El Gobierno andaluz de PP y Cs precipita una rebaja global de impuestos a 72 horas de la campaña de las generales

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha anunciado una “revolución fiscal” a 72 horas del arranque de campaña de las elecciones generales del 28 de abril. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley para recortar todos los tributos cedidos: la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para los familiares directos y cónyuges (una de las grandes promesas electorales del centro derecha); una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF; y una reducción del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados, que beneficiará a autónomos y a las 130.000 familias numerosas que hay en Andalucía en la compra de su vivienda habitual (que no supere los 180.000 euros).

El objetivo, dice el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, es pasar del “infierno fiscal” andaluz al “paraíso fiscal” de la comunidad de Madrid, referente para los populares. La Junta ha presentado como algo inminente una ambiciosa reforma fiscal que, sin embargo, tiene un calendario de aplicación dilatado en el tiempo, de hasta al menos cuatro años. Lo que sí hace el anuncio de este martes es anticipar la campaña electoral de Pablo Casado (PP) y de Albert Rivera (Cs) para las generales. Ambos candidatos llevan semanas recorriendo el país difundiendo que el pacto de Gobierno en Andalucía -sustentado por el apoyo de Vox- es el modelo que quieren implantar en Moncloa.

El decreto ley entrará en vigor el próximo jueves, aunque sólo parcialmente. Algunas de las rebajas de impuestos anunciadas en este paquete fiscal no tendrán efecto hasta pasado un año, por ejemplo, la bajada del IRPF, que afectará al mayor número de personas. El impuesto de la renta sobre personas físicas, que beneficiará a 3,7 millones de andaluces, disminuirá un poco cada año hasta completar el ajuste definitivo en 2023. La primera rebaja se aplicará este año, pero los contribuyentes no lo notarán hasta mayo de 2020, cuando hagan declaración de la renta de este ejercicio. La Junta ha planificado una bajada del IRPF por tramos de menor a mayor renta, reservando el mayor descenso (una rebaja de tres puntos) para las rentas más altas, por encima de los 120.000 euros al año.

El impacto de esta “revolución fiscal” en las arcas públicas rondará los 235 millones de euros, un dinero que “se queda en el bolsillo de los andaluces”, en palabras del consejero de Hacienda, Juan Bravo. Pero esa es la estimación para el final de la legislatura, cuando haya culminado la rebaja completa de todos los tributos. En este ejercicio presupuestario, el coste real del real decreto será de 10,7 millones.

El consejero asegura que la merma de ingresos se compensará por dos vías: la propia actividad de la economía andaluza (con una previsión de crecimiento del 2% del PIB) y una “gestión más eficiente”. En esta idea va implícita toda la carga crítica al anterior Gobierno socialista, a quien reprochan la pérdida de millones de euros por proyectos no ejecutados o por condenas judiciales. “Esta rebaja fiscal nos va a costar este año 17 veces menos que la condena por las obras del Metro de Sevilla [160 millones de euros]”, dice Bravo. “El PSOE ha utilizado una fórmula fiscal durante 37 años y no ha funcionado, que nos dejen hacer otra cosa”, subraya el consejero.

100 primeros días

El titular de Presidencia, Elías Bendodo, ha negado que la presentación anticipada de esta “revolución fiscal” sea electoralista, y justifica su anuncio a tres días de la campaña en que “era uno de los compromisos para los primeros 100 días del Gobierno de cambio”. Los 100 días desde la toma de posesión de los consejeros se cumplen el próximo 2 de mayo, aunque Bendodo ya ha advertido de que adelantarán el balance de los “compromisos cumplidos” al martes 23 de abril, cinco días antes de la cita con las urnas.

La “bajada masiva de impuestos” [BMI fue uno de los lemas de campaña de Moreno] ha sido el caballo de batalla de la derecha y el centro derecha en Andalucía. Pero muchas de las rebajas tributarias anunciadas hoy ya las esbozó el Gobierno socialista de Susana Díaz en la pasada legislatura, a instancias de Ciudadano, entonces su socio de investidura. Díaz abrió la puerta a dos reformas consecutivas del impuesto de sucesiones y donaciones, hasta limitarlo a las herencias de más de un millón de euros. En 2017, tras la primera rebaja fiscal, la recaudación acumulada de este impuesto ascendió a 364,2 millones de euros. En 2018, tras la segunda rebaja fiscal, los ingresos cayeron hasta los 299,3 millones, un 17,8% menos.

El nuevo Ejecutivo andaluz ha continuado por esa senda, bonificando la tasa al 99%, de modo que los potenciales beneficiarios de esta nueva rebaja fiscal son menos. En torno a 10.000 contribuyentes, según la Consejería de Hacienda, y alrededor de 300 familias, según el PSOE. El impacto de esa caída de ingresos para las arcas públicas este año rondará los 38 millones de euros, una suma inferior a la que provocaron las dos anteriores reformas aplicadas por el Gobierno de Díaz. Esta cifra se corresponde con el impacto normativo, es decir, bajo el supuesto de que todas las operaciones registradas en un ejercicio se devengasen en el año natural. Pero en el ejercicio 2019, la recaudación del impuesto apenas se verá afectada por la bonificación al 99% debido a que, por un lado, la entrada en vigor tiene lugar pasados unos meses desde el comienzo del año y, por otro, porque el contribuyente tiene un plazo de seis meses (desde el fallecimiento de un familiar) para liquidar voluntariamente la carga fiscal por su herencia (30 días en caso de donación en vida) y otros seis meses de prórroga. De modo que la caída de ingresos real rondará los 18 millones este año, según hacienda. La previsión de recaudación total por este impuesto se situaría en 266,5 millones de euros.

Críticas de Podemos e IU al PSOE

Ahora los socialistas, en la oposición, reprochan a la Junta que “gobierne para los suyos, las 300 familias millonarias de Andalucía”, a costa de recortar servicios públicos a las clases media y baja: “privatización de servicios sanitarios, aumento del precio público de las plazas de guarderías...”. La denuncia del PSOE ha sido duramente vilipendiada tanto desde la derecha como desde la izquierda. El PP y Ciudadanos afean a Díaz que hable de recortes en el gasto social, cuando “la mala gestión de la Junta costará hasta 700 millones de euros a los andaluces por condenas judiciales”. “Sólo por la sentencia del Metro de Sevilla vamos a pagar 160 millones de euros. ¿Cuántos hospitales se construyen con ese dinero?”, repite machaconamente Moreno a modo de ejemplo. Desde el otro flanco, Podemos e IU se muestran indignados al oír a Susana Díaz quejarse de la eliminación del impuesto a los ricos. “Ella fue quien abrió la puerta con dos rebajas de la tasa de sucesiones y donaciones al sellar su alianza con Cs”, dice la formación morada.

A pesar de todo, el debate sobre la rebaja fiscal es precipitado. PP y Ciudadanos llevan tres meses anunciando la medida, se presentó en el primer Consejo de Gobierno, se volvió a anunciar hace dos semanas, y se aprueba este martes en una nueva reunión del Ejecutivo autonómico, justo a las puertas de la campaña electoral. Sin embargo, si mañana una mujer andaluza recibe una herencia de su padre valorada en más de un millón de euros, seguirá teniendo que abonar el impuesto de donaciones. El Gobierno andaluz ha aprobado esta rebaja fiscal por decreto ley -igual que las dos anteriores bajadas de impuestos que hizo el Ejecutivo de Díaz-, pero aún tiene que ser validada por el Parlamento, y el próximo Pleno ya no se reúne hasta después de las generales. De ahí que la oposición haya tildado el anuncio de electoralista.