El Ayuntamiento de Granada se queda sin presupuesto para dar cobertura básica a familias con dificultades

La pandemia del coronavirus se está cebando con el área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada. Fuentes de la Concejalía dicen que la hucha está casi vacía y que quienes necesitan ayudas del Consistorio apenas las reciben y si llegan lo hacen con poco dinero. Como ejemplo, señalan, el programa que se aprobó en el verano de 2020, dentro del plan de emergencia contra la Covid-19, para tarjetas prepago con las que familias en dificultades puedan comprar bienes de primera necesidad. Su presupuesto está tan mermado que podría agotarse en apenas dos meses, según alertan desde Derechos Sociales. Algo que reconoce el Consistorio, aunque con matices.

Los datos desvelan que el Ayuntamiento de Granada no tiene apenas dinero para cumplir en lo que queda de 2021 con esta medida que anunció hace menos de un año. En julio de 2020, el concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas (Ciudadanos), puso en marcha estas tarjetas destinadas a cubrir necesidades básicas de familias en riesgo de exclusión social. Ya entonces, la partida presupuestaria era baja porque esta ayuda suponía, en ese momento, 50 euros al mes por cada miembro de una unidad familiar. Una cuantía que ahora ni siquiera podría alcanzarse por falta de recursos.

La última partida destinada para las tarjetas de 340.000 euros es la que pone en jaque este programa y al área de Derechos Sociales. Según los trabajadores que gestionan estas ayudas, actualmente hay más de 1.800 familias que necesitan este soporte, por lo que, si se divide la cantidad disponible entre todas ellas, apenas recibirán 190 euros hasta final de año. Es decir, poco más de 30 euros sin tener en cuenta que esa cifra es solo una media y que habría familias que recibirían incluso menos dinero. Este hecho, unido a que los empleados de Derechos Sociales están “desbordados” porque falta plantilla y hay una avalancha de peticiones de ayudas derivadas de la pandemia, ha llevado a los trabajadores a pedir la dimisión del concejal Huertas y de su homólogo en la Concejalía de Personal, Francisco Fuentes (Partido Popular).

Improvisación

El hecho de que el Ayuntamiento de Granada se haya quedado sin presupuesto para ayudar a los ciudadanos es solo la punta del iceberg de las protestas de quienes trabajan en Derechos Sociales. Dicen que los problemas no son nuevos, que se han agravado por la pandemia y alegan una gestión tan deficitaria del área que necesitan encontrar una solución antes de que las familias se queden sin recursos. Admiten que es cierto que el Consistorio ha puesto en marcha programas para ayudar a las personas con dificultades, pero que la improvisación y la falta de una hoja de ruta hacen que los trabajadores consideren todo como un “parche”.

Además, las formas empleadas por el Ayuntamiento de Granada no gustan a los empleados municipales de Derechos Sociales que se sienten ninguneados. Virtudes Olvera, presidenta de la Junta de Personal del Consistorio, cuenta a este medio que el concejal del área, José Antonio Huertas, tras anunciar la partida de 340.000 euros para las tarjetas y ante la pregunta de las directoras de los centros de ayuda de Granada de cómo iban a poder ayudar a las familias con tan poco dinero, el edil les dijo: “Eso es lo que hay. Vosotras veréis”.

Las cuentas no salen. Olvera recuerda que con ese presupuesto se van a ver obligados a “reducir el importe de las tarjetas o pagarlas durante menos tiempo para que la gente reciba algo más. Cualquiera de las dos opciones es mala”. Por otro lado, la presidenta de la Junta de Personal cree que el Ayuntamiento no se está gestionando bien y que parte de la situación se explica por las tensiones políticas que hay dentro del equipo de Gobierno por lo que pudiera pasar en un eventual cambio de alcalde si se produjera una alternancia en el bipartito de Ciudadanos y Partido Popular.

“Aquí tenemos una marejada muy grave que nos afecta a los trabajadores y es el asunto político. Huertas está aislado porque es de Ciudadanos y ahora, con el supuesto ”2+2“, más. Además, tiene mala relación con Francisco Fuentes, que es del Partido Popular. Ni se tratan, ni se llevan y la plantilla es la que sufre las consecuencias”, dice Virtudes Olvera. “Vemos que se está invirtiendo el poco dinero que hay en la Concejalía de Seguridad Ciudadana para ampliar la plantilla de la Policía Local o para crear un Gran Hermano que vigile a los ciudadanos. Hay dinero para lo que quieren”.

