El Gobierno andaluz amplía el aforo de terrazas al 75% y bares al 66% pero relega la reapertura de los colegios a septiembre

Andalucía ha flexibilizado las normas de seguridad contra el coronavirus en el sector de la hostelería a los dos días de asumir la gestión de la fase 3 de la desescalada, pero sigue sin tener un plan de reapertura de los colegios para los 1,6 millones de alumnos que interrumpieron sus clases el pasado mes de marzo.

La oposición al Gobierno de PP y Ciudadanos ha criticado esta “Andalucía a dos velocidades”, con propuestas rápidas e inmediatas para salvar el turismo, pero “lenta de reflejos para salvar la educación”. Todos los sindicatos de profesores han reprochado a la Junta que haya postergado la vuelta a las aulas hasta septiembre, después de que el presidente Juan Manuel Moreno anunciase hace más de un mes la reapertura para el pasado 15 de mayo.

El Consejo de Gobierno andaluz, celebrado este martes en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ha autorizado la ampliación del aforo en las terrazas, que pasan del 50 al 75% de la ocupación en el exterior, y hasta dos tercios en el interior de los bares. La Junta asumió el control del estado de alarma por delegación del Ministerio de Sanidad el pasado lunes, nada más entrar en la fase 3 de la desescalada, y desde entonces ha acelerado planes de apertura de negocios y movilidad interprovincial para reactivar cuanto antes el turismo a las puertas de la temporada de verano.

El comité de expertos sanitarios ha avalado esta decisión y, sin embargo, ha preferido ser más cauto con la apertura de las discotecas, que se posterga hasta dentro de dos semanas, en la llamada vuelta a la normalidad. Sí se abrirán las llamadas discotecas de verano, que son al aire libre, y en las mismas circunstancias que cualquier bar de terraza.

Sin embargo, esta premura por ir ampliando el espacio en los bares y las terrazas no ha tenido un reflejo en el ámbito de la Consejería de Educación, que parece haber descartado un plan de reapertura de los colegios en la fase final del curso escolar, ni siquiera para el regreso a las aulas en el mes de septiembre.

La Junta espera que el Ministerio de Educación apruebe una serie de instrucciones en el Consejo de Ministros de este martes, y a la Conferencia Sectorial entre la ministra y los consejeros de Educación programada para el jueves. Hay comunidades que ya han preparado la vuelta escalonada a la escuela para finalizar el curso, y otras han diseñado planes de reapertura con la entrada de niños en días alternos. La incertidumbre y la cautela es la pauta general en todos los gobiernos regionales, sean del signo político que sean. El portavoz y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha querido ser claro: “Bajo el punto de vista de este Gobierno, la vuelta a las aulas debe ser la misma en toda España, con los mismos criterios. Pero si el Gobierno no asume la decisión de vertebrar el territorio español, la Junta hará su propio planteamiento”.

No ha revelado ese planteamiento, pero sí ha sugerido que la autoridad corresponde al Ministerio de Educación, aunque las competencias en esta materia están delegadas en las comunidades, y la fase 3 de la desescalada ha devuelto a la Junta todas sus funciones, excepto la de movilidad (para la que necesita el permiso de Sanidad). En la comunidad educativa andaluza reina el mismo desconcierto que se percibe en las administraciones. El titular de Educación, Javier Imbroda, ha rechazado las múltiples propuestas de los sindicatos de profesores andaluces, del Ministerio de Educación, e incluso del Consejo Escolar de Andalucía, el órgano que asesora a su departamento.

Todos coinciden en que es necesario el desdoble de los grupos de alumnos para preservar la distancia de seguridad en las aulas, y para ello proponen aumentar la ratio del número de profesores por clase [la ley fija el máximo en 25 niños por cada maestro en Infantil y Primaria y 30 en Secundaria]. Imbroda ha rechazado esta sugerencia por el elevado coste que supondría [CCOO lo cifra en 155 millones de euros extraordinarios al mes]. El Gobierno ha destinado 2.000 millones a las comunidades para amortiguar el impacto que ha tenido la crisis del coronavirus en las escuelas.

Andalucía tiene 1,6 millones de alumnos y 102.000 profesores. El sindicato CCOO calcula que habría que contratar a otros 55.000 docentes para dejar la ratio en 15 alumnos por aula, como sugiere la ministra Isabel Celaá, un escenario “imposible” para la Consejería de Educación, que cuenta con un presupuesto anual de 6.800 millones de euros. El cálculo de CCOO es una simple extrapolación sobre la plantilla existente, que implicaría reclutar a un 50% más de docentes, pero las necesidades educativas no son homologables en todas las escuelas de Andalucía.

El Consejo Escolar también propone usar espacios comunes en los colegios como aulas provisionales, y éste punto sí es más complejo, porque no depende sólo de un aumento presupuestario. Muchas infraestructuras educativas andaluzas son viejas, algunas tienen más de 40 años, y no cuentan con espacio disponible para desdoblar los grupos. La Junta también ha descartado la adquisición de caracolas o aulas prefabricadas o la escolarización escalonada de alumnos, con grupos menores en días alternos.

En cambio, la Junta sí ha aprobado un protocolo para regular la seguridad en la antigua Selectividad. La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en Andalucía se realizará los días 7, 8 y 9 de julio en aulas con un tercio del aforo y con mascarillas higiénicas para estudiantes, profesores, vigilantes de exámenes y personal de los centros.

La Selectividad requiere este año del despliegue de un excepcional y complejo dispositivo de seguridad y protección por el Covid-19. Se prevé que este curso se presentarán unos 53.000 estudiantes. El documento aprobado por el Consejo de Gobierno recoge una serie de consideraciones generales de prevención, así como recomendaciones de higiene relativas a las sedes, a la actividad en sí y a los aspirantes. Entre las instrucciones concretas relacionadas con las instalaciones, se marca reducir la capacidad de las aulas a un tercio, con el máximo de distanciamiento posible entre los estudiantes.

Para el caso de clases con bancadas escalonadas, y cuando sea posible, se aconseja dejar una fila intermedia vacía y situar los alumnos en forma de W respecto a la fila anterior y posterior ocupada. Además, plantea la posibilidad de que en cada jornada los alumnos ocupen la misma mesa y aula en los diferentes exámenes del día.