El Gobierno de Andalucía evita valorar la ley del PP-A para limitar mandatos
El Gobierno de Andalucía no se ha pronunciado sobre la única proposición de ley que se verá en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía y que ha sido elevada por el PP-A para modificar la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma y limitar el mandato de los presidentes a un máximo de dos legislaturas. Con ello, el ejecutivo liderado por Susana Díaz ha evitado retratarse sobre el contenido de una propuesta que, si finalmente es tramitada y se aprueba sin cambios, puede dejarla sin opciones de optar a unas nuevas elecciones autonómicas porque asumió la mitad de la pasada legislatura (2012-2015) y lleva ésta (2015-¿2019?).
Hay que partir de que, inmersa como está en plantearse liderar el PSOE y en el futuro ser candidata a unas elecciones generales, es poco probable que Susana Díaz quiera optar a la presidencia de la Junta de Andalucía en los próximos comicios, como tampoco lo es que la proposición de ley, si inicia su tramitación, quede tal y como la ha propuesto el PP-A. “Son inelegibles como presidente o presidenta de la Junta de Andalucía los miembros del Parlamento de Andalucía que hayan ejercido la presidencia de la Junta de Andalucía durante dos legislaturas”, reza textualmente la modificación que proponen los populares sin aclarar situaciones como la presente.
De hecho, varios diputados consultados por este diario han apuntado que lo normal es que se matice “dos legislaturas completas”. En cualquier caso, no podría poner “ocho años”, que es lo que suelen durar dos legislaturas, porque también plantearía contradicciones en situaciones como ésta. ¿Por qué? Susana Díaz lleva año y medio de la pasada legislatura. Si se completa la presente, serían cuatro más, o sea, 5,5 años. En una tercera, estaría ya condicionada a tener que dejarla antes de terminarla si el tope son ocho años.
Es curioso también el devenir de esta proposición de ley registrada por el PP-A el pasado 25 de septiembre. Las proposiciones de ley de los grupos deben ser remitidas para que el Consejo de Gobierno se exprese sobre su tramitación y toma en consideración, lo que ha hecho exhaustivamente desde el inicio de esta legislatura en minoría para el PSOE-A con todas, a excepción de ésta. El reglamento contempla para estos casos que, “transcurridos 15 días sin que el Gobierno de Andalucía se hubiere opuesto expresamente a la misma, la proposición de ley queda en condiciones de ser incluida en el orden del día del pleno” y eso se ha hecho.
Hay que recordar también que, en lo que va de legislatura, el Consejo de Gobierno sólo se ha pronunciado a favor de la toma en consideración de todas las proposiciones de ley del PSOE-A y la de Podemos sobre no discriminación del colectivo Lgtbi que está actualmente en tramitación, pese a que luego los socialistas no la apoyaron en el pleno del Parlamento de Andalucía. Esta vez, el Gobierno de Susana Díaz directamente ha eludido pronunciarse sobre la toma en consideración de esta propuesta del PP-A, con lo que deja toda la pelota en el tejado del grupo del PSOE-A, pero estaría diciendo que no se opone o no quiere oponerse a la norma.
También limitaciones para los consejeros
Por otro lado, hay que apuntar que el texto del PP-A contempla tanto la modificación del artículo 4 para la referida limitación a la presidencia y también del 22 para que no puedan ser designados como titulares de vicepresidencias o de consejerías “aquellos que hayan ostentado estos cargos durante dos legislaturas, salvo que hayan transcurrido cuatro años desde la terminación de su último mandato”. Es decir, vicepresidentes y consejeros sí podrán repetir, si pasan cuatro años en barbecho.
En principio, la limitación de mandatos cuenta también con el beneplácito de todos los grupos. Es más, fue una de las exigencias de C's al PSOE-A para apoyar la investidura de Susana Díaz, si bien las dos formaciones no han priorizado por el momento este compromiso, lo que el PP-A ha aprovechado para adelantarse.
En este sentido, el PP-A ha presentado esta proposición de ley en “el marco del proceso de regeneración democrática que las instituciones están impulsando”. Un marco en el que también incluyó otra para modificar la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, aprobada en el último pleno del Parlamento de Andalucía con los votos a favor también del PSOE-A, Podemos y C's, y la abstención de IU. Otro apunte: dicha proposición de ley sí contó con dictamen del Consejo de Gobierno y fue contrario a su toma en consideración.
Otra cosa es cómo debe hacerse, porque el PP-A ha venido con esta proposición de ley; los socialistas han insistido en varias ocasiones en la necesidad de que para ello se reforme el Estatuto de Autonomía, pero sin necesidad de un referéndum; y C's ha apostado por abordarla en el grupo del trabajo que se ha creado para la reforma de la Ley Electoral de Andalucía.
