El Gobierno de Andalucía acelera la aprobación de otros tres anteproyectos de ley para su “vendaval legislativo”
Tres compromisos legislativos incluidos en el pacto firmado por el PSOE-A e IU han entrado ya en el consejillo (reunión previa al Consejo de Gobierno) con el objetivo de que puedan salir adelante en los próximas semanas, y por lo menos uno de ellos en este mes de julio. Se trata de anteproyectos para sacar adelante la Ley de Participación, que con toda probabilidad será el que se apruebe en primer lugar después de meses bloqueado; Ley de Movilidad Sostenible; y Ley de Servicios Sociales, que según fuentes de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales “es complicado” que pase por el Consejo de Gobierno antes de las vacaciones de verano. Las dos primeras dependen de la coalición de izquierdas, y la de servicios sociales, del PSOE-A.
Con ello, el Gobierno de Andalucía pretende desastacar su agenda en materia de legislación después de que hasta el momento sólo hayan sido aprobadas por el Parlamento de Andalucía -este mes y por unanimidad- dos de las normas previstas en ese pacto: la Ley de Transparencia y la Ley de Transexualidad. Los dos socios habían prometido que este año se daría salida a la mitad de este compromiso legislativo, lo que estrictamente serían 14 de las 28 leyes incluidas en el pacto. Es más, gráficamente los socios auguraban hace unos meses un “vendaval legislativo” -expresión usada por el portavoz Miguel Ángel Vázquez- en la segunda parte del mandato.
“2014 será el año de las leyes”, corroboró por su parte el vicepresidente Diego Valderas. Con esto en mente, ha sido sobre todo IU la que ha presionado a sus socios para acelerar este cumplimiento, tal y como en reiteradas ocasiones han puesto de manifiesto su portavoz parlamentario José Antonio Castro, con pregunta incluida a la presidenta, Susana Díaz, hace un mes.
En todo caso, se trata de la aprobación de los anteproyectos, por lo que pasará tiempo hasta que, una vez aprobados por el Consejo de Gobierno, lleguen las leyes hasta el Parlamento de Andalucía. De hecho, lo próximo que en teoría llegará para su debate en pleno será la Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo.
Los objetivos de las leyes que ahora entran en cartera son varios. En primer lugar, la Ley de Participación marcará los derechos de la ciudadanía en su relación con la administración y será un complemento a la Ley de Transparencia, de manera que en este paquete sólo quedaría la Ley de Participación Institucional para establecer un marco de mayor implicación de los distintos agentes en las instituciones.
En segundo lugar, la Ley de Servicios Sociales persigue adaptarse a las nuevas circunstancias “derivadas del progresivo envejecimiento de la población, los distintos modelos de familia y de los modos de convivencia, la bolsas de pobreza, las situaciones de dependencia, la inmigración, minorías étnicas, las desigualdades personales o los conflictos y dificultades laborales”, según apuntan desde la Junta de Andalucía.
Por último, la Ley de Movilidad Sostenible pretende incidir en “la defensa de un modelo de ciudad compacta basado en la diversidad social y de usos que favorezca la calidad de vida y la compatibilidad de actividades productivas y residenciales, con unas adecuadas dotaciones de servicios públicos” y sustentado en el fomento del “transporte público y los medios no motorizados”.
