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La Policía avala en su informe el “uso eminentemente social” del colegio ocupado por la Acampada Dignidad

Concentración en los juzgados de Córdoba en apoyo a los imputados de la Acampada Dignidad.

Carmen Reina

La Policía Nacional ha remitido al titular del Juzgado de

Instrucción Número 4 de Córdoba el informe que éste solicitó sobre el colegio Rey

Heredia, ocupado desde octubre por la Acampada Dignidad con el objetivo de dar cabida

allí a actividades de colectivos sociales y vecinos. Según consta en dicho informe, que fue realizado tras la visita de

dos agentes al citado colegio, la Policía constata que “a la vista de las

distintas dependencias, elementos de mobiliario y materiales diversos observados

(…) al inmueble parece ser que se le está dando un uso eminentemente social“.

Sobre ese uso social, el informe ofrece detalles de los “servicios”

que se estarían prestando en el centro y los enumera. Así, cita en primer lugar:

“Comedor social: al que acuden diariamente entre ochenta y cien personas”, sobre el que explica que “se

abastece principalmente de donaciones de comerciantes de la zona y

particulares“.

Junto a ello, señalan el uso educativo que la Acampada

Dignidad le está dando al colegio: “Se están impartiendo clases de apoyo desde

nivel de primaria a bachillerato, a niños y niñas que lo necesitan y acuden“ y

cifran en sesenta el número de menores que acuden a dichas clases. “También

están dando clases de inglés y alemán, cursos de informática (existe un aula

con ordenadores), talleres de música (instrumentos y lenguaje musical)“.

Sobre el uso del colegio Rey Heredia como “Punto de

Información“, el informe señala que se realiza ”sobre temas laborales, sociales

y familiares“. Y añade que también se ofrecen ”charlas sobre asuntos de índole

político-social“.

El documento enviado al juez por la Policía cita también la “Biblioteca” creada por la Acampada Dignidad en el colegio Rey Heredia con 3.000

libros, así como la “Radio Comunitaria, Ludoteca y Huerto” que se referencian

en ese listado de “servicios” prestados en el centro.

Estado del inmueble: interiores cuidados

Otro apartado del informe se dedica al “estado del inmueble”,

sobre el que se señala que, “de lo observado” por los agentes en su visita al

colegio, se aprecia que el exterior del edificio y el patio “presentan grietas

y desconchones, muros sin enlucir y orificios propios de un inmueble antiguo y

sin apenas mantenimiento“, que se corresponden con los dos años en que el

centro ha permanecido cerrado y en desuso.

Sin embargo, los agentes aprecian que “los interiores por el

contrario se encuentran pintados y con un mantenimiento acorde a unas

dependencias habitadas y cuidadas“, que se corresponden con las zonas

habilitadas por la Acampada Dignidad para las distintas actividades que allí

tienen lugar.

En concreto, el informe policial señala que “las

dependencias más utilizadas son el comedor, aulas y salas de recreo infantil,

baños y cocina“, sobre las que destaca que ”presentan aparentemente un estado

normal de conservación e higiene, teniendo en cuenta la edad de la construcción“

(el colegio data de 1918). Y j

unto a este informe, la Policía hizo entrega al juez

de un “reportaje fotográfico realizado en las dependencias y exteriores” del

centro.

Asimismo, en la visita que realizó la Policía al colegio Rey

Heredia para elaborar este informe solicitado por el juez, los agentes

identificaron a seis personas como “responsables de la gestión del inmueble”

que se encontraban allí “en el momento de practicar la inspección policial” y

que, indican, “asumieron ser responsables de las tareas o áreas” de trabajo en

el centro.

Esas seis personas identificadas entonces fueron

posteriormente imputadas por el juez que lleva el caso y han sido citadas a

declarar el próximo 7 de abril. Se unen así a los ocho imputados anteriores que

fueron las primeras ocho personas en entrar el 4 de octubre de 2013 al colegio

Rey Heredia y que ya declararon ante el juez tras la denuncia interpuesta por

el Ayuntamiento de Córdoba por un presunto delito de usurpación del inmueble.

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