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La Acampada Dignidad se acoge al uso social del Rey Heredia y pide al juez que archive el caso

Los últimos seis imputados de la Acampada Dignidad por la ocupación del colegio Rey Heredia han declarado ante el juez y solicitan el archivo del caso.

Los activistas destacan el "uso social" de las actividades que se desarrollan en el centro ocupado, tal y como reconoció un informe de la Policía Nacional solicitado por el juez.

Los imputados ven similitud entre este caso y el de La Madreña en Asturias, donde un juez ha visto adecuada la ocupación de un edificio por su uso social y ha archivado el caso.

Los últimos seis imputados de la Acampada Dignidad reciben el apoyo ciudadano a las puertas de los juzgados de Córdoba.

Los últimos seis imputados de la Acampada Dignidad reciben el apoyo ciudadano a las puertas de los juzgados de Córdoba.

Los últimos seis miembros de la Acampada Dignidad imputados por la ocupación del colegio Rey Heredia en Córdoba han prestado declaración ante el juez este lunes y han solicitado el archivo de la causa basándose en el "uso social" que se le ha dado al inmueble, abandonado desde 2011 y que ahora alberga actividades de colectivos sociales y vecinos.

Los seis activistas, que se suman a las ocho primeras personas que entraron el colegio el pasado 4 de octubre y que también fueron imputadas por el juez, han reiterado que la ocupación del centro "nunca fue para quedarnos con él, no es un robo" ni se emplea como vivienda, sino que en el centro se vienen desarrollando decenas de actividades sociales como clases de apoyo para menores y adultos sin recursos, la cocina abierta y el comedor social por donde pasan cien personas a diario, la emisora Radio Dignidad, un punto de información sociolaboral, acciones de terapia psicológica contra los efectos de la crisis y reuniones de colectivos sociales y vecinales de la ciudad.

Así, han querido trasladarle al juez que "un posible desalojo del Rey Heredia lo sufriría ahora mucha gente", ha señalado el portavoz de la Acampada Dignidad, Rafael Juan, uno de los seis activistas que este lunes han prestado declaración en los juzgados, donde un centenar de personas –entre ellos el ex alcalde de Córdoba Julio Anguita- les han mostrado su apoyo.

"Hemos vuelto a ser personas"

"El Rey Heredia se ocupó ante la necesidad de la gente y los oídos sordos que hacía el Ayuntamiento", ha explicado su portavoz. "Hemos conseguido atender sus problemas, más allá de dar de comer a cien personas todos los días o que sus hijos puedan estudiar allí por las tardes, les hemos escuchado y dado apoyo cuando no encuentran un trabajo y no ven salida en la situación que vivimos. Hemos vuelto a ser personas, nos dice mucha gente que es usuaria del centro".

En su opinión, "habría una gran preocupación y eso sí sería un gran problema si esas personas ahora tuvieran que volver a su situación anterior", si el juez decidiese el desalojo del centro tras la denuncia que el Ayuntamiento de Córdoba presentó por usurpación del edificio.

Estos seis activistas fueron imputados por el juez al ser identificados por la Policía Nacional cuando los agentes se desplazaron al colegio para elaborar un informe sobre la situación y actividad del centro a petición del magistrado. "Nosotros no somos responsables", han explicado. "Estábamos allí de turno, como podían estar otras 400 personas que a diario pasan por el colegio", dice Rafael Juan al explicar que el Rey Heredia "funciona en asamblea, todo se decide entre todos y no hay responsables".

Junto a su declaración, los activistas han dado a conocer al juez las más de 500 autoinculpaciones hechas por ciudadanos en apoyo a la actividad desarrollada en el colegio que, junto a sus firmas, se han fotografiado como en una ficha policial con el cartel 'Yo también ocupo el Rey Heredia'.

Similitud con un reciente caso archivado en Asturias

Además de en sus propios argumentos, los imputados basan su petición al juez para que archive la causa en un caso similar ocurrido recientemente en Asturias, donde un juez acaba de ordenar el archivo del caso de la ocupación de un edificio, La Madreña, por "su uso social" y dado que "se están realizando actividades para fines sociales en beneficio de la comunidad y que lo hace de modo adecuado, sin causar daño o desperfecto alguno e impide que otro lo haga, tal y como sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado"

La similitud con ese caso se da, a juicio de los activistas del Rey Heredia, tanto por el usos ocial que se le ha dado al colegio como por el cuidado del edificio, cuestiones ambas reconocidas además en el informe que realizó la Policía Nacional a instancias del juez y en el que se avalaba el "uso eminentemente social" dado al centro cordobés

Dicho informe policial detalla, además, los "servicios" de comedor social, educativos, radio y punto de información que se ofrecen en el Rey Heredia y abunda, en un aparatado específico, acerca del "estado del inmueble", sobre el que se señala que, "de lo observado" por los agentes en su visita al colegio, se aprecia que "los interiores (…) se encuentran pintados y con un mantenimiento acorde a unas dependencias habitadas y cuidadas", que se corresponden con las zonas habilitadas por la Acampada Dignidad para las distintas actividades que allí tienen lugar, mientras que el exterior del edificio mantiene "grietas y desconchones" propios del abandono en el que estaba el inmueble.

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