Además del problema presupuestario, la plantilla que atiende a las familias vulnerables está en una situación crítica porque, dicen, falta personal. Fernando Jiménez, trabajador social del Consistorio, asegura que en su área se sienten “el patito feo” porque están desbordados ante el aumento de la demanda de los ciudadanos y desde el Ayuntamiento de Granada no se hace nada por ayudarles.

Trabajadores estresados

“Los trabajadores arrastramos un desgaste físico y psicológico muy grande por tener que enfrentarnos a situaciones muy duras a diario”. Ya han convocado varias reuniones con el concejal de Personal y con el de Derechos Sociales para trasladarle que necesitan más plantilla, pero están siendo víctimas de un acuerdo de 2018 que obliga a amortizar las plazas de quienes se jubilan, aumentando los puestos temporales y disminuyendo el personal fijo que pueda darles soporte.

Jiménez tiene claro que para el Ayuntamiento “los pobres no interesan”. Sostiene que “hoy por hoy existe una batería de ayudas del Ayuntamiento y una serie de parches que les ofrecemos a las familias, pero la realidad es que todo es transitorio y temporal”. Como falta personal para atender a quienes reclaman ayudas dice que a diario tienen que enfrentarse “a 20 o 30 personas que vienen desesperadas”. Por si fuera poco, los plazos y los procedimientos se eternizan. “A veces, las ayudas económicas que les pedimos pueden tardar 8 meses en concederse”.

El trabajador social asegura que, desde su área, se está “peleando” por acabar con todos estos problemas, pero su preocupación va más allá sobre todo en asuntos como las tarjetas prepago y su escaso presupuesto: “Estamos hablando de familias que no están en el Caribe o tomándose cubatas. ¿Qué hacemos? ¿Recortamos el dinero que les damos? ¿En vez de 50 euros, les damos 25, 18? ¿Cómo lo hacemos? ¿Acortamos el tiempo de uso?”.

La situación es “difícil”

Con todo, la falta de recursos del Ayuntamiento de Granada no es una realidad que le sea ajena al edil de Derechos Sociales, José Antonio Huertas. En declaraciones a eldiario.es Andalucía reconoce que el Consistorio está en una situación “difícil”. Evita valorar si es “justa o injusta” la petición de dimisión que le han hecho los trabajadores del área, porque dice que trabaja a diario para ofrecer soluciones. “En la reunión de directoras de los centros de Servicios Sociales ellas mismas me dijeron que nunca habían tenido tantos programas a los que derivar a las personas”.

Sin embargo, Huertas reconoce que falta presupuesto para las llamadas tarjetas prepago, pero aspira a lograr más financiación para ese programa. A pesar de eso, el edil dice al ritmo al que se reparten “duran bastante más. Nos hemos encontrado familias que nos han devuelto el dinero tras encontrar trabajo”. Niega que el ingreso por unidad familiar sea de unos 30 euros porque dice que dividir los 340.000 euros entre los 1.800 domicilios necesitados es injusto. Por el contrario, recuerda que en un año se han invertido 1,7 millones de euros en el programa de tarjetas. Es decir, alrededor de 1.000 euros de media anual por familia. A su vez, culpa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de no pagar lo comprometido para paliar los efectos de la crisis: “Nos debe 26 millones de euros”.

Sobre la falta de personal, sostiene que en 2019 había 205 trabajadores y ahora hay 270. No obstante, fuentes de la plantilla explican que ese incremento se ha producido, sobre todo, con personas que hacen funciones muy específicas según los programas por los que son contratados. Por lo tanto, no son soporte para los trabajadores sociales que se dedican a gestionar el grueso de las ayudas. Al mismo tiempo, el edil desmiente que haya problemas políticos en el equipo de Gobierno que afecten al incremento del número de trabajadores: “Cada concejal delegado tiene sus áreas. Entiendo al de Personal porque si no tiene disponibilidad, pues no la tiene. Por mucho que yo me ponga en cruz delante de él”.

Por último, Huertas se defiende enumerando la lista de proyectos que se han puesto en marcha y que dependen de asociaciones o entidades solidarias. “Estamos disponiendo los recursos que tenemos y los que no hemos tenido”.