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La fiscalía archiva la denuncia de la Sareb contra la CEA por las VPO de Sevilla

"No ha quedado acreditado, en absoluto, que por parte de la fundación se empleara el crédito obtenido de Caja Madrid en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción", dice el fiscal.

Los denunciantes han aceptado con "respeto" la decisión del ministerio público y aclaran que esto no afecta al concurso abierto para que se concluyan las obras y entreguen las llaves.

Fijada para septiembre la vista previa de la demanda por daños y perjuicios de las VPO de la CEA

Casi 600 familias llevan esperando desde 2008 que acaben las obras.

La fiscalía ha archivado la denuncia presentada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y promotora de la promoción Isbylia, en Sevilla, formada por 583 viviendas protegidas que están sin terminar desde 2008. Fuentes de la propia Sareb han confirmado el archivo de esta denuncia, decisión ante la que han mostrado su "máximo respeto".

El decreto de archivo alude a que "no ha quedado acreditado, en absoluto, ni siquiera del informe que acompaña la denuncia que por parte de la fundación se empleara el crédito obtenido de Caja Madrid en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción". La denuncia no puede dar lugar a una investigación a pesar del informe pericial de 135 folios aportado por la Sareb, asegura el fiscal, ya que, entre otras cuestiones, no está acreditado que las constructoras cobraran por obras en la promoción que no hubieran efectuado.

De lo actuado por el ministerio público se desprende que en los contratos de ejecución de obra suscritos entre la fundación y las constructoras "ya se preveía una posible desviación de los costes que podía alcanzar hasta un total del 5% del presupuesto total". Pero "es obvio que no es infrecuente se produzcan desviaciones del costo de las obras", sentencia el fiscal.

"La Sareb ha cumplido con su obligación ciudadana de poner en conocimiento de la fiscalía los hechos que pudieran tener apariencia ilícita", han insistido por su parte los demandantes. También ha precisado que esta decisión "nada tiene que ver con el proceso de concurso necesario de la fundación que instó la Sareb a finales del año pasado" y que es la mejor opción para proteger nuestros intereses, los de los adjudicatarios de las VPO y los de los principales proveedores de la promoción". Por tanto, el concurso necesario se mantiene en sus procedimientos. "Nuestro objetivo final ha sido siempre lograr la finalización de unas obras que llevan paradas desde 2008", han aseverado.

Cabe recordar que el pasado mes de de noviembre, la Sareb instó ante los juzgados de lo mercantil el concurso de acreedores necesario de la fundación. Paralelamente trasladaron a la Fiscalía de Sevilla la documentación relativa a la situación de la fundación que obra en su poder sobre este proyecto. Entendían en su denuncia que "no estaba justificada la utilización de esos fondos para las VPO y había un desfase". Finalmente, la fiscalía no ha apreciado indicio de delito. La Sareb, que es el principal acreedor de la citada fundación, ha tomado esta decisión para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios de las viviendas y los de los proveedores de la promoción, "una vez agotadas todas las vías extrajudiciales posibles" con la deudora para la conclusión de las obras. 

También hay que señalar que, por el hecho de haber dejado colgados a los compradores de estas VPO, el Juzgado de Instrucción número 3 ha citado a declarar en calidad de imputado al ya expresidente de la patronal, Santiago Herrero, y a los que fueran su secretario general, Antonio Carrillo, y vicepresidente Juan Miguel Salas, antes de que se produjera la renovación en la cúpula de la organización en pleno aluvión de sospechas por este caso. Están citdos por un presunto delito continuado de estafa, según la providencia.

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