la Universidad de Málaga (UMA) y presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, propuso la creación de una bolsa para captar donaciones de particulares.
Para que estudien “los hijos de los trabajadores”
Entre los pueblos que toman cartas en el asunto están Osuna y La Algaba, en la provincia de Sevilla. El primero aporta 20.000 euros con los que, sostiene la alcaldesa, Rosario Andújar (PSOE), se “pretende que los hijos de los trabajadores no dejen de estudiar por unos requisitos injustos e insolidarios”, en referencia a la reforma educativa. “No superar el umbral económico y obtener el aprobado” son los criterios básicos para optar a la ayuda.
El Ayuntamiento de La Algaba tiene, además de una partida de 6.000 euros para facilitar el pago de tasas, una Ayuda al Transporte de Estudiantes Universitarios del que se benefician 20 alumnos con 245 euros. Y Alameda (Málaga), con el único requisito, explica el alcalde, Juan Lorenzo Pineda (IU), de presentar el justificante “de tener beca el año pasado y la denegación de este”, destina 20.000 euros al pago total de la matrícula.
“Todo lo que sea ayudar a los estudiantes que tengan problemas nos parece bien”, manifiesta Raúl Moreno, portavoz del Consejo de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide. Pero, concreta, esto “no es la solución, es algo paliativo”. El representante estudiantil se queja de que “cada vez haya más gente que se queda fuera” del círculo universitario por unas medidas que el ministerio de Educación, Ciencia y Deporte “toma con la excusa de la crisis” mientras, explicita, “se regala dinero a manos llenas a los bancos o asistimos a escandalosos casos de corrupción”.
En el caso de Alameda, que está a más de 70 kilómetros de Málaga capital y supera los 30 con Antequera y el Centro de Magisterio María Inmaculada, adscrito a la UMA, sus alumnos pueden contarse de manera literal con los dedos de una mano. Y han solicitado una ayuda económica que, desde las arcas municipales, palía el recorte estatal y supone, en más de un caso, el refrendo a un año más de estudios.
“Al límite de si puedo estudiar o no”
Es el caso de Sandra Zambrana (27 años), que retomó los estudios con la idea de labrar los surcos vitales que le pertenecen. Inmersa en la incertidumbre que atenaza a varias generaciones, Sandra afronta el segundo curso de Magisterio de Educación Infantil. El ayuntamiento de su pueblo, Alameda, le ha pagado la matrícula universitaria. Sólo de esta manera puede con los alrededor de 400 euros mensuales que le supone asistir a clase.
Transporte, fotocopias… “Y eso que voy con una amiga que tiene coche y compartimos gastos”, cuenta. Tiene ayuda de su padre (“que es autónomo pero las ventas van cada vez peor”, puntualiza) y de su hermano, que hacen “todo lo posible para que estudie”. Pero “cada vez” les resulta “más complicado”. La crisis, ya saben. Sin algún tipo de ayudas públicas, admite Sandra, “estaría al límite de si puedo estudiar o no”. Este año, por lo pronto, continúa su anhelo de ser maestra.
