El Gobierno de PP y Cs amaga con pactar la reforma estatutaria con Adelante Andalucía y Vox y dejar fuera al PSOE
El Consejo de Gobierno andaluz ha manifestado este martes su criterio favorable a la proposición de ley para la reforma del Estatuto de Autonomía registrada la semana pasada por PP y Ciudadanos. Los socios de Gobierno prevén impulsar una reforma estatutaria parcial y exprés para cambiar sólo cuatro artículos de la norma que permitan eliminar los aforamientos que protegen jurídicamente al presidente de la Junta, los consejeros y los 109 diputados del Parlamento andaluz. El proyecto se discutirá en la Cámara en el próximo Pleno, pero la reforma del Estatuto precisa de una mayoría de dos tercios para salir adelante (73 de los 109 diputados). Sin embargo, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha abierto la puerta a buscar el consenso de todos los grupos, excepto del partido mayoritario (PSOE), a quien culpa de impedir la reforma.
La suma de los 26 parlamentarios del PP; 21 de Cs; 17 de Adelante Andalucía y 12 de Vox alcanzarían para modificar el Estatuto de Autonomía sin la connivencia de los socialistas (tres votos por encima de la mayoría cualificada). La advertencia del vicepresidente de la Junta parece un órdago que busca forzar al PSOE a apoyar su reforma. Aunque no termine de materializarse, este escenario hipotético que ha planteado Marín visibiliza la enorme fractura que hay entre dos partidos que hasta hace unos meses eran aliados. Ahora Ciudadanos ha vetado al PSOE como posible socio de Gobierno tras las elecciones generales del 28 de abril, y esa tirantez se reproduce también en la arena política andaluza.
Todos los grupos de la Cámara han manifestado su interés por eliminar los aforamientos, pero los socialistas -que eludieron la reforma en la pasada legislatura, propiciando la ruptura con Cs- quieren enmarcarlo en un pacto nacional, para que no haya inmunidad jurídica de diputados en unas comunidades y en otras no. El PSOE cree que abrir el Estatuto -ley constituyente andaluza- para acometer un cambio tan puntual “no es serio”. Pero hay más: les parece un riesgo iniciar una reforma estatutaria con la participación de Vox, una formación que defiende abiertamente la eliminación del Estado de las Autonomías y la devolución de competencias al Gobierno central. La última reforma del Estatuto andaluz data de 2007, pero nació seis años antes a iniciativa del PSOE, y contó con el consenso de todas las fuerzas, excepto el Partido Andalucista (que años después se extinguiría como formación política). Cs sostiene que no es comparable lo de hoy con lo de entonces, “porque aquello fue un Estatuto nuevo, y esto es cambiar cuatro artículos, para lo que llevamos ya cuatro años”, dice Marín, en referencia al pacto firmado por PSOE y Cs en 2015 en el que se comprometían a eliminar los aforamientos.
Órganos extraparlamentarios
El vicepresidente de la Junta también responsabiliza al grupo de Susana Díaz del bloqueo en la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, como el consejo de Administración de la RTVA, el Consejo Audiovisual, la Cámara de Cuentas o la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz. “Aunque no haya unanimidad, hay un acuerdo de mayoría”, dice Marín.
La dirección de estos órganos de control al Gobierno lleva años caducada y su composición responde a una realidad parlamentaria de hace dos legislaturas, cuando sólo PSOE, PP e IU ocupaban escaños en la Cámara legislativa. En todo el mandato anterior, la falta de acuerdo entre formaciones impidió a los nuevos partidos -Ciudadanos y a Podemos- ocupar puestos de representación en estos órganos. Ahora Marín quiere agilizar la renovación, dando cabida a miembros de Adelante Andalucía y de Vox. La Junta sostiene que son los socialistas quienes frenan ese acuerdo, lo mismo para la reforma estatutaria que para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, por eso este martes ha vinculado ambos escenarios, amenazando al PSOE con dejarle fuera de la negociación.
En todo caso, la suma de todos los grupos excepto los socialistas se antoja compleja. La coalición de Podemos e IU (Adelante Andalucía) difícilmente se prestará a firmar un acuerdo con Vox para repartirse sillones en el consejo de Administración de la RTVA o en la Cámara de Cuentas. Los izquierdistas ni siquiera se avinieron a aceptar un puesto en la Mesa del Parlamento cuando se lo ofreció Ciudadanos, porque consideraron que estaban “blanqueando” a la formación naranja y la dependencia del Gobierno de Juan Manuel Moreno del apoyo de Vox.
El aforamiento es una figura jurídica que protege a los diputados, senadores y miembros del Ejecutivo de ser detenidos o juzgados por un tribunal ordinario (deben ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia o por el Supremo). En Andalucía, la eliminación afectaría al presidente de la Junta, sus consejeros y los 109 diputados de la Cámara legislativa. La supresión de la inmunidad jurídica forma parte del acuerdo de Gobierno PP-Cs, como también lo formó del pacto de los naranjas con el PSOE en la anterior legislativa. Su incumplimiento, de hecho, fue el motivo que alegaron los de Rivera para romper la alianza con los socialistas. La ex presidenta Susana Díaz alegó entonces que la medida era un asunto complejo, que debía abordarse en el conjunto del país, para evitar que hubiera políticos aforados en unas comunidades y en otras no. El PP piensa lo mismo. “La eliminación de los aforamientos no es una prioridad para nuestro partido”, dice el portavoz popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, aunque subraya que cumplirán lo pactado con su socio.
La proposición de ley respeta la inviolabilidad que el Estatuto de Autonomía otorga a los diputados, aún después de haber cesado en su mandato, por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo, pero pone fin a la excepción procesal que impide al juez ordinario tratarlos como cualquier otro ciudadano para dilucidar responsabilidades en ámbitos totalmente desconectados de su responsabilidad política.
