Guerrero defiende que el sistema de los ERE era “legal” y que la Junta actuó “igual que el Estado”

Nunca imaginó Javier Guerrero cómo se desarrollarían los acontecimientos. En 2011, cuando una mañana tomaba café en la Cafetería Coliseo de Sevilla, junto al Palacio de San Telmo, sede de la Junta, un abogado (del PP, para más señas, y sorprendido de la escena) le 'entregaba' a la justicia tras alertar a la policía judicial de que en aquel lugar se encontraba el ya entonces exdirector de Trabajo (1999-2008), luego principal imputado en el caso ERE. Hasta ese momento, el juzgado dirigido por la jueza Alaya no había conseguido entregarle la citación judicial al no encontrar su domicilio. Después de aquello, declaró dos veces, y dos veces le enviaron a prisión preventiva. Este miércoles no han ido a buscarle, sino que ha sido él quien ha acudido a declarar, más de dos años y medio después de la última ocasión, para presentar nuevos argumentos en su defensa.

Y los argumentos han sido, prinicipalmente y ante medio centenar de abogados, los anunciados el día previo por este periódico: que las ayudas sociolaborales de los ERE eran legales, que eran ayudas discrecionales, que no recibió presiones de ningún tipo, que tenían el visto bueno del interventor general y que requerían “los mismos requisitos, concurencias y publicidades” que usaba el Ministerio.

“La Junta ha actuado exactamente igual que el Estado”, ha comentado a la salida su abogado, Fernando de Pablo, insistiendo en que “la legalidad es la misma que ha funcionado a nivel estatal”. ¿Por qué ahora? “Ahora nos dejan hablar, antes sólo se nos permitía responder a preguntas muy concretas”, comentaba el letrado en referencia a la anterior instructora, Mercedes Alaya. “Esta vez nos han dejado hablar”, ha dicho su abogado. Guerrero, más prudente, comentaba “hemos hablado cositas, con tranquilidad, y bueno, vamos poniendo las cosas en su sitio”.

Otra novedad a la que se ha referido Guerrero es una reunión que él mantuvo en 2005 con los viceconsejeros de Hacienda y Empleo de entonces (Carmen Martínez Aguayo y Agustín Barberá), el director de presupuestos (Antonio Lozano) y el interventor general (Manuel Gómez). En aquel encuentro se dijo que “se siguiera con el mismo sistema de ayudas”, ha comentado la defensa y el propio Guerrero, quien ha llegado a señalar que “allí nadie puso pegas”. Su actuación en concreto, la de la Consejería de Empleo y el controvertido sistema de transferencias de finaciación por el que se concedían las ayudas fueron avalados en aquella reunión, sobre todo, por Martínez Aguayo, según la declaración del exdirector de Trabajo.

Guerrero ha hecho referencia a las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 y a que permitían el sistema de concesión directa de ayudas, ha negado la presencia de intrusos y ha comentado que se trataba de un sistema pactado y canalizado por Junta y sindicatos, según han indicado a los periodistas fuentes de los abogados presentes en la declaración judicial. “Se podía haber regulado de otra manera, pero las ayudas eran discrecionales”, añadiendo que “cada negociación para cada ayuda era distinta”, ha dicho Guerrero, según estas fuentes. El argumento no es del todo nuevo. Ya el expresidente Manuel Chaves dijo en la comisión de investigación parlamentaria, en septiembre de 2012, que el procedimiento era “legal” a pesar de que tenía un “amplio margen de discrecionalidad”.

Las acusaciones mantiene que el sistema al que aluder Guerrero no es igual que el practicado por el Ministerio, y lamentan que exista un “pacto entre las defensas” para presentar este nuevo planteamiento, también reprochado por los peritos de la Intervención General del Estado. Guerrero ha comentado que habría advertido a sus superiores de ciertos desfases económicos en las ayudas pero que “sus superiores se lo permitían”, según añaden las fuentes que ha dicho el exalto cargo imputado en las dos horas aproximadas de declaración.